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Inquietudes nacionales

¿Qué implicaciones tiene para la economía el incremento del encaje bancario y cuáles pueden ser sus explicaciones?


Lo decidido es, cuando menos, una torpeza técnica. Los efectos y las interpretaciones son multiples. Unos de corto plazo. Otros en un horizonte mayor. Esta decisión y otras que le acompañan, confirman la sumisión de la política monetaria a la fiscal. Se revalida esa línea recalcitrante a imponer una revisión del gasto público para adecuarlo al nivel de sostenibilidad de la economía nacional.


En la visión inmediata, el gobierno consigue inflexibilizar el uso de las cuentas del Banco Central, tan venidas a menos por su utilización en la cobertura del déficit fiscal. Lo hace, para asegurar una disponibilidad que le permita atender, mediante diferentes operaciones, las necesidades de la caja fiscal. Así a obrado en el pasado. Por eso, salieron de las Reservas Internacionales (RI) 4 270 millones de dólares para comprar bonos del gobierno y 2 140 millones en créditos a los bancos públicos, que luego triangularon con el gobierno. Es decir son 6 410 millones los prestados por el BCE (¡7% DEL PIB!) Por eso, ahora el BCE conjuntamente con el IESS y China son los principales acreedores del gobierno.



De ahí (RI), también se tomaron los recursos que el IESS los destinó para comprar bonos. De esta manera, uno de los principales paradigmas de la dolarización, cual es el de no utilizar las disponibilidades de la Reserva Internacional para ningún otro propósito que el de dar cobertura líquida a la base monetaria (que corresponde a la emisión de moneda fraccionaria más los depósitos a la vista-públicos y privados- recibidos por el BCE), ha sido vulnerado.



En estos días, la Reserva Internacional (2 de diciembre) oscila en los 3 885 millones, que no cubre ni las reservas bancarias. Si el gobierno devolviera todo lo que se le prestó, ésta (RI) superaría los 10 000 millones, y no sólo daría soporte a las reservas bancarias (encaje), sino además respetaría los fondos pertenecientes al IESS y los organismos públicos. Es decir, la Base Monetaria estaría cubierta. La dolarización más segura y el riesgo del país en un nivel inferior.



Otro punto de reflexión radica en la discriminación de la medida. Se incrementa arbitrariamente el encaje sólo a un grupo de bancos. ¿Porqué se lo hace? A pesar de la inexistencia de una explicación oficial, la intencionalidad es evidente: hacerlo sólo a aquellos cuyos números lo permiten, pues otros no tienen condición para tolerarlo. Ergo: Ya no hay un sistema homogéneo.


Además, se lo hace en un momento de contracción económica. Cuando también el indicador de inflación sigue cayendo (cada vez más cerca de la deflación). Es decir, justo en la etapa menos oportuna y conveniente si se piensa en que esa “aparente” liquidez devenida de la recuperación parcial de depósitos, podría servir para conseguir alguna reactivación. Poco posible, cierto es, por el cambio estructural de la economía domestica, que se visualiza en la debil demanda crediticia.



Es cierto que este aumento de encaje seguramente no implica elevar los depósitos en el BCE, debido a los excesos actuales, pero los inmoviliza o por lo menos resta capacidad operativa a la banca; y, concentra, por esta norma, el riesgo en instituciones del gobierno, que ya es alto si se suman todas las inversiones obligatorias realizadas por los bancos con distintas entidades públicas.


Si a este aumento de encaje (700 millones), se suma el monto que deben traer del exterior (400 millones aproximadamente) por el cambio de cáculo de la liquidez doméstica; más la disposición de poder utilizar hasta el 20% del Fondo de Liquidez (otros 480 millones) para cubrir premuras de las coopertivas (¿cómo estarán?); y, reducir los ingresos por cobros de los servicios bancarios, la consecuencia evidente es el aumento del riesgo de liquidez del sistema financiero, con una pérdida mayor de la decaída rentabilidad.


¿Cuál es el impacto de subir el impuesto a la plusvalía, que afectación tiene para los sectores medios y los más bajos estratos sociales?


Destruye el ambiente de inversión local. Tan simple como eso. Paraliza las actividades vinculadas. Como consecuencia destruye fuentes de empleo. Demuele valor. Esto ya pasó hace un poco más de un año. Ahora se insiste en imponer un “castigo ejemplar” a la renta inmobiliaria. ¿Porqué? ¿Qué le hace diferente de la renta de otras actividades lícitas? Nada. El riesgo inherente a este tipo de proyectos es consustancial con la dinámica de la economía. Es más, ya paga un recargo por mejoras en la infraestructura pública y otro impuesto a la plusvalía.


Este tipo de imposiciones desproporcionadas y vinculadas con el patrimonio de las personas o las empresas, son mecanismos de “esquilmación” de una renta bien obtenida. De esta forma se promueve la fuga de capitales, pues a perder una parte importante del valor de mercado de una propiedad, luego de varios años de inversión, los agentes económicos prefieren migrar a jurisdicciones más seguras. Estos atropellos son los que dan vida a los paraisos fiscales. La gente, con razón se defiende cuando los gobiernos demuestran ser abusivos.


Por la forma como está concebido el proyecto, el impuesto lo pagan todos. Pobres y ricos. Desde su conceptualización, es un impuesto “confiscatorio”. Y peor con esa tarifa.


Si quieren asegurar un desarrollo urbano que mitigue la especulación de los predios, hay otras formas de hacerlo. En eso la literatura económica es rica en aplicaciones. Generalizar este tributo a toda ganancia inmobiliaria, es un equívoco de fondo.




Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 10 del 2016


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