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Asegurar transparencia

En la línea de apoyar toda iniciativa práctica y razonable que enfrente la lacra de la corrupción, son bienvenidas las ideas que ayuden a cerrar todas las puertas que de una u otra forma la permiten, a las cuales algunos, las califican de “giratorias” pues sirven para dejar pasar todo lo que sea.


En ese plano, con el propósito de evitar la manipulación de información, el retardo en su entrega, la no atención de pedidos o la inutilización fraudulenta de los medios digitales que se utilizan para entregarla, vale la pena idear un mecanismo (no burocrático, pues no es necesario) que puede sustentarse en un observatorio ciudadano para que sea el encargado de supervisar el permanente cumplimiento de todas esas disposiciones mediante las cuales se busca acabar con tanta opacidad e instalar sistemas claros de revelación oportuna, mediante delegación legal, si aquello es posible o, a través de convenios que le faculten a llevar a cabo estas responsabilidades, con la atribución explícita (sólo para darle más fuerza) de denunciar a los funcionarios que incumplan sus obligaciones.


Los abogados penalistas podrían ayudar a tipificar el o los delitos y sus penas a fin de viabilizar la constitución de esta fórmula coercitiva de cumplimiento de los mandatos legales de transparencia informativa.


Esto serviría no sólo para la presentación de balances, estados de resultados, informes de auditores, sino también para la publicación de los concursos, licitaciones, contratos (con un valor mínimo reducido, pues por ahí se escapan algunos), concesiones o cualquier otro tipo de figura jurídico-económica que implique afectación directa, potencial o de uso de recursos públicos.


En la Asamblea se tramita, desde hace buen rato un proyecto de enfrentamiento de esta aberración y, también la normativa vinculada con las funciones de la Contraloría, dentro de cuyos contenidos habría que ver la forma de incorporar esta regla para lo cual sería bueno que algún legislador lo haga suya, pues contribuiría a crear mecanismos prácticos de participación ciudadana. Ya se ha visto muchas leyes que nacen como letra muerta. Nadie se empodera de su cumplimiento y con el tiempo pasan a formar parte del montón de fierros viejos jurídicos.


Hay que buscar apoyos colectivos. Compromisos con personas o entidades que no tengan dependencia con el gobierno de turno; estén comprometidos con este enfrentamiento y puedan ejercer la veeduría con responsabilidad y constancia. En realidad, esto debería hacer el CPCCS, pero nunca lo hizo; y, su accionar histórico lo califica para la inmediata desaparición de la institucionalidad pública. Razones sobran. En resumen, el mensaje a los funcionarios públicos responsables debe ser claro y terminante: cumplan la ley o se van presos.


Colaboración

Diario El Comercio

8 de marzo 2019

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© 2020 por Alex C.