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Inquietudes nacionales

¿El cambio de Ministro de Economía y Finanzas, por su significación política y estratégica, será suficiente para suscribir el acuerdo con el FMI?


No necesariamente. El país requiere discutir los compromisos de política económica con el FMI, establecer metas y tomar ciertas decisiones previas para concretar un nuevo Stand by. Las relaciones internacionales dependen de la forma como los Estados y los Organismos Multilaterales conducen y aproximan sus políticas. Por supuesto, la conducta de los representantes oficiales facilita o complica la consecución de los objetivos buscados. La “química” interpersonal y la confiabilidad configuran el entorno “formal” del proceso, aunque no lo determinan. Una mala estrategia genera fricciones y resistencias.


El aspecto fundamental de la negociación es la percepción de confianza que construye un gobierno, sus representantes y un país a lo largo del tiempo. Su respetabilidad depende del cumplimiento de los acuerdos previos.


Hay versiones contradictorias entre Petroecuador y el Foro Petrolero. Nos interesa saber si es que la producción ha caído tanto que puede perjudicar a nuestras expectativas económicas.


El crecimiento económico del primer trimestre de este año comparado con el último del año anterior es negativo. El PIB cayó en el 0.9% y la principal razón es la disminución del PIB petrolero en el 4.2%. Según el Banco Central las razones de este resultado son: menor inversión de Petroecuador, fracaso del proyecto de perforación horizontal y falta total de inversión privada compartida con la empresa estatal.


Comparten el resultado, la reducción del PIB del transporte (-3.9%), de la industria manufacturera (-1.9%) y los servicios financieros (-1.2%).


En el caso particular de Petroecuador, la evaluación de sus resultados está condicionada por la disponibilidad de recursos que le queda luego de atender las necesidades del Presupuesto Nacional. En los últimos años las contribuciones al gobierno central han sido crecientes hasta llegar a 1.700 millones de dólares estimados para el 2002, por lo cual el remanente disponible para desarrollar nueva producción o recuperar la declinación de la actual ha sido insuficiente. Desde 1992 en adelante, Petroecuador apenas a invertido en algunos años no mas de 120 millones de dólares anuales, con un bache de casi absoluta inactividad entre 1996 y el 2000. Por esto, la declinación de la producción estatal es una realidad en todo el período. Sin embargo, según los cálculos de la empresa estatal, la tasa de declinación ha podido atenuarse, modificándose la llamada “curva de producción proyectada” por la eficiencia de los programas de recuperación.


Ahora bien, si el país quiere aumentar la producción de los campos encargados a Petroecuador, no tiene otro camino que invitar a empresas privadas a invertir en estos reservorios para compartir los réditos de los incrementos de extracción de hidrocarburos. Se requiere de mas o menos 3.800 millones de dólares para explotar el campo ITT, las alianzas operativas de los campos actuales y la concesión determinada para la novena ronda petrolera. Ese dinero el gobierno no lo tiene ni lo puede encontrar por la vía de mas endeudamiento.


En resumen, hay una riqueza descubierta por Petroecuador que sólo puede ser explotada con el aporte de inversionistas privados. Las reservas de crudo de la empresa pública son de mas de 4.600 millones de barriles frente a 1.600 millones de las compañías privadas, que invierten alrededor de 450 millones de dólares anuales frente a los “marginales 120 millones” de Petroecuador. Ahí está el principal cuello de botella.


En una economía dolarizada ¿qué nuevos roles debe cumplir el sector agrícola para convertirse en uno de los baluartes de nuestro sistema productivo?. ¿O por el contrario la dolarización resulta inflexible para un sector tan frágil a los mercados internacionales?


Si seguimos el razonamiento que se puede elaborar como consecuencia de la baja productividad de las actividades agropecuarias, la conclusión a la que se llega es de que si es posible conseguir un rol protagónico de los sectores agropecuarios en el desarrollo futuro del país. Con la mejora de la productividad y la incorporación de nuevos productos, el Ecuador puede ser altamente competitivo en los mercados internacionales. Hay un margen de maniobra amplio que requiere ser explotado con políticas nacionales que cambien la composición formativa de la mano de obra. Según el último Censo Agropecuario, que acaba de ser publicado, el 22% de las personas que trabajan en el campo no tiene educación, y del 78% restante sólo el 4% tiene educación superior y el 8% secundaria. La gran mayoría apenas tiene formación primaria. Entonces, si queremos mejorar los resultados y volvernos mas eficientes, hay que empezar por atacar este problema. La “capitalización humana” es la palanca de la competitividad. Con ella, la tecnificación del campo, el control de plagas, inundaciones, el uso de semillas de alto rendimiento y variedades conocidas, la mejora de las prácticas comerciales, son mas fáciles de conseguir.


En el estudio de competitividad de América Latina promovido por la CAF, que va a ser un documento de gran utilidad y consulta, se señala el pobre nivel tecnológico del Ecuador, la baja capacidad inovativa y la falta de inversión en la infraestructura pública básica: comunicaciones, energía, que se complementan con la débil educación técnica y falta de oportunidades para los trabajadores capacitados.


¿Cuál es la situación actual jurídica institucional del IESS, luego de la decisión del Tribunal Constitucional?. ¿Tendrá algún asidero las pretensiones jurídicas de la Cámara de Comercio de Guayaquil para no pagar los aportes o demandar al Estado por perjuicios?.


Jurídicamente compleja por la existencia de este fallo que no ha sido publicado en el Registro Oficial y cuyo contenido desdibuja totalmente la frágil estructura económica del nuevo sistema aprobado por el Congreso Nacional.. Como están las cosas, el IESS está maniatado y su escasa capacidad de acción perjudica día a día a los afiliados. No está en vigencia el sistema de reparto, que ofrece pobreza a todos, ni se puede aplicar el mixto que tiene una base de solidaridad y un pequeño espacio de capitalización individual.


En cuanto a la posibilidad de demandar perjuicios al Estado , el Art. 20 de la Constitución norma que las instituciones públicas estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen por la prestación deficiente de servicios públicos.


Colaboración

Diario EL COMERCIO

Julio 4 del 2002

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