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Inquietudes nacionales

¿Si el país hubiera tendido fondos ahorrados por el petróleo de cuánto estaríamos hablando y hubiesen servido para paliar esta emergencia?


Por supuesto que hubiesen servido. Cuanta falta hacen. Pero, y claro viene el conocido pero, para respetar esos fondos y acumular los excedentes la política económica del período de Correa debía también cuidar los equilibrios macroeconómicos y por lo tanto mantener un gasto público sobrio, eficiente y más que nada transparente que le llevaba además a no incurrir en ese abultado y caro endeudamiento externo. Eso no se dio y por ello hoy la situación es tan mala y delicada que no hay forma de evitar los daños sociales, cuyos indicadores tampoco mejoraron comparativamente con lo ocurrido cuando se cuidaron los compromisos contraídos con la dolarización.


Obviamente, si las normas de ahorro de los excedentes petroleros se mantenían, el Ecuador además de no tener ese dogal de la deuda, dispondría de más de 10 000 millones de dólares en esos “fonditos”, que no es pelo de cochino y serían la boya de mitigación de esta pandemia. Es decir, si el gobierno no habría tenido tanto déficit por el derroche realizado, la deuda pública sería inferior por lo menos al 50% de su valor actual, lo cual significa 34 000 millones. Si sumamos los dos conceptos (¡44 000 millones de dólares!) tenemos una idea del brutal cambio de escenario por el cual transitaría el país de estos días.Pues bien, eso tan criticado en aquellos tiempos de abundancia es lo que hicieron los neoliberales de Perú, Chile y Colombia e incluso los izquierdistas de Uruguay, por lo cual ahora cosechan con su “denostada prudencia” una situación de sana envidia, pues en estos tiempos de confinamiento no sufren las terribles limitaciones de los ecuatorianos.


El daño (un verdadero crimen social) está hecho. Los responsables están perfectamente identificados y, quienes cargan y cargarán con el peso de todo este terrible entramado de descomposición social y económica, lamentablemente somos los que aquí vivimos.



¿Es verdad que este es el único país que carga el peso de la crisis económica en empleados, trabajadores y empresas que dan empleo?


No creo que esa sea la forma objetiva de ver el momento actual. En el país todos hemos perdido. Seguramente habrá excepciones, pero deben ser singulares. La realidad nacional es de pérdida colectiva. Las empresas pierden y seguirán perdiendo según evolucione la economía nacional y mundial. Los trabajadores también la pasaran mal, pero no sólo los privados sino también los públicos pues no hay plata para pagarles y sería un suicidio endeudarse para ello, además de que es legalmente prohibido. Para los jubilados, el horizonte no cambia, lo cual se hará extensivo a los oficiales retirados de FFAA y Policía. El Estado también ha perdido y no poca cosa, pues si los números de algo valen representa el 8% del PIB, cifra astronómica e inédita en la historia nacional.

Con seguridad se multiplicará la informalidad y como no hay ahorro alguno al cual se puede recurrir, pues todo fue arrasado lo que se debe es convenir en un plan de apoyo equilibrado dentro del cual, el gobierno baje el gasto, lo racionalice, lo cual significa hacer lo mismo que hacen muchos empresarios y trabajadores de acordar nuevos términos contractuales, focalizar todos los subsidios, revisar la estructura impositiva, a la par que en el sector privado quienes más tienen demuestren solidaridad directa con los estratos de menores ingresos y las pequeñas o medianas empresas que son centros de empleo intensivo, para con esos recursos evitar más descalabros económicos o bolsas de pobreza mayor.


¿Qué sacrificios hace el Fisco?


Eso tiene que explicar el gobierno. Decirle al país lo que se compromete a poner en vigencia. Cómo lo va a ejecutar para que se pueda medir su cumplimiento. Es algo que toda la sociedad con justa razón reclama pues la dimensión del gasto es una carga insostenible para los sectores que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de las instituciones públicas.

El estado debe repasar la viabilidad de muchas empresas públicas. De institutos e incluso del concepto de gratuidad absoluta de ciertos servicios, en los cuales ésta puede ser calificada por segmentos de ingreso de los ciudadanos o por el tipo de servicios. A manera de ejemplo: en la justicia los litigios económicos entre partes privadas no tienen razón de ser gratuitos o, en reclamaciones económicas contra el Estado (en los arbitrajes pagan honorarios). Igual en las universidades públicas a la cual acceden estudiantes de estratos pudientes que provienen de educación privada. Y, de este tipo de reformas, hay infinidad de posibilidades, con lo cual el Estado realmente cumpliría con su papel activo de verdadero distribuidor social de recursos.


¿Es justo que los trabajadores que han recibido recortes en sus sueldos ahora paguen además impuestos?


La respuesta debería ser no es justo. Pero, la pregunta es capciosa pues induce a mirar los dos hechos como contradictorios e inequitativos y, no siempre pueden ser o son así. Primero porque no conocemos los puntos de partida de esos cambios para llegar a una conclusión objetiva en lugar de arribar a un sofisma. Segundo, porque no la contextualizamos con la situación en la cual se produce ese hecho. Tercero, porque tampoco nos avisa si ello ocurre por igual a todos o es algo diferenciado; y, cuarto porque finalmente no señala la razón de su existencia o el objetivo que busca alcanzar.


¿Pueden las empresas que dan trabajo aportar más con las nuevas contribuciones?


Depende. Unas es posible que lo puedan hacer. Otras no. En las circunstancias actuales si bien casi todas pierden, algunas lo hacen de manera más grave y merecen tratamiento excepcional.


Colaboración

Diario el Comercio

09/05/2020

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© 2020 por Alex C.