Frito

¡Qué fácil es hacer política con dinero ajeno y sin responsabilidad de los nefastos efectos que incuban esas propuestas que salen de los intestinos y no de una reflexión seria! Pues bien, esas iniciativas que buscan ser tan creativas y caen en el ridículo, lamentablemente son contagiosas, proliferan y se convierten en una permanente amenaza para el convivir nacional cuando la sociedad no es capaz de llegar a entendimientos básicos sobre el equilibrio indispensable que debe existir entre los derechos y las obligaciones de todos sus miembros. Entendimiento al que debe acompañarlo el compromiso de cuidar su vigencia por estar convencida que sin ellos ninguna meta solidaria, de equidad, de mejoramiento colectivo no sólo que no es posible alcanzarla, sino que se pervierte al convertirse en un lastre que arroja efectos putrefactos en la vida nacional.

Sí de gastar se trata, en el país existen más de 17 millones de personas listas para proponer formas de hacerlo. Nadie está incapacitado de llevar adelante este tipo de propuestas. Ah, pero si a la iniciativa del gasto se le tiene que acompañar de los mecanismos de financiamiento y la forma de distribuir esa carga, la cosa cambia dramáticamente. Ya no es tan sencillo y ahí si juega la regla de responsabilidad política para sostener propuestas que no sólo ofrezca los caramelos (término acuñado por un estimado colega) sino asuma las agruras propias del ejercicio del poder.

Desde hace años existe la tendencia a multiplicar los derechos ciudadanos a sabiendas que el estado será incapaz de cumplir con ellos, actitud que cae en la definición “corrupción ético-política”. Retórica que además intoxicó la conciencia y alteró la forma de pensar y actuar de muchos que en lugar de buscar en la preparación y el esfuerzo la posibilidad de mejorar la calidad de vida, sólo esperan que la dádiva pública se convierta en su modo de vida.

Al final de sus días, la Asamblea Legislativa anterior hizo honor a esa degradante forma de hacer política y sin pudor aprobó dos leyes infames con el país por sus terribles consecuencias económicas: la de educación intercultural y la de devolución del IVA y los gobiernos seccionales. Lo hizo sin estar facultada, haciendo gala de irresponsabilidad al aumentar los gastos del presupuesto o recortar ciertos ingresos sin importarle quien va a pagar por estas iniciativas, pues no hay dinero para ello. ¡Qué nos importa! ¡Otros se harán cargo del muerto! Gran mensaje de despedida que un país con responsabilidades establecidas ya habría sancionado a sus autores. Ahora, le toca a la Corte Constitucional resolver este terrible entuerto y enterrar los desaguisados pues de otro modo el país estará peor que al inicio de la pandemia. Frito.

Colaboración

Diario El Comercio

25 de junio del 2021