Hasta cuando padre...

Esta expresión tan quiteña que resume, según las leyendas de nuestra querida ciudad, el límite de la tolerancia, frente a una conducta reiteradamente desafiante y reñida con la moral o los principios que gobiernan a una sociedad, por parte de quienes han asumido un papel representativo, vuelve a ponerse en vigencia ante tanto hecho repudiable, que día a día, los medios de comunicación ofrecen en sus noticieros o columnas informativas.

No hay pausa dentro de la vorágine de sucesos que se descubren como parte de la descomposición de una parte de la sociedad, mientras otra, la mayoritaria la miró, en un inicio con estupor, algo de incredulidad, para ahora sentir nausea por la pestilencia que destilan tantos eventos que parecerían pertenecientes a una colectividad en la cual ya ni siquiera la inmoralidad se apoderó de ella, sino que ha terminado convirtiéndose en amoral, particularmente de aquellos que hicieron tabla raza de los valores con los cuales aparentemente se incorporaron al gobierno, luego de renegar de las administraciones anteriores, a las que les desconocieron todo tipo de mérito.

La labor investigativa llevada a cabo desde hace algunos años por ciudadanos que pusieron en riesgo su propia supervivencia y la tranquilidad de sus familias, como son los casos de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, César Montufar, Enrique Herrería, Vanguardia y sus periodistas, 4 Pelagatos, La Comisión Cívica de lucha contra la corrupción, entre tantos otros ecuatorianos, dentro de las más difíciles condiciones y bajo un ambiente de persecución implacable, ahora sirve de referencia histórica para marcar la lenidad y complicidad más que evidente con la que actuó el gobierno anterior, que bien pudo, si era como se autocalifica de honesto, frenar a tiempo tanto desenfreno e impudicia.

Ahora el país tiene la oportunidad de corregir algunos de los daños institucionales que puede servir para reconquistar la confianza perdida y ésta recae en la selección del nuevo Contralor del Estado, que no puede descansar en una comisión cuyos miembros y procedimientos no ofrecen garantía alguna. El gobierno tiene la palabra. Existen varios profesionales del derecho con méritos y una vida ejemplar, a los cuales se les puede pedir su conscripción cívica para poner en orden la vigilia pública, pero que no están dispuestos a someterse a un procedimiento tramposo, como ha sido la historia del funcionamiento de esta “destructiva” función ciudadana.

Cuidado con extenuar la paciencia de Job que ofrece señales de agotamiento y den paso a una etapa de violencia y rechazo de un país que dejó, por lo menos así lo deseo, de ser permisivo. Hasta cuando se debe esperar que el Gobierno, la Asamblea y la Justicia den señales firmes de erradicar estas acciones putrefactas..

Colaboración

Editorial Diario EL COMERCIO

28 de julio del 2017