Inquietudes nacionales
Con la entrada en vigor de la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley, ¿qué oportunidades se perdieron en el debate legislativo para perfeccionar esa norma?
La democracia descansa en el funcionamiento responsable de las distintas instituciones encargadas de cumplir con una función específica dentro de la organización del Estado. De su transparencia en la toma de decisiones y de la estricta aplicación y respeto de la ética. Sin estas virtualidades el sistema político pierde su armonía y deja huellas de su incompetencia que, con el tiempo conspiran con su propia existencia.
Lo que ocurrió en la sesión final de tratamiento de la reforma tributaria cuando la Asamblea fue incapaz de tomar una decisión y dejó que el proyecto presentado por el ejecutivo entre en vigor, ratifica la incapacidad de ejercer sus facultades de una forma constructiva con el interés de la colectividad.
No hay excusa que explique o justifique lo hecho, pues tenía a su disposición un informe de mayoría, que con sus naturales falencias, ofrecía al pleno un camino de tratamiento del proyecto. El país perdió entonces la riqueza de una discusión argumentada sobre los temas que los tenía sobre la mesa. La Asamblea podía contribuir al perfeccionamiento del proyecto, que en buena parte había sido discutido con representantes del ejecutivo y, según lo que se pudo conocer, tenía aportes que lo validaban.
Es razonable suponer que las comisiones legislativas cuando analizan un proyecto por encargo precisamente del organismo, hacen el trabajo deliberativo de todo el conjunto de planteamientos y llevan sus recomendaciones al pleno que, sin perder su capacidad de reflexión y decisión, cuenta con los elementos escenciales para cumplir la tarea que la Constitución le asigna en estos casos.
Pues bien, en esta ocasión se negó a hacerlo y dio paso a que el proyecto se convierta en ley de la República. Con todo este análisis político, no se quiere expresar la inconveniencia sobre el contenido de la nueva ley, que mas allá de las legítimas discrepancias evidenciadas durante los treinta días de discusión pública, busca cubrir un importante problema de las finanzas públicas y de otros campos del quehacer económico.
El debate y la búsqueda de acuerdos son la sustancia de la democracia. Su exclusión la desdice. Por eso, la madurez y consistencia en la evaluación permanente de la marcha del Estado exige a todos (personas e instituciones) una actitud constructiva de búsqueda de salidas compartidas aunque ellas no sean del completo agrado de las partes.
El Gobierno asegura que la reforma tributaria le garantiza la ejecución del programa económico. ¿Cómo asegurar que los recursos que se generan por esta nueva ley se utilicen adecuadamente y, en lo que resta de administración, no se aplique la misma fórmula para financiar el déficit?
La razonabilidad de las propuestas planteadas por el ejecutivo frente a la realidad de la economía, en especial en el campo fiscal, tienen sustento. No son medidas que agradan pues implican costos para ciertos estamentos de la sociedad (especialmente de mayores ingresos), pero son la consecuencia de muchos años de retos a la prudencia, la sensatez, la consistencia de la política fiscal que le pasa la factura al país.
La duda sobre el cumplimiento del compromiso por parte del gobierno y de las demás instituciones públicas, de manejar no sólo estos recursos sino todos los encargados por las personas y empresas privadas, tiene razón por la historia de tanto devaneo político con sus responsabilidades económicas. Sin embargo, la propia realidad que ha llevado a las cuentas fiscales a un punto tal que no le permite seguir por esa senda que deja a los que vienen el problema de sus irresponsabilidades, más la voluntad de un programa del ejecutivo que contiene un compromiso internacional, es una puerta a la esperanza por la recuperación de los principios de responsabilidad y honestidad en el manejo de esos recursos.
Todo esto no le quita un ápice a la responsabilidad de la sociedad, de sus organismos privados, de los dirigentes de cumplir con el papel de ser observadores críticos permanentes sobre las labores diarias de toda la organización pública. En buena medida, cuando los gobiernos sienten que hay un país vigilante de su actuación, cuida que su gestión sea eficiente.
¿La ley publicada en el Registro Oficial frena la senda del crecimiento económico, por una eventual ralentización del consumo de los hogares?
No veo razón para que esto ocurra, pues los tributos creados o modificados están dirigidos a un grupo limitado. La gran mayoría de ecuatorianos o residentes estan excluídos de las nuevas cargas tributarias, incluso hay productos de consumo general que han sido excluídos del pago del IVA. Aún más, la mayoría de las contribuciones son transitorias y, los permanentes, por el cambio en la tabla de impuesto a la renta, se pagan a partir del año 2023. En conjunto no llegan al 1% del PIB anual en el 2022 y 2023 y a partir de ahí producen el 0.6% del PIB.
Uno de los temas críticos que se ha evidenciado con esta reforma es el número reducido de contribuyentes personales con ingresos de 2.000 dólares mensuales o más (270.000), que a todas luces demuestra la existencia de un verdadero boquerón de evasores.¿Alguien puede entender porqué se venden más de 100.000 vehículos livianos nuevos cada año, si los que pueden pagarlos son tan pocos?
¿Cuánto ayuda al Gobierno la reforma tributaria para financiar la pro forma 2022?
Según los datos oficiales, el déficit del Presupuesto del Estado se reduciría en casi el 0.9% del PIB y podría quedar en el 2.4%, con lo cual la situación de todo el sector público no financiero ofrecería un superávit.
Colaboración
Diario El Comercio
04 /12/2021