Inquietudes nacionales

¿Cuál es la lectura que tiene sobre las negociaciones del Ecuador con el FMI?


El Acuerdo con el FMI era esperado interna e internacionalmente por el valor del mensaje sobre el programa económico del gobierno y el país que ha sido analizado por el multilateral y puede ser considerado como creible, viable, que debe ser apoyado.

Marca una política fiscal y pública que se compromete dentro de ciertos parámetros y busca ser calificada como ordenada. Fundamentalmente esclarece el panorama de corto plazo, confirma una visión de recuperación de los equilibrios macroeconómicos básicos a mediano plazo, que en conjunto le ofrece financiamiento y permite abrir las puertas de otras fuentes crediticias que mantienen condiciones de pago blandas.

El Acuerdo ahora “reestructurado” es singularmente relevante-especialmente en términos políticos- por la seriedad que demuestra el gobierno con todo el entorno internacional al dar continuidad, con los cambios necesarios, de un convenio contraído por la anterior adminstración. Mantiene el plazo original y el monto con el cual fue concebido. Por lo tanto cubre este y el próximo año.

Por lo pronto, los equipos técnicos del Ecuador y del FMI han justificado el cumplimiento de las metas correspondientes a los dos primeros trimestres de este año. Tan pronto el Directorio apruebe la Reestructuración del Acuerdo, se desembosaran 800 millones de dólares, lo cual podría ocurrir en los primeros días de octubre. Luego habrá que esperar la evaluación de la tercera meta que podría traer 700 millones adicionales antes de fin de año.

Un poderosa razón de la aprobación ha sido el cumplimiento del programa de vacunación que se comprometió el gobierno. Ayuda, el mejor precio del petróleo y la recuperación de las recaudaciones tributarias, así como la voluntad de introducir medidas de “política económica verde”

Tienen capítulo especial dos temas sensibles: la mitigación de los daños sociales (desempleo, subempleo, desnutrición infantil, marginalidad rural) y, el enfrentamiento a la corrupción y el lavado de dinero. De ahí que, su aplicación estará supeditada al eficiente y duro control del gasto inutil que existe así como a las contribuciones solidarias de los estratos de ingresos superiores. Ahí calza la reforma económica de la que tanto se ha hablado y deberá ser presentada a la Asamblea para su trámite constitucional.

Si las cosas van bien, para el próximo año, la situación de todo el sector público no financiero (SPNF) podría ser de equilibrio global, mientras el déficit del Presupuesto del Estado podría oscilar alrededor del 2.1% del PIB.

En términos de crecimiento para este año sigue el pronóstico cercano al 3%, pero para el 2022 mejoró notablemente con una tasa del 3.5%. Obviamente, en un ambiente de credibilidad, las espectativas mejoran y contribuyen a dinamizar las decisiones privadas que a la final se convierten en resultados de empleo y crecimiento superiores por lo cual, esta estimación podría ser rebasada.

Si se confirma el acuerdo con el FMI, ¿cómo se pueden canalizar los compromisos asumidos con ese organismo?


La mayoría de las decisiones corresponden al poder ejecutivo. Sin embargo, las reformas estructurales requieren la comprensión y el apoyo de la Asamblea Nacional, que no son temas menores por la trascendencia que llevan en su seno para buscar soluciones a planes tan vitales como la reforma tributaria, la laboral (que no es una condición incluída, pero es necesaria), la de lucha contra la corrupción.

Reconocer que algunas políticas públicas dejaron de ser convenientes o están pasadas de moda y hay necesidad de armonizarlas con el mundo actual es un imperativo cuya solución descansa en la capacidad de la dirigencia política de cumplir sus responsabilidades.

El mejoramiento de las condiciones de vida de los estratos de menores oportunidades e ingresos dependen de ello. Así podrán asegurar calidad en la formación educativa, nutrición infantil adecuada y sistema de salud eficiente, conjugadas con políticas económicas que luchen contra la marginalidad, el subempleo, en fin contra todo tipo de pobreza.

No son temas de importancia marginal los vinculados con la corrupción, el lavado del dinero y el narcotráfico. Ahí el trabajo se concentra en conseguir la existencia de instituciones fuertes, con respaldo político claro y definido, que dispongan armas legales para actuar con prontitud.

De un tiempo a esta parte han tomado preminencia, sin dejar de cuidar los equilibrios macro, los aspectos relacionados con la equidad, el ambiente y la ética, que ahora forman parte del cuadro de compromisos contractuales asumidos por el gobierno. En otras palabras imponer “calidad” al gasto

¿La consulta popular anunciada por el Ejecutivo es la única salida para impulsar las reformas económicas?


Más bien estaría dirigida a plantear reformas a la Constitución que eliminen facultades deformativas de los principios que configuran una sociedad democrática. El caso del Consejo de Participación Ciudadana es uno de ellos.

Supongo que en esa línea se plantearán otros cambios que le den una mejor configuración a los pesos y contrapesos del poder político.

Puede ser, aunque esto si es pura elucubración, que ante una actitud cerrada de la Asamblea de no tramitar proyectos del Ejecutivo o entorpecer los compromisos políticos que le llevaron al gobierno a ganar las elecciones le obligue considerar el uso de las facultades que la Constitución le otorga para utilizar este instrumento de consulta pública. Sería lamentable llegar a esa situación de conflictidad política, ciertamente poco recomendable para el país pues de ella podría sobrevenir hechos de enorme perjuicio colectivo.

Colaboración

Diario El Comercio

11 de septiembre del 2021