Inquietudes nacionales

¿Cómo cataloga las medidas de austeridad anunciadas por el Presidente?

Toda acción dedicada a racionalizar el gasto corriente ayuda a la corrección del déficit del presupuesto del Estado, cuyo nivel si bien para el gobierno estaría en el orden de los 4 700 millones de dólares, es decir muy cerca del 5% del PIB, en una versión revisada por el Observatorio de Política Fiscal, que corrige en especial las sobre estimaciones de ingresos, se podría localizar alrededor de los 8 300 millones, es decir un poco más del 8% del PIB.

Obviamente, ese déficit tiene problemas de financiamiento, no hay cómo cubrirlo, y necesariamente ocasionará un replanteamiento de gastos que llevará a un recorte de un monto mucho mayor al que produzca esta decisión, como se explica en la siguiente pregunta.

Bajo estos parámetros, la medida del ejecutivo más que un efecto cuantitativo es una señal cualitativa hacia un mejor control de rubros que sostienen un andamiaje público dispendioso. Evidentemente, se necesita un plan con metas fiscales perfectamente señaladas que deben responder a una definición precisa del papel que debe tener el Estado en la sociedad.

¿En cuánto alivia el déficit fiscal un nuevo crédito del Fondo Latinoamericano de Reserva?

En nada. Es una operación que ayuda a cubrir precisamente una parte de las necesidades producidas por ese déficit del que tanto hablamos. Y para esclarecer un poco los números, señalemos lo siguiente:

Partiendo de los 8 300 millones de déficit potencial y suponiendo que se reducen los gastos en 2 400 millones en estos últimos meses, de los cuales la mayoría corresponden a inversión pública, el déficit anual según el OPF podría estar cerca de los 5 900 millones. Como el gobierno ya ha recibido créditos a lo largo de los meses transcurridos, lo que le faltaría por obtener serían 2 500 millones de dólares, dentro de los cuales estarían los 600 millones o algo más que se obtenga del FLAR.

Pues bien, este tipo de información es la que requiere el país para saber en que terreno pisa; para confirmar la consistencia de las propuestas; la viabilidad de las cuentas fiscales y su afán de compatibilizarlas con la capacidad de contribución de la sociedad para su mantenimiento. De cualquier manera, ese déficit corregido, próximo al 6% del PIB sigue siendo alto e incompatible con el modelo económico en vigencia.

¿Se habla de una nueva emisión de bonos para colocar en el mercado internacional, a que monto se podría aspirar y en qué condiciones?

Se conoce que existen 1 000 millones de dólares en bonos autorizados pero no negociados, que podrían ser utilizados para cubrir la brecha señalada en la pregunta anterior.

Las condiciones podrían ser las mismas de los 2 000 millones de dólares negociados en junio. Es decir podrían estar entre el 8.75% y el 9.625% de interés, con un plazo entre 5 y 10 años.

Muchos se preguntan hasta cuando el mercado estará dispuesto a adquirir papeles ecuatorianos. Depende de la tolerancia del gobierno para seguir aceptando estas condiciones absurdamente onerosas. Y aquí vale una reflexión que me la hizo un respetable colega, al señalar que los bancos americanos, a diferencia de los europeos, que lideran estas transacciones tienen un incentivo especial para promoverlas, pues transfieren el riesgo al mercado al vender la gran mayoría de las participaciones ( si no es la totalidad), obteniendo el rédito limpio y sin riesgo de las comisiones propias de estas operaciones.

¿Qué diferencias encuentra entre el dinero electrónico que quería implementar el Gobierno anterior y la billetera electrónica que manejaría la banca privada? ¿Qué controles hacen falta?

El tema es el posible uso del dinero electrónico por parte del Banco Central como instrumento de emisión inorgánica de dinero, sin respaldo en efectivo, que podría dislocar la dolarización y dar paso a un sistema de convertibilidad, con una tasa de cambio variable según las condiciones en las cuales se demande este dinero creado bajo esta llamativa denominación.

Naturalmente esta mutación no sería realizada bajo un proceso ordenado, sino en condiciones de alta volatilidad de los depósitos, que puede poner en serios apuros al sistema financiero y a la propia economía.

Este es el tema bajo consideración que podría ocurrir en momento en el cual el gobierno no tenga como financiar pagos corrientes y use esta facilidad para, por ejemplo, acreditar los sueldos de los empleados públicos a través del Banco Central que recibiría a cambio bonos del gobierno o acciones de entidades o empresas públicas, como ya ocurrió en los últimos dos años, cuyo monto acumulado está en el orden de los 7 000 millones de dólares.

Eliminar esta facultad del Banco Central sería una señal muy importante de la política económica pues descartaría una amenaza potencial al sistema cambiario actual, que sin ninguna duda mejoraría la percepción de riesgo e influenciaría a favor de un mejor ambiente para la inversión privada.

El decreto o la ley puede quedar ahí. Circunscribirse al ámbito del Central y dejar que el sistema financiero siga trabajando bajo sus reglas actuales. No hay que transferirle nada. La billetera electrónica es otra cosa. Es un mecanismo que se desarrolla en el mundo de una forma progresiva y está vinculada al uso múltiple de las facilidades que traen los teléfonos celulares inteligentes, que incorporan facultades idénticas a las tarjetas de crédito o débito. Entre este dinero electrónico y la billetera electrónica no hay ningún parecido ni parentesco. El desconocimiento de la materia los confunde.