Se quiebra el espinazo

He tratado de encontrar un argumento razonable que nos lleve a entender los porqués del proyecto de ley que lleva el impuesto a la herencia a un nivel confiscatorio. Lo cierto es que dentro de una lógica sencilla, derivada de las reflexiones que caben al mirar la estructura y como funciona una economía de mercado, el proyecto no tiene sentido alguno.

No sólo que no tiene sentido, sino que rompe el cordón umbilical que le nutre para su funcionamiento. No hay un solo sistema económico en el mundo (salvo el de la era soviética que se derrumbó catastróficamente), que no tenga como pilares fundamentales la acumulación del capital, financiero y físico, así como la formación del capital humano. Sin ellos (mano de obra y empresario) no hay sistema y por lo tanto no hay economía. El Estado los regula y acompaña, es socio cooperante, pero no los sustituye. Así es de simple y terminante la organización moderna. Y, esta ley proscribe al empresario.

Si el Estado, digamos mejor el gobierno, se lleva hasta el 77% del capital acumulado por una familia a lo largo de una vida, luego de pagar todos los impuestos entre los cuales destaco el progresivo a la renta, que es justamente progresivo, porque sirve esencialmente para corregir inequidades sin dañar la estructura productiva, ¿cuál va a ser el incentivo para ahorrar e invertir en el país? Difícil encontrarlo.

El mensaje va en contravía, no sólo de la situación actual que por cierto necesita precisamente impulsar desesperadamente la inversión privada, sino de la existencia del sistema económico de mercado. La distorsión que ocasiona lleva a la profundización real de una economía estatal. A la final, el Estado termina como propietario del capital creado por el esfuerzo privado. Y no se trata de no afectar a la clase media o baja, que también recibe su parte, sino de acabar con el legítimo afán de crear empresas, promover proyectos, emprender en nuevos campos, para beneficiarse gratuitamente mediante esta expoliación, del rédito legítimo y neto que le queda al empresario después de cumplir el pago de todos los impuestos que existen.

Es tan distorsionante que de aplicarse pondría en cuestionamiento la dinámica de crecimiento de la gran mayoría de empresas. Hablo de aquellas que sumadas representan el 80% de la actividad privada (reunidos como Contribuyentes Especiales), cuyos patrimonios están marcados precisamente por el valor de sus instalaciones, de su organización, de su capacidad de multiplicarse. ¿A lo mejor se venden a extranjeros?

El gobierno dijo que puede analizar la entrega de las acciones a los trabajadores. El efecto no cambia. Sigue siendo una confiscación. Sin embargo, su política en el mercado de capitales, en el sistema financiero, en los medios de comunicación, ha hecho es precisamente lo contrario. Concentrarlo.

Colaboración

Editorial Diario EL COMERCIO

5 de junio del 2015