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A cualquier costo

Tres decisiones públicas marcan una línea de conducta con derivaciones complejas y lecciones complicadas.


La moratoria tributaria para contribuyentes atrasados, inconformes con las glosas o se hallan en litigio judicial. Perdonar las multas, los intereses y los cargos a aquellos que paguen las glosas en los 60 días posteriores a la expedición de la ley en curso, es un antecedente que agrede las normas elementales de equidad, generalidad y oportunidad del pago de las obligaciones con la sociedad.


El gobierno angustiado por tener dinero y ciertos empresarios en mora, por decirlo de una manera protocolaria, encuentran en esta coyuntura la oportunidad de saldar cuentas, suscitando normas especiales que los ponen en ventaja frente a los contribuyentes cumplidores puntuales de sus obligaciones.


¿Qué lección, deja el gobierno nuevamente, al guardar en la buhardilla a la ética tributaria a cambio de aliviar su angustia económica? ¿Quién va a compensar a aquellos contribuyentes que siguieron el trámite legal, se sometieron a la la justicia (con reconocida e indebida presión pública), fueron castigados, e incluso sufrieron la expropiación de sus bienes? Y, los empresarios, donde están para defender la transparencia y el trato igualitario a todos. ¿Acaso no es mejor reducir estas sanciones abusivas a niveles razonables? Pero, para todos.


El segundo tema son los créditos del BCE con los recursos de la RILD. En la Regulación 046 del 5 de marzo, se establecen una numerosa lista de líneas de crédito de mediano y largo plazo, eufemísticamente llamadas de “Inversión Doméstica”, por 2 560 millones de dólares a favor de la CFN, BNF, Banco del Estado, Banco del Pacífico, CONAFIPS, a las que se añaden los 1 053 millones de compra de bonos al gobierno en los últimos seis meses.

Ahí se habla de un programa de “Excedentes de Liquidez” para estos planes crediticios. ¿De qué excedentes hablan? El BCE no tiene excedentes. Su responsabilidad en la dolarización es mantener siempre en activos líquidos y disponibles la contrapartida de los depósitos que recibe.


El tercer punto es el desconocimiento de las obligaciones gubernamentales al IESS. Es un hecho inédito de grave repercusión en la estabilidad de esta institución. Nadie lo había hecho. Es una actitud que pone de cuerpo entero a un deudor que actúa así, sabiendo que no tiene una pizca de razón y además ocasiona daño.


Los tres temas se explican por la angustia fiscal, cuyo gestor busca remediar a cualquier costo. Incluso rompiendo principios, desconociendo obligaciones y disponiendo de recursos que no le pertenecen.

Por este sendero no se rehabilita el país. Quedan instituciones heridas. Vulneradas normas de prudencia y expuestos los cimientos económicos a un terreno que puede llegar a ser fangoso.


Colaboración

Editorial Diario EL COMERCIO

10 de abril del 2015

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