Inquietudes nacionales
¿Qué puede significar para la economía el alza del precio del petróleo?
Es sin ninguna duda un factor amortiguador de la crisis en su visión financiera, tanto desde el ángulo fiscal como el de balanza de pagos. Es el precio más importante de la canasta de exportaciones que favorece al financiamiento general de la economía y por supuesto reduce la brecha ahorro-inversión, que mitiga la restricción del crecimiento.
En este año, se programó un precio de 42 dólares el barril y el promedio ha sido de 65 dólares, es decir 23 dólares adicionales por cada barril producido, que significa un incremento del 55%.
El país produce cerca de 200 millones de barriles por año, de los cuales 135 millones se los destina a la exportación y la diferencia a la producción interna de derivados. Con el aumento del precio señalado, la balanza de pagos registrará casi 3 100 millones de dólares adicionales por estas exportaciones, que en parte se compensará con el efecto contrario resultante del aumento de precio de los combustibles importados, cuyo monto añadido estaría alrededor de los 1 000 millones, por lo cual el excedente bruto inicial sería de 2 100 millones de dólares (la cifra necesita pulirse por la variaciones ocasionadas en precios de otros productos que importa el país, los impactos en los costos directos de producción, etc.).
Fiscalmente, las cifras van por el mismo camino, pero aquí hay algunos puntos que merecen esclarecerse: el presupuesto recibe un impacto marginal (se piensa que será cercano a los 1 100 millones en todo el año), en especial por la cadena de deudas impagas que se fueron acumulando en este sector y que necesitan regularizarse para asegurar mejores niveles de producción, lo cual lamentablemente no ha podido conseguirse hasta la fecha. Además, debe cubrir los requerimiento de inversión necesarios para mismo propósito.
Distinto es el caso de los organismos seccionales, cuya legislación les permite tener una participación porcentual fija, que lleva en términos de valor a recibir fondos adicionales que les permite realizar una gestión incompatible con la necesaria política de austeridad fiscal nacional.
¿Cómo debe el gobierno cerrar la brecha fiscal hasta fin de año?
El corte de las cuentas a septiembre (presupuesto del Estado) arroja un déficit global de 1 400 millones y un superávit primario de 700 millones. Ambos son significativamente menores a los del año anterior y esa es una noticia buena. Para fin de año, el gobierno estima el déficit global en 4 400 millones, por lo cual, las necesidades de recursos adicionales supera los 3 300 millones de dólares.
La pregunta natural que sale de este panorama se inscribe en saber si el país podrá encontrarlos, pues tanto la situación de la caja fiscal es asfixiante como lo es el nivel de la Reserva Internacional del BCE.
El problema de fondo sigue siendo el control del gasto corriente. No hay señales de una reconvención en este plano. Hasta el mes de septiembre los gastos en remuneraciones han aumentado en el 3.5%, igual el costo de mantenimiento de todo el aparato público, que lo ha hecho en el 6%. Los intereses suben como era de esperarse (15%) pues el endeudamiento no tiene espacio para declinar, ni es posible hacerlo hasta no revertir el déficit global en superávit.
El ajuste camina, hasta ahora por la contracción de la inversión pública, sin ningún acompañante; y, eso más, sólo en la parte en la cual es responsable directo del gobierno nacional, pues el rubro destinado a la inversión pública de los GADS sigue demostrando una expansión, que si se busca ser consistente resulta incompatible con la realidad del tamaño del Estado y su necesario achicamiento.
Hasta septiembre, los gastos de capital (inversión pública) del gobierno se redujeron en 1 200 millones de dólares (40%), mientras los de los GADS subieron en 330 millones (15%).
¿Qué premisas deben aplicarse para formular el Presupuesto 2019?
En un afán de marcar con mucha claridad la línea de gestión de austeridad, debería reconocerse que las recaudaciones tributarias y no tributarias no tienen espacio para aumentar. El cálculo debe excluir el efecto de la remisión de multas e intereses.
En segundo lugar, debería mantenerse el precio del petróleo en los 42 dólares por barril, con una producción muy parecida a la actual. Cualquier excedente, de haberlo, debería destinarse a un fondo (fideicomiso en el BCE) con propósitos bien definidos. Por ejemplo servir para épocas de caída del precio, cuya forma de definirse debe estar sustentada en condicionalidades objetivas claras y precisas.
Creo que es hora de empezar a plantear la necesidad de fijar un tope de las recaudaciones provenientes de los impuestos y tasas para la marcha corriente del Estado y todas sus instituciones a fin de crear un excedente destinado exclusivamente a la inversión en proyectos nacionales que sean considerados fundamentales para sustentar la construcción de una economía moderna y competitiva. En otras palabras, tanto los recursos petroleros, los mineros y este excedente deben manejarse de manera separada para conseguir dos objetivos: un Estado que viva dentro de lo que le puede aportar el sector privado sin poner en peligro su dinamismo; que no consuma su patrimonio; y, por último que tiene una valor destinado a la inversión nacional que supera con seguridad la depreciación del capital invertido.
El gasto corriente debe empezar a demostrar su declinación, con objetivos cuantificados, cuidando los programas sociales, sabiendo además que deberá destinar más recursos al servicio de la deuda, pero que deberá también re perfilarla.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
13 de octubre del 2018