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Pesca tributaria

El respeto a la privacidad es un derecho innato del ser humano y por lo tanto constituye una obligación de los Estados. Por eso se lo cuida con esmero y los gobiernos tienen acceso calificado a la información financiera de sus ciudadanos, es decir puede acceder siempre que cumpla los preceptos específicos que se expresa en la Ley, pues su uso debe estar limitado al cumplimiento de un objetivo plenamente identificado como puede ser la verificación del origen licito de los recursos, la presunción de un fraude fiscal, el financiamiento de actividades subversivas o terroristas.


De esta forma el sigilo bancario cumple su papel de protección y las autoridades disponen del mecanismo mediante el cual se aseguran que las empresas y personas realizan sus actividades de forma segura y enmarcada en los principios que gobiernan un país. Es, por lo tanto una norma casi universal que forma parte del credo político del mundo moderno. Así actúan los países miembros de la OCDE.


Las autoridades tributarias, en el caso ecuatoriano las del SRI han utilizado estos principios desde épocas inmemoriales. Los artículos 88 y 91 de la Ley General de Instituciones Financieras le confieren el derecho a disponer la información de aquellas personas, sean naturales o jurídicas, sobre las cuales se realicen auditorias tributarias. Solo tienen que hacerlo de forma individual y razonada. Un juez también puede hacerlo o si quieren la Contraloría del Estado.


Pero es totalmente distinto y desnaturalizante pretender que todos los meses se le entregue la información detallada de todas las operaciones y transacciones hechas por los siete millones de clientes de la banca a través de cualquier medio o mecanismo de pago, como cheques, depósitos, créditos, operaciones electrónicas, como lo dispuso el SRI el 8 de marzo a través de una resolución conocida como ROTEF y, a la cual la banca se negó a hacerlo por respeto a la privacidad legalmente establecida, que luego fue confirmada y respaldada por la Junta Bancaria.


Bueno, ahora esto quieren legalizarlo en la décima reforma tributaria que discute la Asamblea, poniendo al aire libre los asuntos personales que con tanto afán los defendieron para echar al traste un vital instrumento de calificación de crédito como es el Buró Crediticio.


El 88% de los ecuatorianos no están de acuerdo con esta reforma. Saben, presienten, que sólo servirá para la pesca indiscriminada de personas por parte del SRI, que se convertirá de esta forma en una Gestapo Tributaria y ocasionará con ello una actitud defensiva de los ciudadanos y empresas que preferirán manejar mayores cantidades de dinero en sus manos, a pesar de los peligros de asalto, retirando parte de los depósitos y llevando con ello a disponer de una sociedad con mayor informalidad económica.


DESTACADO

El 88% de los ecuatorianos sabe que la eliminación del sigilo bancario servirá para la pesca indiscriminada del SRI.


Colaboración

Editorial Diario EL COMERCIO

Noviembre 7 del 2012

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