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Inquietudes nacionales

¿Cómo definiría y en qué consiste el modelo económico que vive el Ecuador?


Posiblemente la mejor manera de identificarlo sea como “estatista desequilibrado” pues ha impuesto un esquema de intervención pública directa en muchas actividades, ha multiplicado la presencia del Estado en la economía, y lo ha hecho creando o profundizando, según sea el caso, los desbalances macroeconómicos, especialmente fiscal y externo.


El país vive un esquema que busca generar crecimiento económico a partir de la explotación de recursos naturales como proveedor de ingresos para financiar un alto y desproporcionado nivel de gasto público, que incentiva de forma sistemática el consumo. No obstante la retórica oficial (vamos hacia una economía post-petrolera, el cambio de la matriz productiva, etc.), la realidad es que hoy el país depende más de la explotación de recursos naturales que en la década pasada.


Los indicadores son elocuentes y no dejan espacio para la duda. Incluso esa abundancia petrolera complementada por las considerables contribuciones tributarias de empresas y personas no alcanza, lo cual produce una presión en el endeudamiento público que se ha duplicado en apenas cuatro años.


Aunque también se financia inversión pública (el clásico “pero miren las carreteras”), lamentablemente su aporte no ha servido para motivar o generar inversión privada, cuya contribución al desarrollo es cada día de menor impacto. De esta forma, la dependencia de la viabilidad del modelo descansa en la capacidad pública de incrementar su presencia y no de la acción provocada por los agentes económicos privados.


Esta debilidad, que ha sustituido la inversión privada por el endeudamiento público, sumada al profundo desequilibrio de la balanza comercial no petrolera que llega al 10% del PIB, auspiciada precisamente por el gasto público cuyo control se pretende realizar con medidas proteccionistas, son las principales fragilidades funcionales y estructurales del modelo.


La concepción de la política económica marca una línea de acción en la cual todo proyecto de valor relevante descansa en la evaluación de su viabilidad y gestión directa de algún organismo o empresa pública y sólo de forma complementaria en la acción privada. Las ideas nacen exclusivamente de la planificación pública y se nutren del abundante gasto público.


¿Cómo entender un cambio de matriz productiva hacia la energía hidroeléctrica anunciando a la vez la explotación de parte del Yasuní?


La raíz del dilema sobre la explotación o no de estos campos radica en la visión de la política fiscal. Desde el inicio de la gestión actual el gobierno y algunos ambientalistas sostuvieron la tesis de que el ahorro público era inconsistente con la cobertura de las enormes necesidades sociales. La famosa frase -dilema falso por supuesto- “de que sirve ahorrar si la gente se muere de hambre” fue el lema de la política de gasto que terminó con los incipientes fondos de estabilización e incluso llevó a la utilización de las reservas internacionales. Ahora, cuando el gasto ha desbordado todo límite y se ha convertido en un problema complejo, el Estado mira opciones y ahí cae el Yasuní.


Esto era precisamente lo que se podía evitar con un manejo riguroso de los excedentes producidos por el gran aumento del precio del petróleo, pero no se lo hizo. Se desoyeron las opiniones y advertencias, se mofaron de los conceptos de “escasez y prudencia” y llegó la hora de las definiciones que sin duda ocasionan dolor.


Algunos van a tener que reconocer que el respeto al manejo equilibrado de las cuentas públicas es un camino que si puede asegurar la defensa de la naturaleza y ofrecer solución a la pobreza. El otro, el de los desequilibrios, no.


Los proyectos hidroeléctricos constituyen un elemento positivo para el mejoramiento de la matriz energética. Lo que debe cuidarse es la no utilización de esta nueva energía para recrear los subsidios que tiene ya el presupuesto.


¿Se puede vender petróleo no producido de manera anticipada? Me explico, ahora se vende petróleo de campos en plena producción pero podría comprometerse producción no extraída como sería el caso de los campos del Yasuní.


La posibilidad existe pero no hay muchas fuentes a las cuales se puede recurrir. El país en ese sentido tiene enorme dependencia en pocos proveedores de recursos financieros precisamente por el antecedente creado con la declaración unilateral de la deuda como ilegítima en el año 2008.


Bajo esas limitaciones que encarecen de forma importante el costo de los créditos, si hay chance pero obviamente las condiciones serían complejas pues para empezar el plazo y la forma de pago implicaría un período de gracia extenso, digamos cuatro años, que es el período necesario para poner en producción estos campos. Las garantías y compromisos con seguridad serían diversos y muy rigurosos, en especial vinculadas con la necesidad de mitigar los riesgos de un posible incumplimiento o una decisión unilateral de desconocimiento de la obligación.


¿Cuál es el poder de la usura en el Ecuador, su influencia y qué se debe hacer para formalizar y bancarizar a los ciudadanos?


Las noticias recientes sobre grandes bandas dedicadas a la usura con violencia son altamente preocupantes. Los mercados informales se han multiplicado y son ya una lacra social. Forman parte de la escalada de violencia que vive el país. Constituyen una señal clara de que bajo las condiciones actuales de restricción financiera impuesta por el gobierno, hay segmentos de la población desatendidos por el sistema financiero formal. Ni siquiera las cooperativas a las que tanto apoyo se le brinda atienden o pueden atender este mercado.


Esta falta de acceso al crédito no ocurre por decisión del sistema financiero, sino porque no es económicamente viable atender a ciertos segmentos de clientes bajo los límites de precios y tasas de interés impuestos. La solución radica en revisar la política financiera para eliminar o reducir las restricciones financieras a fin de que las instituciones bancarias especializadas en el micro crédito, de consumo y producción tengan nuevamente incentivos para volver a cumplir su rol activo, que dio estupendos resultados en años anteriores y combatió en su propio terreno a estas bandas, minimizando su existencia, al incorporar cada vez más personas al circuito económico formal.


DESTACADO


La usura se ha multiplicado. Es lacra social. Resultado de restricción financiera impuesta por gobierno



Colaboración

Editorial Diario EL COMERCIO

Septiembre 5 del 2013

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