Inquietudes nacionales
¿Qué opina usted sobre los vetos parciales del Ejecutivo a las leyes urgentes que envió a la Asamblea?
¿Será posible conseguir algún día que los dirigentes políticos, laborales y empresariales entiendan que la situación del país es tremendamente grave y no permite equivocaciones? Lo digo porque pensaba contestar la pregunta con la esperanza de tener una política de empleo adecuado, aunque sea transitoria y parcial, que ayude a mitigar los daños laborales (en primer lugar) y los productivos. Pero lo que hizo la Asamblea al modificar el veto presidencial e insistir en el cese total de actividades del empleador para aplicar el despido por fuerza mayor, es destruir lo poco que se quería arreglar en un estado de cosas tan dramático que requiere la comprensión de todos y no el castigo a uno (el empresario que puso su capital en riesgo) por algo que no lo hizo, sino que se le vino encima. Además, queda la norma interpretativa de la “fuerza mayor” en manos de un juez que decidirá en un futuro indeterminado si aquello ocurrió y es imputable.
Incluso el “Acuerdo entre las Partes” tiene complejidades de aplicación, pero algo queda de la idea original y puede servir, especialmente para los contratos de emergencia y el teletrabajo que son dos ventanas que ojalá no terminen también desarreglados.
La enorme lacra de subempleo y desempleo y el fracaso de política laboral concebida hace ochenta años seguirá marcando esta realidad. Creo que poco se podrá conseguir con la reforma pues la idea de liquidar empresas puede germinar ante esta concepción de responsabilidades de la fuerza mayor y ahí, otra vez perderán trabajador y empresario
Esta reforma laboral viene acompañada con reglas menos complicadas para la búsqueda de mecanismos que den continuidad a empresas aproblemadas con la solución de los estrangulamientos financieros, agravados en esta etapa de confinamiento y paralización entre un deudor y sus acreedores, que complementa el cuadro angustioso por el cual transitan muchas unidades productivas como consecuencia de todo el desbarajuste que trajo consigo la pandemia.
En el marco de las finanzas públicas, la otra ley en proceso de aprobación, luego de más de 12 años de la inconsulta e inconveniente y dañina derogatoria de las anteriores reglas macro fiscales, el país vuelve o volverá a tener un conjunto de principios básicos de manejo prudente y responsable de los recursos recibidos de la sociedad. Si aquella derogatoria no hubiera ocurrido, la posibilidad de que todo ese derroche se hiciera realidad habría tenido muy baja posibilidad de convertirse en lo que es: un terrible dolor de cabeza para toda la sociedad.
Esa es la herencia que dejó tal despropósito, aupado por políticos que sabían el daño que hacían pero que les importó un comino. Ahora, el tránsito de recomposición va a ser largo, más de lo que personalmente creo que debería ser pues los períodos de aplicación son generosos en el tiempo necesario para reencauzar la economía y dejan margen para que se mantengan políticas de gasto ineficiente.
Todo el sector público, sin excepción debe tener reglas claras de comportamiento y control de los gastos, que no sólo deben ser los necesarios, sino que deben realizarse con transparencia y bajo un estricto régimen de prioridades. Ninguna entidad debe estar autorizada a tener déficit y en el caso de las empresas es indispensable someterlas a controles permanentes con auditorías externas, obligadas además a publicar sus balances en los tres primeros meses del año, acompañados por el informe del auditor pertinente.
Programar una reducción paulatina del endeudamiento al año 2032 parecería razonable. ¿Cómo lograrlo y cómo comprometer a los futuros gobiernos a respetar dicho plan?
Claro que sí. Para ello es fundamental crear una obligación nacional que convierta a los principios de manejo fiscal ordenado, equilibrado como “Política de Estado”, es decir que vaya más allá de la gestión temporal de cada gobierno. N o hay otra forma de hacerlo que no sea con continuidad, perseverancia, respeto a las normas de prudencia y de responsabilidad fiscal y más que nada social, pues cada vez que se descarrilla el gobierno, los que más pierden son los pobres, pero no son los únicos.
El camino los marca varios compromisos: primero eliminar de raíz cualquier espacio para que existe déficit global. Es más, hasta recuperar el nivel tope de deuda, es necesario tener superávit, sino no hay forma de bajar ese dogal. Segundo, que el gasto fiscal aumente a un ritmo inferior al de la economía con el fin de llevar el tamaño de todo el Estado al punto del cual salió y trajo toda esta descomposición económica. Tercero, sacar todo el petróleo del presupuesto y manejarlo como un fondo de capitalización, que asegure un funcionamiento eficiente de la producción del sector y guarde los excedentes. A este fondo debe enviarse también los recursos de la minería, pues ambas actividades extraen patrimonio público y no pueden servir para gastos corrientes. Cuarto, fijar un tope de los ingresos tributario y de tasas que se dediquen al gasto corriente y la diferencia vaya a la inversión pública.
¿Qué parámetros son los aconsejables en la relación deuda- PIB?
Hay dos versiones: poner un tope a esta relación que, para el Ecuador, según el Banco Mundial es el 30%, pero que es un parámetro cuestionado pues su toxicidad no depende sólo de esa relación sino del destino dado a esos recursos y de las condiciones financieras de la deuda, que habiendo sido contratada en buenos términos si es muy sensible al cambio de ellas por las modificaciones de las condiciones del mercado. Otra, es poner un tope al servicio de intereses en el presupuesto, o si se quiere una combinación de los dos.
Colaboración
Diario El Comercio
20/06/2020