Transparencia y equidad

Cualquier mecanismo que se utilice para canalizar los recursos dedicados a la reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto, debe cumplir varios requisitos: Primero, por sobre todas las cosas los debe manejar en cuentas separadas al presupuesto, de tal forma que no se confundan con las gestiones ordinarias del gobierno, ni sirvan para otros propósitos. No hay que contaminar estos recursos con la penuria fiscal. Las cuentas claras desde el inicio.

Segundo, es fundamental además, si se pide solidaridad ciudadana y empresarial con medidas tributarias, cuyo contenido confirma la carencia de ahorro público que tanto nos habría ayudado, encontrar a un gobierno que, por elemental equidad esté dispuesto a entrar en austeridad, definida y cuantificable. Y, eso no se aprecia de los anuncios hechos hasta ahora. ¡Que pena ver al ejecutivo sin afán de enmienda en su política dispendiosa de gasto! Ahora anuncia que va a vender activos, pero no acepta ser sobrio.

Tercero, los recursos deben ser controlados por un organismo, entidad, cuerpo colegiado, como se lo quiera instituir, con facultades ejecutivas muy claras y obligación de rendición de cuentas. Debe disponer de instrumentos que le permita tomar decisiones oportunas, sometidas a controles y auditorias in situ. Tener capacidad de coordinación directa con los GADS, ministerios y otros organismos, para llevar adelante sus tareas, así como establecer prioridades inmediatas (salud, energía, agua, alimentos) y mediatas en la ejecución del plan. Transparencia y escrupulosidad son las normas y principios.

No cabe otro monstruo burocrático, sino uno tipo “velero” por su capacidad de maniobra, seguridad y velocidad, que trascienda al gobierno pues necesitará un largo lapso de gestión para cumplir su cometido. Un cuerpo ejecutivo capaz, serio y representativo.

Los organismos multilaterales, prestamistas o aportantes de diversa naturaleza y origen, los contribuyentes nacionales a los que se pide su ayuda, encontrarán en este mecanismo el medio adecuado, competente para asegurar el uso y destino de sus recursos. Obviamente las auditorías, incluso internacionales podrán evitar actos corruptos, que nunca faltan en estas emergencias, cuando inescrupulosos buscan cosechar réditos inmerecidos, sin importarles el daño que causan a seres indefensos.

Esta postura le ofrece al gobierno transparencia de su gestión, de sus aportes y, todos los interesados en nuestro país recibirán un mensaje claro de lucha contra actos indignos o maliciosos. Los recursos estarán garantizados en su destino exclusivo. Es momento de hacerlo antes de que se confundan los papeles y la opacidad gane terreno.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Abril 22 del 2016