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Inquietudes nacionales

¿En este año cual podría ser el balance entre más ingresos por exportaciones de petróleo y más costo de las importaciones de combustible?


La demanda interna de combustibles (diesel y gasolinas) es de 2 600 millones de galones (62 millones de barriles) y 1 100 millones de toneladas de gas (LPG). En los combustibles es necesario importar mas o menos el 50% del consumo y del LPG casi el 100%. El impacto de los nuevos precios podría llegar a 1 000 millones, que no se recuperan por la inflexibilidad interna de los precios.

En las exportaciones el beneficio camina por el orden de los 3 100 millones, con lo cual el impacto bruto favorable una vez compensados los incrementos en los derivados sería de 2 100 millones de dólares, cuya descomposición por beneficiarios ojalá podamos desenredarla para entender mejor la enorme telaraña que existe en el uso de estos recursos.

En otras palabras, el monto de subsidios crece (por demás obvio) y se “come” (algunos son glotones como los que contrabandean o no necesitan) buena parte de los beneficios que el aumento de precios en las exportaciones trae consigo y, podría servir para cualquier objetivo nacional de una prioridad superior. Con estos precios, los subsidios están cerca de los 5 000 millones anuales



¿Cómo bajar las tasas de interés para fomentar la producción y la creación de plazas de trabajo?



Sin desconocer la importancia de este instrumento, en las actuales circunstancias tiene prioridad superior la solución del problema de contracción monetaria que sólo podrá ocurrir cuando el país tenga un flujo positivo neto de capitales que le permitan recuperar, de manera endógena, es decir natural o propia, un nivel de liquidez interna que asegure la oferta de crédito. Caso contrario, la restricción crediticia será inevitable y el efecto contractivo en la economía será más profundo. Ahí, no importa el nivel de las tasa de interés, simplemente no hay dinero disponible para crecer.


¿Qué comparaciones haría de los casos del manejo económico de Venezuela y Argentina?



Son dos mundos totalmente diferentes. Argentina tiene un gobierno democrático, respetuoso, que busca recomponer las relaciones internas y lucha contra una cultura poco apegada al esfuerzo colectivo. Con algunos grupos de presión de cuestionada ética. Que tiene dificultades, pero que las enfrenta con decisión. Hay libertad. Se respeta la opinión ajena. Existe un plan de contingencia que lucha por superar sus amenazas.

Venezuela es todo lo contrario. Es una dictadura, con marcadas señales de profunda corrupción, dedicada a esquilmar los recursos nacionales, con resultados aterradores en las condiciones de vida de la casi totalidad de sus miembros. Allí la gente se muere de hambre. Ya no tienen moneda. El pobre Bolívar es un papelucho que nadie lo quiere. No hay inversión privada. Han perdido casi el 50% de la producción nacional. Es un horror y ofrece un cuadro comparable con la desolación que se ve en pueblos que atravesaron por un conflicto militar.


¿Qué piensa de los cuestionamientos a los débitos bancarios para cobertura de seguros?



La integridad de los fondos entregados a la administración de los intermediarios financieros es un principio universal. Nadie puede disponer de ellos sin contar con la autorización debida. Es más, los canales de venta deben ser los apropiados, pues no deben mezclarse las ventanillas de atención. Por ejemplo, los cajeros automáticos están ahí para facilitar los depósitos o retiro de dinero y no para otras transacciones como las que se comentarán.

Es un derecho de cada persona pedir una explicación de cualquier transacción hecha en sus cuentas y obligación del intermediario atenderla. Pero también es obligación de quien autorizó un débito, cuyo respaldo existe, reconocer su decisión.

En el mundo moderno, los sistemas financieros ampliaron su radio de acción hacia la cobertura de servicios que ayuden a simplificar la vida de sus usuarios. Así nacieron una multiplicidad de opciones, obviamente voluntarias, para quienes desean aprovechar estas facilidades. El pago de servicios básicos, de pensiones escolares, de cuotas provenientes de distintas actividades, de cobertura de televisión por cable, de telefonía celular, en fin de muchas transacciones rutinarias, en lugar de ocupar tiempo de cada uno de los clientes, lo realiza el sistema en conjunción con las empresas que proveen los distintos servicios. Obviamente, hay un cobro por estos servicios, que en el Ecuador está obligatoriamente fijado.

Los seguros voluntarios (pues los hay los obligatorios- en los cuales el cliente puede escoger la compañía de seguros que desee-, como el de desgravamen para créditos hipotecarios) forman parte de este conglomerado de productos que ofrecen los sistemas financieros (por acuerdo libre con las compañías de seguros y bajo un principio de libertad contractual). En este caso, rige también el principio de voluntariedad, es decir de autorización expresa para ponerlo en vigencia, pues el cliente que no desee tenerlo, tiene el derecho de rechazarlo. En estos casos, los oferentes de estos “beneficios” o servicios, deben también exponer las condiciones de los seguros o de las asistencias a fin de que los potenciales usuarios aprecien la bondad de ellos.

De cualquier manera, me parece que el proceso de reclamo es legítimo y también la revisión de todo el sistema (bancos, cooperativas y otros intermediarios) de cumplir con las normas Caso contrario deberán devolver lo indebidamente debitado. Pero, cuidado con utilizar estos casos para perder las facilidades que hoy tiene el país en su sistema de pagos.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

27 de octubre del 2018

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