Inquietudes nacionales
¿Qué viabilidad política tiene una ley tributaria. Cuáles debieran ser los principales objetivos?
Hay varios problemas evidentes en las cuentas fiscales: primero un déficit global elevado que ha creado una vez más el problema del estrangulamiento devenido por el servicio de una deuda pública muy alta y cara. Segundo, existe una estructura de gastos desordenado, sin mayores prioridades que demuestra ser por lo menos ineficiente en la atención de sus objetivos primordiales: calidad de la educación, calidad de la salud, consistencia de los planes de atención de los estratos marginales. Tercero, los ingresos tributarios y no tributarios que involucran a las tasas y contribuciones no sólo que son insuficientes sino que no tienen una estructura que lleve un claro mensaje a la sociedad de lo que se desea promover y que se quiere desestimular. Es un amasijo de normas que no cumplen con los principios fundamentales de generalidad, progresividad, equidad, simplicidad.
En ese marco, la reforma tributaria tiene un sitio destacado que debe formar parte de otras decisiones simultáneas o coetáneas que resuelvan los demás problemas diagnosticados en el mundo fiscal y cuyo objetivo debería ser el de contribuir a consolidar una situación de la caja fiscal que deje de ser una amenaza permanente a las actividades privadas, a la estabilidad económica, a la propia dolarización, al empleo y, en su lugar se convierta en el socio confiable de un horizonte previsible de oportunidades para que la inversión recupere el protagonismo del crecimiento en un ambiente de mayor comprensión entre el trabajo y el capital.
¿Es factible que la Asamblea apruebe la llamada Ley Orgánica de Oportunidades para generar empleo sin reformar el Código de Trabajo como ha dicho el ministro del ramo y los dirigentes del FUT?
Debería serlo si los que conforman esa importante función del Estado asumen con responsabilidad sus obligaciones para cambiar la negra perspectiva del empleo pleno hacia una que acometa con decisión la formalización de muchas actividades que hoy se llevan a la práctica de manera reñida con las normas de la sociedad.
Están claros los indicadores del mercado laboral: casi todos atestiguan una realidad dura, injusta, mayoritariamente informal, con fuerte carga excluyente a jóvenes y mujeres. Hoy, son minoría los que se cobijan bajo las leyes y disfrutan de sus protecciones y beneficios, configurando con ironía una “clase de trabajadores privilegiados”, cuando su denominación debería desechar esa discriminatoria y excluyente calificación.
Cerca del treinta por ciento de la población que quiere trabajar lo ha conseguido. Todos los demás, o no tienen ingreso o lo que consiguen es algo que no les satisface sus necesidades y, en conjunto están desprotegidos de la “red de bienestar pública”, que mal o bien existe y en algo cubren las angustias que de tiempo en tiempo se presentan a lo largo de la vida. Así están las cosas. Conforman una realidad crónica que debe ser remediada.
Está más que comprobado que el Estado no es ni está preparado para ser un agente directo de contrataciòn de mano de obra. No le corresponde, ni lo que emprende, con rarísimas excepciones, se sostiene por su propio esfuerzo. Es el sector privado el que lo hace con naturalidad y duración, pero para ello requiere de normas consistentes con los indicadores de eficiencia y competitividad que exige el mundo interrelacionado. Por lo tanto, la idea de construir un esquema de régimen laboral, con disposiciones legales que cuiden del trabajador eficiente, de su preparación, de su futuro y de una empresa que lo sienta como su socio estratégico y no un adversario, es o debería ser la base para atraer nuevos emprendimientos.
Por lo tanto, los derechos establecidos en el código actual deberían mantenerse para toda esa colectividad minoritaria, quienes podrían tener la posibilidad de decidir con absoluta libertad la conveniencia de acogerse a las nuevas reglas laborales, mientras todos aquellos que hoy están marginados serían el gran objetivo de esta reforma hacia su incorporación al mundo formal.
En lo conceptual este conjunto de reglas no pueden desproteger al trabajador asi como no pueden cargar las tintas a la empresa. Deberían configurar una línea de política laboral equilibrada que sea el anzuelo de la inversión privada y un mecanismo promotor del empleo pleno, seguro. El mundo ha cambiado tanto que este proyecto debe ser un instrumento que consolide la dolarización y repare a tanta gente que vive al margen de toda normatividad.
La sentencia a favor de Perenco obliga al Ecuador a pagar una millonaria indemnización. ¿Se vendrán otros fallos parecidos por litigios con empresas petroleras?
No lo se, pero lo que si está muy claro es que los desafíos nacionales a las reglas contractuales son muy caros y terminan de esta manera. No se trata de acusar a la Procuraduría de este resultado. Es el producto de la irresponsabilidad política que cree que puede hacer tabla rasa de las obligaciones contraídas. Ahora, el Estado además de negociar un plan de pagos, debe emprender en acciones legales de repetición contra los autores de este daño.
El Ministro de Finanzas dijo que replanteará en agosto las condiciones del acuerdo con el FMI, a juicio, ¿cuáles son los temas clave?
Sin duda el tema central son las cuentas públicas. La capacidad del Estado de tener un presupuesto equilibrado, sostenible, con mucha atención en los problemas sociales en un ambiente deteriorado por la pandemia y una situación humana dolorosa que requiere de comprensión y priorización en su solución. Debe ser flexible y dar tiempo para corregir los problemas.
Colaboración
Diario El Comercio
19/06/2021