Inquietudes nacionales
¿Cómo debe encarar el Gobierno el diálogo por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
El nuevo acuerdo con el FMI es crucial para reducir la brecha de financiamiento inmediata de la economía (de este año y del 2021), realidad indiscutible que sustenta esta negociación. Es mas, en un horizonte de mediano plazo este vínculo luce necesario e inevitable debido precisamente a ese grave estrangulamiento financiero, fiscal y externo que el país lo conoce desde sus orígenes.
Por lo tanto, el proceso que se encuentra en marcha (cuando se escribe esta columna 27-08-20 no estaba terminado), no debe tardar por el apretado calendario político que limita la capacidad de gestión real del gobierno y, además por las urgencias económicas, todo lo cual exige la elaboración de metas accesibles, que ofrezcan un elevado grado de certeza en su cumplimiento, sin “crear olas” por decisiones controversiales.
En otras palabras, debe ser sencillo, con metas claras que reconozcan las dificultades agravadas por la brusca paralización productiva y la profundización de la ya difícil situación fiscal.
Como se lo ha señalado en anteriores comentarios, no debe contener reformas estructurales que, siendo indispensables, deberán encararse en la siguiente administración, pero si la reglamentación de aquellas que finalmente se las pudo conseguir en la Asamblea Nacional.
El tema central es la determinación del déficit fiscal compatible con las posibilidades reales de obtención de recursos para cubrirlo y, para ese cálculo, deben quedar muy claras las fuentes de recursos ordinarios del presupuesto, así como las normas de control y distribución de un gasto severamente afectado.
¿Podemos esperar nuevos préstamos de los multilaterales, en qué condiciones y en qué dimensión?
Los multilaterales son nuestros mejores socios financieros por las condiciones de largo plazo y bajos intereses de sus empréstitos y, especialmente por la vocación de acompañamiento cuando las circunstancias son difíciles y el país demuestra afán de reconciliación con los principios de una política económica previsible y confiable.
De ahí que, en lo que resta del año y en un plano de visión de mayor plazo, las disponibilidades (de esas instituciones) deberán estar marcadas por la potencialidad máxima que puedan utilizarse en favor de la economía ecuatoriana. ¿Cuánto podrá conseguir el país? Todo lo que sea posible. Así como lo leen: todo. ¿Por qué? La razón es evidente: tomará varios años recuperar los equilibrios macroeconómicos y en ese lapso el endeudamiento seguirá una tendencia creciente. Se producirá, lo que algunos llaman o llamamos “la joroba de camello” de la deuda nacional, que para optimizar su costo debería descansar básicamente (no exclusivamente) en los recursos de estas instituciones.
¿No estamos con el tiempo en contra para afrontar la negociación con los tenedores de bonos, qué hay que hacer?
La negociación está terminada en los términos económicos y financieros. Faltan cumplirse requisitos puntuales como el entendimiento del gobierno con la administración del FMI (a nivel del staff) sobre el nuevo acuerdo de crédito y eso está en camino.
No creo que a los bonistas les interese desarmar la negociación pues esa eventualidad solo les traería pérdidas mayores, incertidumbre superior. Tampoco le conviene al país por su ya delicada situación y la necesidad de reducir el número de frentes con problemas no encaminados.
Mientras se ajusta la economía, ¿cómo pagar sueldos de los empleados públicos?
El agua le llegó a la nariz del presupuesto y ya no tiene casi ningún resquicio para respirar. El camino es bajar ese nivel acuoso, lo cual implica, dadas las restricciones de aumentar ingresos por las cien mil razones ampliamente discutidas, hacerlo mediante reducción del gasto (que lamentablemente profundiza la recesión) y la consecución de créditos realmente “emergentes”. Si el país fuera solidario, lo cual en dos oportunidades ha demostrado no serlo, algunos ingresos podían conseguirse, pero en ese plano la suerte está echada. En fin, lo cierto es que el pago de las obligaciones regulares va a seguir limitada por las disponibilidades de caja y las remuneraciones de los servidores públicos no escapan a esa realidad.
¿Hay tiempo para fusionar Petroecuador y Petrocomercial y hacer alianzas público-privadas para los proyectos hidroeléctricos y otros cambios en la estructura estatal de empresas?
El gobierno informó que para fin de año estará lista esta fusión. De lo que se conoce, trabaja en este tema desde hace mucho más de un año. Formó un equipo dedicado a establecer los detalles del proceso, que debe tener muy encaminado su trabajo. No se conocen los detalles y esa reserva guarda una lógica indiscutible que deberá develarse en el momento de poner en marcha la fusión.
Esta operación ha sido reclamada desde hace muchos años, pues la bifurcación empresarial petrolera es una aberración económica que sólo consiguió incubar costos injustificables para el país. Aquí pasó algo parecido a lo que se vio con la creación del BIESS dentro de la organización de pensiones, que es otra institución que desnaturalizó, más de lo que ya era evidente, el manejo de los ahorros nacionales.
¿Cuáles serán a su modo de ver los principales retos del siguiente gobierno en materia económica y social?
El objetivo clave es recuperar el crecimiento y con el retorno de la confianza, conseguir la reparación de los daños del mercado laboral y de la inversión privada. Parece poco, ¿verdad?, pero es una montaña de singular complejidad cuyos detalles no caben en este espacio pero que han sido comentados en innumerables ocasiones.
Colaboración
Diario El Comercio
29/08/2020