Una decisión funesta
Hay dos problemas muy serios en el Ecuador: primero el poco respeto a la ley y, segundo la escasa comprensión de los principios que gobiernan una economía sana. Los dos se nutren de esa actitud enfermiza.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 135 estipula de manera taxativa la iniciativa exclusiva del presidente de la República para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país.
Sin embargo, la Corte Constitucional al tratar la objeción total de inconstitucionalidad del presidente a la reforma de la reforma de la Ley Orgánica de Educación intercultural (Caso 2-22-OP), por mayoría de votos resolvió rechazarla (con el voto salvado del Dr. Herrería) omitiendo el tratamiento del contenido del artículo antes citado que, no ofrece duda alguna sobre su alcance para, sobre la base de una serie de razonamientos de procedimiento acusar al Ejecutivo de falta de colaboración; de opinar que como Corte pueden asumir la facultad de reemplazar al presidente y declarar que la ley cuestionada si tiene fuentes de financiamiento ( el petróleo y la reforma tributaria última); pero, que hay una postura radical del gobierno que la desconoce, como si la Corte tendría, entre sus deberes además, auditar o fiscalizar las decisiones propias de otra función del Estado.
Con esta resolución, la Corte acabó con el contenido del Art. 135 de la Constitución y abrió el camino para evadirlo de la manera más flagrante. De aquí en adelante, cualquier sector puede conseguir que la Asamblea derogue un impuesto o aumente gastos, para que la Corte use este procedimiento y maneje a su gusto la política fiscal.
No se discute la razonabilidad de los pedidos salariales sino la burla cometida con las normas Constitucionales para atenderlos, pues no existe iniciativa del presidente ni hay financiamiento real sino sólo apreciaciones carentes de sustento técnico que desbaratan el equilibrio fiscal.
Colaboración
Diario El Comercio
27 de mayo del 2022