Inquietudes nacionales
El incremento del empleo y la construcción de una economía menos dependiente del Estado hasta el 2025 propone el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo hacer viable ese objetivo?
Es indiscutible que para poder crecer sana y sostenidamente es indispensable reordenar las finanzas públicas, devolverlas a un nivel que sea compatible con la capacidad de pago de las actividades privadas, a la par que busque optimizar la calidad del gasto público ofreciendo mejores servicios.
En ese plano, el Estado deja de ser una amenaza para la estabilidad y se convierte en un socio del crecimiento por su conducta armoniosa con la generación de valor, producto de unas actividades privadas que se sienten seguras, con un horizonte razonablemente bueno o previsible.
En el mundo moderno, los países con resultados exitosos son precisamente aquellos que lograron sintonizar esta combinación de conductas entre los dos grandes actores: el Estado y la Sociedad. El respeto mutuo, así como el equilibrio en sus poderes les lleva a un nivel de convivencia que cultiva o defiende la libertad, los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.
Bajo esa realidad, las probabilidades de conseguir tasas de crecimiento que permitan, con el tiempo, resolver los problemas y ofrecer mejores condiciones de vida, son mas altas y por lo tanto deben ser las buscadas.
Entonces, plantear que descanse en los hombros de la gestión privada la responsabilidad de crear empleo luce lógica, pues está preparada para ello. Es o debe ser su vocación principal, para lo cual es obvio que los instrumentos que regulen las relaciones entre el capital y el trabajo contengan normas objetivas que tengan su soporte en el balance entre los derechos de los trabajadores y la productividad requerida para sostener una producción competitiva.
Si el peso de esa nueva hoja de ruta recae más en el sector privado, ¿qué acciones se deben emprender para promover mayor competitividad y productividad en las empresas?
Precisamente para conseguir esos resultados, todos los frentes de la política económica deben tener muy claro que sus decisiones son por un lado u otro, parte de ese objetivo. No hay campo en la economía que esté eximido de los efectos en este tema. Por lo tanto, lo primero es tener una política económica muy cohesionada, coherente, que transmita ese propósito, pues de él depende el objetivo más importante, cual es el de la creación de empleo formal, estable, seguro.
Dicho esto, la reflexión que siempre deberá estar en agenda de decisiones es:”con la propuesta en discusión, es posible mejorar las condiciones de funcionalidad de todo el andamiaje privado” Si la respuesta es positiva, vale ponerla en vigencia o defender su necesidad.
Por supuesto, existen muchos temas que pueden entrar en un interregno de debate que amerite un esclarecimiento de su verdadero impacto y, ahí cabe el análisis objetivo que mire al tema con la suficiente objetividad para recomendar lo que sea pertinente. Aquí desaparece el dogma, la ideología y da paso al reconocimiento de la funcionalidad económica.
Por eso es que hoy más que escuelas puras de pensamiento económico, lo que se discute es la consistencia de la o las medidas con los propósitos de sostener una economía que funcione, resuelva problemas y genere una riqueza mejor distribuida.
En el contexto de la generación de más empleo, ¿cómo lograr un punto de equilibrio entre las aspiraciones de los empleadores y de los trabajadores?
Lo más importante dentro de la relación laboral-empresarial es aceptar con convencimiento que las dos partes son socios del mejoramiento en las condiciones de vida y la obtención de un producto que le sirve a la sociedad. Nada saca el empresario sin una buena relación con el trabajador o peor sin su presencia. Del otro lado, de que le sirve al trabajador no tener con quien trabajar y hacerlo de una forma productiva. Los dos se necesitan y deben convivir en armonía, sabiendo que un trabajador contento, que escala, se prepara es vital para tener una producción competitiva, al igual que el trabajador debe estar consciente que si su labor no es adecuada, el futuro desaparece.
Si esto se lo tiene claro, es indiscutible que las pretensiones de cada parte deben estar condicionadas a ese mundo de generación de productos que tiene limitaciones, que trae consigo los retos de la competencia y la necesidad permanente de mejorar de forma continua.
Si se entiende esa realidad, la normativa debe ser amplia al marcar la cancha de la relación, con reglas que respeten la dignidad humana y generen un marco de derechos y responsabilidades muy equilibrado. Aquí otra vez, los dogmas (de lado y lado) no son bienvenidos.
El Gobierno sostiene que, con base en los ejes del Plan de Desarrollo, sus inversiones se concentrarán en salud y educación. Sin embargo, sector como el agroalimentario, dependen de la inversión estatal. ¿Cómo superar esta limitación?
Atender a los sectores sociales es la función primordial del gobierno y todo el sector público. Ahí está su responsabilidad mayor, pues de la calidad de estos servicios va a depender la calidad de seres humanos que tendrá el país en términos de capacitación o formación profesional. Aún más, en el mundo del conocimiento, sin esta gestión, el Ecuador estaría condenado a vivir en condiciones precarias. Por lo tanto, conseguir que estos servicios se los ofrezca en terminos de calidad es la tarea que compete hacerla.
Por supuesto, estas obligaciones no son incompatibles con aquellas de vigencia temporal u ocasional, como la mencionada en la pregunta o, la omitida que si es vital cual es la de la seguridad social de la cual pocos se acuerdan.
Colaboración
Diario El Comercio
25 /09/2021