Inquietudes nacionales
¿A su juicio la Proforma 2017 es adecuada?
Jaime Carrera, Director Ejecutivo del OPF expresa su inconformidad con los valores presentados en varias cuentas de ingresos. Señala una sobreestimación de casi 3 500 millones de dólares, que se reparten en tres grandes rubros: tributos con 1 000 millones; ingresos petroleros que traen un exceso de 1 526 millones y transferencias de capital que aportan con 950 millones.
Si se respetan las cifras del Ministerio de Finanzas, los ingresos aumentarían en un poco más del 25% frente al año 2016, lo cual es difícil de entender. Por eso, la revisión hecha coloca la cifra en el orden de los 17 300 millones (en lugar de los 20 800 de la proforma), que comparada con los 16 580 millones del 2016, luce más consistente.
Hugo Ruiz de Gesplafin considera que el exceso de impuestos estimados, está en el orden de los 530 millones de dólares, un poco más de la mitad de lo calculado por J. Carrera en ese rubro.
Con estos ajustes, sin alterar en nada los gastos presupuestados, el déficit estimado por el gobierno en 4 795 millones, podría llegar hasta 8 271 millones según Carrera, o por lo menos a 7 800 millones con la cifra de H. Ruiz. Bordearía el 8% del PIB.
En síntesis, no existe una política correctiva de la conducta de gasto fiscal. No hay señales de aplicar un programa que cierre la brecha de manera programada, pues al mirar los datos de las proformas referenciales para los años siguientes (2018-2020), no hay cambios en el tamaño del sector público.
El gobierno debería propiciar un foro sobre este importante instrumento, que permita probar las consistencias de los distintos puntos de vista. El gasto público es la más importante herramienta de la política económica y no debería ser tratado de manera excluyente o bajo formulaciones ideológicas incompatibles con el tipo de economía que convive en una sociedad democrática.
¿Cómo financiar el déficit fiscal y qué decir de las otras obligaciones del Fisco?
En los cuadros del gobierno, las necesidades financieras que cubran el déficit programado y los vencimientos de deuda pública, arrojan una cifra bruta de 12 761 millones, de los cuales se tienen conseguidos o comprometidos 9 653 millones. Es decir todavía faltarían un poco más de 3 100 millones para cerrar los gastos presupuestados.
Con las cifras de J. Carrera, las necesidades suben a 16 237 millones y con los mismos recursos conseguidos, la brecha se amplía a 6 584 mllones. ¿Será posible conseguirlos? No lo creo. No hay manera de cerrar el presupuesto que no sea reduciendo el gasto programado.
Todo este marco fiscal tropieza además con una deuda pública superior a la que sostenían los funcionarios anteriores. ¿Van a reformar la ley para dar cabida a más deuda? ¿ Hasta qué porcentaje del PIB?
Las cuentas ya demuestran un indicador que rebasa el 60% del PIB y eso que ahí todavía falta incluir algunos conceptos que siguen escondidos.
¿Qué opina de la reforma a la Ley de Plusvalía y la idea de presentar un proyecto de Ley para facilitar la repatriación de capitales al Ecuador?
Las buenas políticas económicas no necesitan de incentivos especiales para atraer capitales o de sanciones por no hacerlo. Estas ideas sólo confirman la mala estructura de los estímulos permanentes con los cuales trabaja el Estado frente a las actividades privadas.
Los capitales van y vienen con mucha naturalidad de donde y hacia donde encuentran ambientes seguros, propicios para proyectos productivos.
Las asociaciones público-privadas no deben ser excepcionales sino fruto de una estrategia general, limpia, sin privilegios especiales, como parte de una asociación constructiva de los tres elementos fundamentales de la sociedad: trabajadores, empresarios y el Estado regulador.
Por lo tanto, si queremos que regresen los capitales, es indispensable desarmar todas las amenazas que se construyeron para que se fueran o, las que impidieron que ingresen. Entre tantas cabe la ley de la plusvalía, que satanizó la renta de los bienes raíces y paralizó la inversión en la construcción. Pero, el problema no queda ahí. También debe revisarse la ley de la herencia, la de la responsabilidad laboral con los patrimonios de los accionistas, la de las ganancias ocasionales en operaciones de bolsa, para señalar algunas.
Por ahí está el camino sano de una política económica equilibrada, responsable y más que nada general. Sin ofrecer privilegios ni crear subsidios, sino de tratar al capital y su renta de una forma que sea compatible con lo que le ofrecen otras jurisdicciones.
Exprese por favor su opinión del examen especial sobre la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública externa e interna dispuesto por Contraloría.
En uno de los cuadros que presentó el Ministerio de Hidrocarburos, aparece el pago de más de 3 400 millones en intereses y comisiones por los anticipos petroleros, frente a 7 500 millones de amortización de capital. Si esto es así, el costo financiero luce muy alto y el monto pagado por esos recargos equivalen al 90% de las Reservas Internacionales del Banco Central.
Es la primera vez que vemos este desgloce. Se pensaba que había un saldo de 1 200 millones por pagar de todos los anticipos, pero este informe dice que son 5 300 millones de dólares. ¡Increible!!!!
Con estos datos, ¿se duda de la necesidad de una auditoría de la deuda pública?.¡Por favor!, hasta donde creemos que podemos esconder las cosas. Es obligación de todos rendir cuentas cuando se manejan fondos públicos. No hay excepción alguna.
COLABORACION
DIARIO EL COMERCIO
19-AGOSTO-2017