Inquietudes Nacionales
¿Qué opina de la aprobación del proyecto de reformas tributarias justamente cuando llega otro luego del terremoto?
Es lamentable apreciar la forma como el gobierno actúa en todos los campos. Es insensible a las opiniones contrarias. No demuestra un ápice de afán consensual. Impone sus puntos de vista, aún a sabiendas de las dolorosas secuelas que se advierten. Lo hace con pleno conocimiento de sus características anti técnicas y pro cíclicas.
Este proyecto, a todas luces fiscalistas, presentadas antes del terremoto de 16 de abril, ya era en su momento inconveniente. Ahora, con todos los efectos devastadores conocidos, cuya dimensión económica todavía no ha sido cuantificada, pero que tiene, sin lugar a duda algunas consecuencias que agudizan la recesión, merecía la suspensión de su trámite.
Incluso, si luego de una evaluación concienzuda, se apreciaba la necesidad de volver a presentarlo, dentro de un plan de reconstrucción económica nacional y, de solución de los problemas tanto humanos como físicos del área dañada, era, y es posible hacerlo, pero ya con elementos objetivos de juicio, los cuales ahora carecemos, pero que el sentido común nos advierte con meridiana claridad su inoportunidad actual.
Una modificación que hizo la Asamblea es reducir el presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en función de la disponibilidad del Ejecutivo. Además se exime de esa reducción a las provincias afectadas por la tragedia. Comente estos hechos por favor.
La reforma vinculante entre los ingresos efectivos recibidos por el presupuesto y las participaciones de los GADS, tiene una lógica razonable. Luce equitativa y funciona en las dos direcciones: en etapas de contracción fiscal y también en momentos de expansión. En la práctica, toda aportación debería sustentarse en este tipo de normativa flexible. De esta manera existe simetría en el tratamiento a todas las instituciones públicas.
Lo lamentable es la extemporaneidad de la modificación, pues si bien el año anterior recibieron beneficios derivados del mantenimiento de los montos originales, a pesar de la reducción de los ingresos fiscales, en años anteriores, cuando las cuentas del gobierno recibieron más de lo programado, no existió reliquidación a favor de los GADS.
La excepción, temporal de la aplicación de esta norma a los gobiernos de las provincias afectadas por el sismo último, también aparece como razonable. Demuestra un grado de solidaridad fiscal.
¿Cuánto se puede estimar el aumento en la recaudación y en que medida alivia la penuria fiscal y el déficit?
Si la pregunta se refiere a los tributos vinculados con el consumo de gaseosas, cerveza, cigarrillos, el impacto cuantitativo vinculado con el tamaño del déficit fiscal, es marginal. No así el derivado en los daños ocasionados en las actividades productivas por el deterioro de la demanda, las deformaciones en el mercado hacia transacciones ilícitas-contrabando- de algunos de esos productos y, lo más importante, en la estabilidad laboral e ingreso de los consumidores.
El déficit fiscal del año en curso, con todos los eventos ocurridos durante este año, sin cuantificar lo que podría ser imputable al gobierno como resultado del sismo, es superior a los 5 000 millones de dólares y, las necesidades de financiamiento bruto, se acercan a los 14 000 millones. En ese plano, 300 millones no se los ve como tabla de salvación.
En el caso del proyecto referido a la cobertura pública de los daños ocasionados por el sismo, el propio gobierno al estimarlo en ligeramente superior a los 1 000 millones de dólares, sin saber cual es el tamaño real de este evento, técnicamente calculado, demuestra un apuro innecesario –además de inconveniente- que no se justifica; más aún, sabiendo que con la disposición de los créditos emergentes-por un monto superior a los 600 millones de dólares del BID, BM y CAF-, la urgencia está cubierta. Como lo leemos, la urgencia está ya cubierta.
Es más, la aprobación del FMI de su Línea de Crédito Rápida para cubrir estas catástrofes, conocida el día miércoles pasado, a petición del gobierno refuerza el criterio que aconseja suspender el tratamiento de este proyecto hasta tener cálculos sustentados de la dimensión de los daños.
La historia mundial de estas tragedias demuestra que los gobiernos cubren entre el 30% al 35% de los destrozos ocurridos. El resto, es decir la mayor parte, corre a cargo del sector privado o la sociedad civil. Si aceptamos, sólo para fines informativos, que el daño total llega a los 3 000 millones de los que habló el gobierno-aun cuando según el modelo de estimación del BID corrido por “Economía en Jeep” estaría cerca de los 660 millones-, con lo obtenido del FMI ya no existe necesidad alguna de contribución tributaria especial o extraordinaria. Así de contundentes son lo números.
Esto es lo que debe discutir el país. Hacerlo de manera ordenada, deductiva, objetiva y racional. Y si a la final se requieren contribuciones privadas, pues habrá que cumplir con esa responsabilidad.
¿Hasta qué punto se puede recaudar tributos con el alza del valor del IVA propuesta en el nuevo proyecto?
Según el gobierno se pierden recaudaciones. Parece pero no es broma. Para registro de Ripley. En los cálculos oficiales del proyecto, reconoce de manera paladina la fuerza de la recesión, pues con el aumento de los 2 puntos de IVA, calculados a partir del mes de mayo, no llega a la cifra originalmente estimada en el presupuesto del 2016. Es más, la agrava, pues el calculo lleva a una caída mensual del 30% en este tipo de recaudación fiscal. Esto significa, además de contracción fiscal, reducción de actividad económica y más desempleo.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Abril 30 del 2016