Inquietudes nacionales mayo 2
¿Cuánto dinero le debe el Estado al Seguro y cómo se calcula?
La primera y más importante deuda es su obligación de contribuir todos los años con el 40% del valor de las pensiones concedidas y en vigencia. La mayoría de las veces la ha cumplido con la emisión de bonos, a distintos plazos y diferentes tasas de interés. Normalmente lo ha hecho con períodos de gracia. El monto varía cada año y es superior por la incorporación de nuevos jubilados. En este año está presupuestado 1.100 millones. El 2013 fueron un poco más de 800 millones.
La segunda corresponde al monto de las inversiones realizadas por el IESS, por decisión propia o inducida por presión gubernamental, en papeles del Estado. En la actualidad, el valor registrado en el rubro de Inversiones Privativas supera los 7.125 millones de dólares y representa el 47% de las inversiones totales del IESS. Además, el gobierno debe 762 millones de un acuerdo especial de pago por mora en sus obligaciones. Falta calcular la deuda de octubre del 2014 a abril del 2015. Al sumar estos rubros, el IESS aparece como el acreedor más importante del Estado. Incluso supera a China y a los Multilaterales.
En el campo de la Salud, las obligaciones vencidas, ahora desconocidas por el gobierno suman 1.700 millones de dólares. Sin su pago, este fondo no tiene recursos para operar.
El IESS ha sido la caja de auxilio de los problemas fiscales. Por este motivo, la autoridad de control, en este caso Superintendencia de Bancos, incrementó el porcentaje máximo de exposición del IESS con papeles del Estado, a pesar del riesgo involucrado por su concentración.
Si el gobierno no entrega los aportes al IESS, ¿Cuánto tiempo puede sostenerse el sistema de Seguridad Social?
Es difícil precisarlo, pero sin duda alguna traerá problemas de viabilidad y estabilidad en un futuro no muy lejano. Es indispensable recordar que el Fondo de Pensiones es un mecanismo de ahorro de largo plazo, que necesariamente debe tener superávit anual. Debe ser excedentario por definición. Le corresponde de manera innata acumular obligatoriamente los recursos indispensables, matemáticamente calculados en función de los parámetros pertinentes, para poder atender las obligaciones crecientes de la incorporación de nuevos y más jubilados.
Por lo tanto, señalar que por la existencia de un superávit ya no necesita la contribución obligatoria del Estado, que cubre una parte vital del déficit actuarial, es partir de una premisa falsa para suspender su vigencia. Es más, ahora ya hay un problema financiero en el Fondo de Pensiones, pues el monto de las erogaciones a favor de los jubilados es superior a las aportaciones recibidas de los trabajadores activos. Existe un déficit de caja de 340 millones de dólares, que será creciente y deberá cubrirse con una parte de las inversiones acumuladas, que son en definitiva las reservas para pensiones futuras.
Al suspenderse los aportes anuales obligatorios y transcurrido cierto lapso, el Estado, a través del gobierno de turno que tenga la mala suerte de recibir esta dolorosa herencia, ya no tendrá que aportar los millones que hoy debe hacerlo cada año, con aportaciones progresivas en función del monto de pensiones, sino una suma sustantivamente mayor producto de la acumulación de ese déficit desatendido. Y ese puede ser un tema que desestabilice todo el esquema fiscal, a la par que tenga en vilo al sistema de pensiones.
A lo anterior debe agregarse el déficit del Fondo de Salud, que se cubría con la aportación del Estado y estaba prohibido hacerlo con recursos de los otros Fondos. ¿Quién lo arropará ahora? Sin duda se tomarán los excedentes temporales e insuficientes de pensiones para aquello. Con esto, la utilización de estos sobrantes será mucho más intensa de lo originalmente pensado. ¿se suspenderán algún rato los quirografarios por falta de dinero?
¿Las Cifras de la inflación de marzo se mostraron bajas, es previsible que se modifiquen por efecto de las salvaguardias y sobretasas en los próximos meses?
El impacto en los precios derivado de las medidas tomadas es un efecto definido. Habrá que ver su dimensión, pero no existe escape a esta realidad y el indicador deberá recoger su dimensión. Esperemos que no exista algún cambio metodológico que esconda esta realidad.
De hecho, en muchos productos de consumo rutinario ya se aprecia ese efecto. Existen locales que informan del cambio y señalan al gobierno como el responsable.
¿Cómo afectarían estos cambios en el desempleo?
En una situación de contracción económica, que ya de por si repele empleo, la reforma laboral, conducente a inflexibilizar el mercado del trabajo, pone más obstáculos al desarrollo, débil y ocasional de proyectos escasos o la expansión de otros. Incorporar este nuevo elemento, en lugar de ofrecer incentivos para la contratación o el mantenimiento de la mano de obra actualmente ocupada, simplemente profundizará el efecto. Las inflexibilidades son varias, las imprecisiones múltiples, pero resalta las condiciones impuestas a la contratación de mujeres jóvenes, en edad de procrear, que establece un incentivo perverso a su incorporación a la plantilla de trabajadores.
Los derechos laborales deben ser equilibrados con las obligaciones inherentes. La legislación debe ser flexible y equitativa, cuidando la estabilidad pero en un marco de promoción de la eficiencia y la productividad. Crear obligaciones desproporcionadas sólo desestimula tareas de uso intenso de mano de obra por otras de mayor tecnología.
En crisis, los incentivos en favor de la inversión, normalmente se los calcula como una derivada del alto riesgo explícito que contienen, y dentro de ellos el uso de mano de obra demanda una legislación distinta de la aprobada. Justo en el diseño de la estructura de un proyecto, la definición de la alternativa (más o menos tecnología o empleo) pasa por la evaluación de los atractivos, sensatos y equilibrados, de la política de laboral.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Mayo 02 del 2015