Inquietudes nacionales
¿Se debe hacer ajustes al gasto público, en qué áreas y para qué?
Antes que ver cuáles podrían ser las partidas de gasto que valdría someterlas a un escrutinio cualitativo que determine su conveniencia y prioridad, que son muchas y están desperdigadas en distintos capítulos presupuestarios, el Estado debería retomar los principios de una política fiscal responsable, cuyos elementos aseguren la existencia de una programación del gasto público sostenida en la consolidación de la solvencia fiscal y la estabilidad económica. No es posible seguir recreando la deuda pública -en condiciones onerosas- a pesar de la bondadosa condición del mercado financiero y petrolero internacional, pues ese camino ya transitó el país y le costó muelas corregirlo.
El gobierno, en su definición aglutinante de todas las funciones del Estado y entidades públicas, enmarcadas por supuesto bajo las normas de independencia política, debe tener una conducta económica compatible con la capacidad de crecimiento del país. El ascenso del gasto debe estar por lo tanto limitado por la inflación esperada para realinearle con una presencia del Estado en la economía que abra el espacio a las actividades privadas y sostenga su dinamismo en la fortaleza de la calidad de inversión que se sustenta en la eficiencia y productividad.
Y hay como dar un paso más. El país podría limitar el monto destinado a los gastos corrientes –sin exclusiones pícaras- en función de una proporción del PIB y de los ingresos tributarios. De esta forma lo controla a la par que libera recursos para la inversión pública de alto valor estratégico, combate el gigantismo burocrático que se siente con fuerza y atosiga la dinámica natural de las iniciativas privadas.
Igualmente debería buscar la incorporación de más contribuyentes a fin de dispersar la carga tributaria y racionalizar los subsidios. Con este talante de acciones combinadas, el tamaño del gasto público tendría reglas que lo limitan, seleccionan su destino y precautela el ambiente necesario para un país dolarizado.
El ministro Rivera explicó en la Asamblea que con los recursos que se obtengan de explotar el uno por mil del Yasuní se podrá construir escuelas, carreteras y salir de la pobreza. ¿de cuánto dinero para las arcas fiscales se habla y que se puede hacer con él?
Son 18.000 millones a recibirse en por lo menos 15 años. Es decir 1.200 millones por año que no cubren ni el déficit actual ni los programados por el propio gobierno para los años venideros. De tal manera que la dedicación de estos recursos a fines específicos no parece sustentada. Además, sin una normativa legal perfectamente definida que asegure la solvencia fiscal (ver pregunta anterior), tiene escasa viabilidad y consistencia.
El gobierno requiere recursos, ¿no basta con la buena recaudación tributaria y el alto precio del petróleo?
No porque gasta cada día más. No tiene control de las obligaciones que asume y eso ha llevado a una relación excesiva del gasto público frente a la economía total que no tiene frontera.
El pagar algunas jubilaciones con bonos permite a quienes los reciban transformar esos papeles en dinero líquido, ¿en qué medida?
Primero, es señal del tamaño del daño que tienen las cuentas fiscales pues son valores proporcionalmente pequeños que deberían tener financiamiento con ingresos corrientes. Indudablemente la medida deteriora el valor de las jubilaciones. En la práctica las reduce en el porcentaje del descuento que tengan esos papeles en el mercado para poder venderlos así como de la urgencia requerida por los tenedores para convertirlos en dinero. Todo lo anterior dependerá de las condiciones financieras contenidas en la emisión de estos bonos así como del apetito que exista por adquirirlos.
Añádase a lo dicho, el rompimiento flagrante de una regla, reclamada por el propio gobierno como de aplicación rigurosa e incorporada en la constitución, cual es la de no emitir deuda para cubrir gastos corrientes. Y conste que no es el primer caso. Se repite con cierta frecuencia.
¿Cómo contrarrestar el contrabando de licores, que pueda aplicar el Estado?
Con la reducción de los desproporcionados impuestos creados en los últimos años que han distorsionado los precios y fomentado no sólo el contrabando masivo, sino además el uso criminal del alcohol metílico (metanol) que no paga esos impuestos.
La balanza comercial no petrolera es deficitaria, ¿qué significa?
No sólo deficitaria sino de valor negativo creciente. Este año puede superar los 9.000 millones de dólares lo cual significa casi el 10% del PIB estimado para fin de año. Si vemos este resultado con el valor total de importaciones que podría oscilar en el orden de los 24.000 millones de dólares, encontramos que tiene un peso muy significativo pues condiciona la posibilidad de comprar el 38% de los productos que el país importa durante el año.
En otros términos, la balanza comercial no petrolera advierte el tamaño del daño que puede ocasionar al comercio importador nacional en el evento que el petróleo desaparezca de la realidad nacional. Naturalmente, el impacto se trasladaría a manera de efecto dominó a las actividades dependientes de los productos externos, sean materia prima, semielaborados o terminados y con ello a la producción y por supuesto al empleo.
Visto el resultado de una forma objetiva, el desarreglo de la balanza comercial pone en riesgo todo el andamiaje económico vigente con sus devastadoras secuelas. De ahí que sea indispensable, recomendación realizada hace muchos años, promover las exportaciones –aunque sea de forma tardía- de una manera decidida y constante, pues la reducción de importaciones de modo sostenible no es posible conseguirlo con la estructura de la política económica actual, que promueve el gasto, encarece la producción bajo un régimen cambiario fijo y, con ello presiona las compras externas.
Por lo tanto el déficit comercial no petrolero es un semáforo que hace tiempo superó la luz amarilla y camina a la roja. Confirma la mayor dependencia del país en el petróleo y lo deja en franca indefensión ante un eventual cambio de condiciones del mercado mundial.
DESTACADOS
El déficit comercial no petrolero es un semáforo que hace tiempo superó la luz amarilla y transita a roja.
Colaboración
Editorial Diario EL COMERCIO
Septiembre 19 del 2013