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Inquietudes nacionales

El Gobierno busca licitar la mejora y administración de la Refinería de Esmeraldas. ¿Que opina usted?


El manejo oficial convirtió a la refinería en botín al punto de ocasionar un derroche-con robo y todo- de más de dos mil millones de dólares de recursos públicos, que a la final no sirvieron para conseguir mejorar la calidad de los productos livianos y la minimización de los residuos.


En su origen esta instalación era motivo de orgullo. UOP y Sumitomo hicieron un trabajo responsable y CEPE, en aquella época la manejaba con técnicos serios y de primera. El tiempo, la falta de supervisión, la politización de la empresa, el ingreso de inescrupulosos (verdaderos gánsteres) con la complicidad de empresarios privados (grupo depredadores de la imagen de la actividad privada), terminaron por postrar a toda la planta industrial.


Ahora toca poner más dinero para arreglarla sin tener la seguridad de que con eso se resuelva semejante embrollo, para dar paso a un manejo eficiente y seguro. La sangre hierve al tratar este tema pues, si bien la idea de contratar una empresa privada con experiencia suficiente tiene lógica y suena consistente con la búsqueda de una solución práctica, quienes llevaron a la refinería a esta situación deben purgar largas penas y perder sus patrimonios mal habidos. La Fiscalía no deberá descansar en acciones en las jurisdicciones que sean para conseguir que el castigo llegue a ser una realidad.


Volviendo al tema de la administración, el concurso cuya invitación a calificarse comienza, deberá ser transparente, con reglas muy precisas, responsabilidades definidas, supervisión y auditorías operativas confiables y costos que demuestren beneficio para el Estado y la comunidad. El tiempo nos dirá cómo avanza.


¿Es viable además construir otra refinería en un sitio distinto, con inversión privada dónde y con qué fin?


No se si sea viable la construcción de otra refinería. En el mundo actual no existe mucho interés privado, pues la capacidad instalada es excesiva y ya se han cerrado muchas plantas. En caso de haberla, me parecería lógico que el sitio escogido sea muy cercano a la actual instalación de refinación en Esmeraldas para aprovechar toda la infraestructura de ductos y terminal de evacuación que existe. Cualquier otra ubicación demandará una inversión sustantivamente mayor, incluso si a alguien se le ocurre utilizar el terreno (donde también se derrocharon y usurparon más de mil millones de dólares) preparado en Manabí.


Aún más, suponiendo que la evaluación determine una rentabilidad atractiva (?), el proyecto deberá tener cláusulas muy precisas en lo relativo a los precios que deberán reconocerse tanto al crudo que se entrega para la refinación como los correspondientes a los derivados, que no serán otros que los vinculados directamente con los vigentes en los mercados internacionales. Es decir, el proyecto se lo llevará adelante bajo principios de “precios de mercado” (cero subsidios), con una tributación que asegure los márgenes. ¿Será posible?


Pienso que el gobierno sabe que esta idea no tiene recorrido, pero la plantea para cerrar este tenebroso capítulo, confirmando la inutilidad de su aplicación.


¿Qué hacer con el subsidio a los combustibles toda vez que la medida anterior no arrojó los resultados numérico-esperados?


Las limitaciones y deformaciones que se ven de la decisión parcial tomada sólo en el campo de la gasolina súper fueron advertidas. La lógica económica lo dijo y la práctica lo confirmó. Pero, a pesar de aquello que tanta crítica ha generado, se debe reconocer la introducción del sistema de precios flexibles a este sólo producto, vinculado con las condiciones del mercado mundial que sirve como modelo de aprendizaje de lo que debería ser, algún momento futuro, el mercado de combustibles en el país.


Lo que corresponde hacer es continuar el proceso. Incluir los demás derivados de manera general y ofrecer un sistema de devolución (subsidio acotado, con montos máximos y tiempo determinado), si se lo quiere implantar a favor de algún conglomerado, en función del consumo real, con controles cuantitativos automáticos diseñados con los sistemas informáticos modernos.



¿Cómo evitar que las reformas tan dilatadas se empaten con el debate del Presupuesto y de otros temas en la Asamblea?


La respuesta la tiene el gobierno nacional. Los ciudadanos, los medios de comunicación, los gremios y demás miembros de la sociedad esperan conocer los términos de las reformas anunciadas. Algo de ellas han salido a la luz, en especial en los campos laboral y tributario, pero no hay certeza de que ese contenido sea adoptado por el ejecutivo.


Muchas decisiones de inversión están suspendidas a la expectativa de conocer la dimensión de los cambios, lo cual conspira con el objetivo central de reactivar el mercado del trabajo y la recuperación del crecimiento.


El trámite en el mundo político ya debe tener algunos compromisos negociados por el gobierno, pues algunos temas requieren una visión de estadistas y no de políticos con mirada miope o de pura conveniencia. Aquí vamos a ver si los grupos políticos son consistentes con la perspectiva de una economía que necesita volverse vigorosa para ofrecer oportunidades (con todos los riesgos propios del quehacer económico en un mundo que cambia todos los días y plantea nuevos paradigmas o mejoras sustantivas en muchos instrumentos tradicionales), pero que sigue sosteniendo a los equilibrios macroeconómicos y a los incentivos como medios de un mejor bienestar. Las apuestas están abiertas.



Colaboración

Diario El Comercio

14 de septiembre del 2019

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