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Inquietudes nacionales

¿Qué expectativas hay sobre la renegociación de la deuda con China?


Intelligence Unit publicación especializada en investigación de la revista The Economist, en una de sus notas del mes pasado presentó los resultados de su estudio sobre el endeudamiento público de los países emergentes y trajo una novedad que se la presentía pero no se tenía evidencia cuantitativa sobre la importancia de China en este campo, cual es la de haberse convertido de largo en el más grande acreedor de las deudas oficiales de estos países, cuyo monto alcanzó, para fines del 2019 los 380 billones de dólares (miles de millones para quienes les gusta la nomenclatura latina), mayor al conjunto de los restantes 19 miembros del G-20. Incluso superior al total de los 22 países que pertenecen al reconocido Club de Paris (algunos de los cuales no forman parte del G-20), que alcanzó a 246 billones.


Es la primera vez que encontramos a China en este papel, pues anteriormente había concentrado sus operaciones de inversión y financiamiento en los mercados de países desarrollados, en especial en los EEUU. Pero, a raíz de la reducción de las tasa de interés a niveles cercanos al cero por ciento, que se inició en la crisis del 2007-08, empezó a buscar nuevas oportunidades y las encontró en estos mercados, con países sedientos de recursos a los cuales les entregó créditos en condiciones financieras muy ventajosas para sus intereses.


A esto se sumó la necesidad de fortalecer lazos políticos y económicos que le aseguren la provisión de materias primas vitales para su industria básica y la consecución de un estatus internacional relevante en el mundo financiero que le dispute al principal jugador mundial.


Ahora China tiene que asumir este nuevo rol reconociendo los profundos cambios en la realidad económica que ha deteriorado la capacidad de pago de los deudores, y requieren un entendimiento bilateral para el encuentro de nuevas condiciones que signifiquen alivio en los pagos, tanto del monto como de los costos, pero que a la vez aseguren la existencia de flujos netos positivos futuros. Es decir, deberá abrir una puerta a estas negociaciones que cumplan primero con el papel y riesgo asumido; y, segundo con su objetivo de mantener ese vínculo de intereses compartidos.


El Ecuador, por lo tanto, como deudor de un poco más de 6 billones, tiene que abrir estas negociaciones y hacerla de una manera que cuide la forma para conseguir el fondo, buscando recursos frescos en condiciones transparentes, mientras transcurre la transición hasta recuperar los equilibrios fiscal y externo.


¿Qué comentarios tiene usted sobre la negociación de los bonos ecuatorianos y las críticas sobre los pagos hechos?


La renegociación de la deuda pública externa está concentrada en las obligaciones derivadas de la colocación de los bonos en el mercado, realizadas desde el gobierno anterior y cuya suma rebasa los 17 billones de dólares. Bonos, cuya calificación de alto riesgo terminó en la denominación de “bonos basura”, se colocaron a compradores interesados en altos rendimientos.


No forman parte de esta renegociación las deudas contraías con gobiernos, multilaterales, proveedores y aquellas financieras especializadas y conocidas como repos y swaps.


La estrategia escogida por el gobierno se sostiene en una premisa fundamental: cuidar que la renegociación no cierre las fuentes de financiamiento futuras tan necesarias para evitar daños inmanejables, para lo cual buscó aplicar el principio de buena fe pagando una cuota de los bonos 2020, cuyo monto alcanzó los 320 millones de dólares a pesar de sus limitadas capacidades de pago, con lo cual confirmó esa actitud que evitó la presencia de acciones hostiles ante los gobiernos de los países cuyos tenedores se encontraban en esa posición, a la par que construía un buen ambiente en los directorios de los multilaterales.


El mercado ya previó este hecho, pues las cotizaciones de este tramo de deuda se mantuvo por encima del 90% hasta la fecha de pago, mientras los demás bonos se derrumbaban por debajo del 40%; y, si se mira en una retrospectiva del año 2019, la trayectoria de este pedazo de deuda es la misma incluso después de los actos vandálicos de octubre.


En lo relativo a los repos y swaps que tienen “garantías privilegiadas” de oro, bonos o de ambos activos, históricamente empezaron a realizarse en el año 2014 y continuó a inicios de este gobierno. Una renegociación abierta tiene el grave riesgo de perder las garantías y ocasionar un daño superior a las cuentas públicas. Aquí no hay otra opción que el pago y rescate de los activos prendados, dejando la lección advertida de no volver a realizarlas, aunque se las hizo por la angustia del fisco ante la dilatación de los ajustes para recuperar el equilibrio perdido.


¿Si en las actuales circunstancias hay países que podrían entrar en default, como Argentina, algo así que significaría para Ecuador?


Para fortuna del Ecuador, más del 90% de los tenedores de bonos aceptaron la petición del gobierno de establecer un período de negociación de los términos con los cuales se emitieron estos instrumentos, aceptando el no pago de los intereses (alrededor de 800 millones) sin aplicar las cláusulas de penalización por incumplimiento unilateral de los contratos. Bonistas y el gobierno acordaron abrir un espacio para buscar el acuerdo hasta mediados de agosto. El país tiene 90 días para lograrlo y superar este reto.


La estrategia permitió mantener abiertas las negociaciones con los organismos internacionales e incluso con China, los repos y swaps cuyos contratos me imagino contienen cláusulas de vencimiento anticipado por eventos de incumplimiento del gobierno.

Colaboración

Diario El Comercio

06/06/2020

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