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Inquietudes nacionales

¿Cómo evaluar la baja en la proyección del crecimiento económico proyectada para 2021 y sus efectos?


Calculos realizados a principios de año tanto por organizaciones públicas nacionales e internacionales e institutos privados ofrecían una perspectiva de crecimiento del 3.5% frente a la histórica caída del 2020 de un poco más del 7%. Sin embargo, el primer trimestre según varias estimaciones preliminares no fue tan bueno como se lo esperaba. El propio proceso electoral trajo resultados que conmovieron a la colectividad económica cuya respuesta fue la paralización de muchas decisiones de inversión. Simultáneamente esas expectativas ralentizaron el consumo privado, al cual se sumaron nuevas disposiciones de restricción en la movilidad ciudadana con las lógicas secuelas en la dinámica corriente de la sociedad que se visualizan en la reducción del indicador de participación del empleo pleno. En la parte pública, el gasto de gobierno no contó con el financiamiento internacional previsto aun cuando el mercado petrolero dio signos de recuperación que no pudieron ser aprovechados a plenitud por las restricciones de producción derivadas del estrangulamiento financiero fiscal.


Producto de lo dicho, parecería ser que el resultado de caida del PIB del primer trimestre en términos interanuales podría estar entre el 5.7% y el 6.5% (es decir comparado con igual período del 2020, que para recordarlo sólo estuvo influenciado por la pandemia los 15 días finales del mes de marzo). Con estas cifras de arranque, resulta muy dificil predecir el mismo crecimiento de inicios de año pues la recuperación que debería producirse en los tres trimestres restantes rebasa cualquier presuncion razonable de cumplimiento. Sin embargo, para estar claros, los datos que se espera de estos trimestres tendrán signo positivo y el mes de marzo ya da señales de estar en esa línea. En ventas los resultados son alentadores.


De ahí que, el Banco Central haya modificado sus previsiones y colocado el 2,8% como nueva referencia de crecimiento, mientras el FMI lo ubica en el 2.5% y Cordes por ejemplo prefiere posesionarlo en el 2.1%.


Al mirar intersectorialmente, la agricultura (en su conceptualización amplia) sería la gran excepción con una tendencia sostenida de crecimiento que lo llevaría a estar por encima de los niveles previos a la paralización económica, en tanto que el comercio y la manufactura estarían en camino de recuperar el nivel del año 2019. Construcción, alojamiento, restaurantes, transporte, demuestran mejores indicadores pero están lejos de sus puntos de arranque. Hay mucho por hacer y, si la política colabora con la política económica, los resultados empezarán a ser visualizados a partir del 2022.


Una vez establecidos los parámetros de la deuda y el déficit, ¿qué acciones debe emprender el Gobierno para afrontar este problema?


Toda la información fiscal confirma la precariedad en la que vive la caja del gobierno. Es un tema del dia a dia. Esto no es nada nuevo y no ha cambiado de lo que se conocía en las postrimerías de la tarea del gobierno anterior. Por lo tanto, las líneas generales de gestión están marcadas por esa severa restricción que le lleva a ser muy estricto en la calificación de la urgencia y conveniencia social de los gastos públicos, a la par que cuidar los ingresos ya programados pues no hay espacio para perderlos.


Dificilmente se puede cambiar el rumbo de la política fiscal en un plazo tan corto como el que resta de este año. Es más recomendable y eficiente dedicar el esfuerzo a replantear las bases de la configuración del presupuesto del 2022. Por supuesto, en este tiempo la dedicación de fondo puede encaminarse a preparar todo el andamiaje legal que debe servir de base para la aplicación de decisiones de monetización de activos públicos, sea por la via de la concesión o de la venta, dentro de los cuales debe existir el mensaje de la selección de prioridades en la inversión pública.


Con esa realidad, el uso del endeudamiento calificado que se lo pueda conseguir en términos razonables y para fines que permitan crear rentas para su pago, debe estar en la mira de la política pública.


¿Cómo establecer una táctica frente a los nuevos escenarios del país con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales?


La situación socio política marca una realidad que debe ser muy bien entendida en la configuración de la política económica y su programa de gobierno. Los daños acumulados por la violenta paralización derivada de la pandemia, el cansancio de los diferentes estratos por la falta de un horizonte que permita visualizar metas de mejora en las condiciones de vida, los abusos inescrupulosos de los recursos públicos por funcionarios y empresarios perfectamente identificados, la reivindicación de nuevas aspiraciones colectivas, la profundización de la “desigualdad vertical” o de ingresos, el mal trato o lo que se da en llamar “la desigualdad horizontal, son elementos que configuran esa “delicada estabilidad política”


Con esa mira, la definición de metas económicas y el señalamiento de los instrumentos a utilizar que le corresponde plantear al gobierno y negociar con el FMI, necesita de una flexibilización de objetivos a la par que de la dotación de mas recursos para encaminar las soluciones de este descarrilamiento social y económico. En definitiva, hay que reconocer que el mundo actual dentro del cual el Ecuador interactúa requiere de respiros o apoyos temporales antes de volver a la aplicación de correctivos que restablezcan las bases de una estabilidad sostenible y más que nada rica en la generación de empleo con producción encaminada a los nichos de los mercados internacionales.




Colaboración

Diario El Comercio

05/06/2021

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