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Inquietudes nacionales

¿Qué le parece la negativa de la Asamblea de aprobar la ley urgente planteada por el Gobierno?


El Ecuador continua ofreciendo señales políticas confusas, carentes de consistencia, con grupos políticos que priorizan un potencial y efímero beneficio con actitudes contradictorias a sus postulados que a la final destruyen la indispensable recuperación de la confianza, tan necesaria para cambiar la marcha general de la economía; y, que por todo lo que se conoce, requiere sacrificios colectivos con una carga mayor en los estratos que siendo vitales para la construcción del futuro, deben comprender su obligación de participar de forma temporal en la consecución de los equilibrios económicos fundamentales e irremplazables para la activación de la identidad de empleo e inversión.

El resultado de la negativa está a la vista de todos: pérdida inmediata de credibilidad en los mercados (son la respuesta de lo que piensan acreedores e inversionistas) que se refleja en el violento aumento del riesgo crediticio que había caído al rango de los 700 puntos, rebotó con toda la parafernalia creada en la discusión de la ley a cerca de 800 puntos, que ya es alto e insostenible, a más de 1.400 puntos con su rechazo, lo que significa condiciones tan onerosas (absurdas con la capacidad de pago y la necesidad de refinanciar las obligaciones actuales, pues supone costos superiores al 15% anual) que en la práctica significan el cierre de posibles operaciones con el Ecuador.

La Asamblea se negó a debatir la ley por tramos, que era la alternativa que merecía consideración si buscaba cooperar con la solución de los problemas del país que, dicho sea de paso, con el contenido de la ley se avanzaba en la dirección adecuada, pero no cubría la brecha existente. Era un paso más, de los tantos que deberán darse para recuperar la consistencia y viabilidad de la política económica, que además debe hacerlo si quiere preservar el sistema cambiario en vigencia.


¿Equivocó el Gobierno su estrategia de negociación política para conseguir los votos?


Los resultados así lo dicen. El proyecto era muy largo, además de denso en algunos capítulos, en especial por el contenido monetario que, si bien atendía algunas reformas necesarias (dentro de un conjunto de normas de segundo orden), mantenía propuestas poco funcionales, especialmente en el campo de la arquitectura institucional con potenciales interferencias que sin duda alguna habrían ocasionado serios conflictos de competencia y responsabilidad sobre la regulación y formulación de políticas en este campo.

La existencia de críticas por parte de la Superintendencia de Bancos (muchas de ellas no necesariamente importantes), demostró además la baja coordinación de las entidades públicas.


Muchos analistas criticaron la diversidad de normas que se buscaba modificar y lo extenso del articulado. Su comentario.


La historia moderna en especial aquella vinculada con el tratamiento de las reiteradas crisis por las que ha atravesado el país desde los inicios de los años 80 del siglo pasado, trae numerosos ejemplos de propuestas con iguales contenidos. El problema de fondo no es ese, es el de la valoración objetiva de la importancia de los cambios propuestos; y, ahí sigue prevaleciendo esa, perdón por el calificativo, “pervertida” valoración de los impactos en el capital político que no permite racionalizar las discusiones económicas, pues si se los trataría con esa óptica y se explicara al país la razonabilidad de las decisiones, el Ecuador hace rato que habría abandonado este minado campo de desafío de la coherencia.


¿Cómo debe ser el nuevo proyecto que anuncia el Gobierno?


Ya lo envió. Desechó todo el campo monetario. Modificó la estructura de ciertos impuestos, eliminando por ejemplo aquella disposición que creó urticaria en las operaciones de bienes raíces y se la consideraba como una carga mayor de la plusvalía y no un sustituto de ella que, debería ser el tratamiento correcto como una renta más.

Lo lamentable es la eliminación de todo el capítulo de normas macro fiscales que buscaba disciplinar el gasto de todo el sector público. Esta legislación cambia la conducta de forma permanente y permite controlar los excesos a tiempo. Esperemos que lo envíen tan pronto concluya el tratamiento del actual. Por último, la reforma monetaria debe simplificarse. Corregir las inconsistencias o potenciales disposiciones que pueden crear conflicto de competencia. Tratar sólo lo necesario y no buscar la expedición de todo un nuevo código.


¿Por qué subió riesgo país?


Creo que se contestó en una pregunta anterior. Pero si se desea ampliar un poco más el análisis, podría decirse que la disfuncionalidad política carga con esta responsabilidad, como la tiene en muchas otras crisis.


¿Qué caminos quedan para financiar el déficit fiscal?


No muchos. Volver a tener atrasos e incumplimientos. Es más, si este desentendimiento no tiene corrección, la brecha de financiamiento será mayor ya que los multilaterales que apoyan al programa económico, se retraerán y ampliarán su dimensión. El problema es que no hay solución inmediata. Nadie la tiene y quienes sostienen la necesidad de hacerlo con mayor premura no ofrecen soluciones concretas. Con esto no se quiere decir que la velocidad del ajuste es la correcta, pues hay muchas instituciones que sólo reclaman rentas y no ofrecen cooperación reduciendo el gasto (ejemplo: Gads), pero de ahí a creer que el camino está asfaltado y es de fácil recorrido, es una falacia.

De la crisis sólo se sale con esfuerzo. Con sacrificio y mucho trabajo. Y, en ese plano, no hay sectores que puedan creer que el problema no es con ellos.



Colaboración

Diario El Comercio

23 de noviembre del 2019

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