Inquietudes nacionales
¿Cuál es su opinión sobre las medidas de disminución parcial de sueldos y la jornada laboral al sector público?
Sin duda son parte de un largo proceso de redimensionamiento de todo el sector público que llegó a un tamaño absolutamente incompatible con la capacidad de mantenimiento de la economía privada a esa estructura. No hay forma de sostener semejante tamaño de gasto fiscal pues lo que ha ocurrido con la permisividad demostrada por la sociedad a lo largo de muchos años (más de una década) ha sido desnaturalizar toda la estructura de la economía nacional.
Hoy, el país llegó a su punto final de tolerancia de tanto despilfarro, corrupción e irresponsabilidad en el uso del dinero entregado a todo el Estado por parte de los contribuyentes, que ya ni siquiera alcanza para cubrir los gastos corrientes. Por lo tanto, de aquí en adelante, los esfuerzos fundamentales, aunque no exclusivos, deberán fincarse en la poda profunda de todo tipo gasto, hasta conseguir la focalización de las responsabilidades públicas en los campos estratégicos de protección de la formación integral del ser humano, y en la preservación de la seguridad nacional con el aporte del campo profesional diplomático. Nada más.
Tener ciudadanos con verdadera formación educativa, que sea competitiva, con valores y blindada a la aparición de mesías políticos. Sólo así el país podrá tener un futuro asegurado.
Para lograrlo, tiene que cambiar la visión del papel del Estado en la sociedad. Así de simple y complejo. Dejar de ser un lastre, que ofrece servicios malos que obliga a buscar opciones alternativas privadas a pesar de aplicar una falsa filosofía de “gratuidad” que en lugar de formar seres humanos capaces sólo forja personas de escaso valor productivo y baja competitividad.
En pocos números: la sociedad puede mantener un presupuesto del gobierno de 15 000 millones de dólares, pero tiene un gasto de 24400 millones. Esa diferencia hay que eliminarla pues se “iban” a cubrir con petróleo y deuda y no hay forma de hacerlo. Es más, no se puede contar con ninguna de las dos para gasto corriente. Si algo se obtiene del petróleo debe guardarse para no volver a tener otra situación tan miserable. Desde ya la minería y su aporte no debe repetir lo hecho con el petróleo.
En concreto: el Estado (gobierno y otras funciones y entidades públicas) deben regresar al nivel de gastos que tenían en términos proporcionales en el 2006. Eso requiere tener una mentalidad sobre la organización política, las normas económicas con una visión comprometida con una mejor distribución de oportunidades en base al esfuerzo individual y colectivo.
¿Es posible fusionar en corto plazo instituciones estatales, cerrar empresas estatales y bajar el gasto público?
Debería serlo. Podría usarse el procedimiento que se aplica en las empresas privadas: se ordena la liquidación, entra un especialista en estos procesos, se cierran operaciones y liquidan activos. Con esos valores se pagan obligaciones. Si no alcanza se cubre de acuerdo a las prioridades establecidas.
¿Cómo atenuar la reacción social y las protestas de sectores sindicales, laborales, sociales y políticos?
La crisis es tan evidente que todos los ecuatorianos la sentimos. No escapa nadie a esta situación tan dramática que pone los pelos de punta al más calmado. Ahora bien, si eso no lo ven las dirigencias políticas, sociales, empresariales, habría que preguntarles en qué país viven, porque incluso si piensan en otro, no van a encontrar un espacio en el mundo que esté libre de los daños de la pandemia. Esto, por supuesto no libera al gobierno de tener un buen sistema de comunicación, que es una pata floja de la gestión actual.
¿La liberalización de los precios de los combustibles y la implantación de franjas para posibles subsidios es una medida correcta?
La decisión del gobierno apunta u ofrece ir en esa dirección, pero la atenúa con el sistema de bandas que serán administradas para no tener cambios bruscos si aquello se produce con los precios del petróleo, especialmente el WTI. Por lo tanto, el país sale del sistema rígido de precios fijos hacia uno más flexible que mantendrá, especialmente en el diésel aunque podría también producirse en las gasolinas, subsidios generales por el tiempo (no definido) de aproximación de las bandas a los precios internacionales. En concreto, la decisión va en la dirección correcta, pero para llegar a la meta de precios internacionales, habrá una transición que dependerá de la administración que se aplique a las bandas.
¿Cómo queda el panorama laboral luego de la aprobación de la Ley Humanitaria?
Es una legítima esperanza por iniciar una nueva etapa en las relaciones laborales bajo un régimen que permita crear muchas fuentes de trabajo para tantos marginados o subocupados, que son la gran mayoría de los ecuatorianos que están en edad de trabajar y quieren o necesitan hacerlo. Es un paso que requiere de más cambios para configurar un sistema equilibrado que logre compatibilizar los derechos laborales con las posibilidades reales de funcionalidad empresarial en un plano de alta competitividad. El concepto del “acuerdo entre las partes” requiere regulaciones claras que impidan abusos de lado y lado, con la condición básica de poner la productividad y el riesgo compartido como elementos de una relación con incentivos positivos.
¿Cómo debe afrontar el Gobierno su planteamiento a los multilaterales y el FMI?
El ajuste del gasto en el 4% del PIB que debe ser permanente, la modificación del sistema de precios de los combustibles y las dos reformas estructurales son bases muy sólidas para intensificar los términos de los acuerdos con los multilaterales.