Inquietudes nacionales
¿Cómo organizar el gasto público para que sea de calidad, no se desperdicie en gastos corrientes y se emplee el dinero en sectores de impacto social y generación de empleo?
La Ley de Responsabilidad Fiscal, establecida como parte del programa de consolidación y sostenimiento de la dolarización, instituía una serie de parámetros y controles del gasto público. Había topes, se fijaban límites para el déficit no petrolero e incluso existía una tabla de aproximación a su equilibrio a fin de construir una matriz fiscal estable y predecible. Era una ley severa pero que garantizaba el manejo responsable y coherente de los recursos públicos. Lo tienen la gran mayoría de países del mundo.
Esta ley se completaba con la de Fondos Petroleros (calificados como ingresos de capital) que fijaba el destino de estos recursos, en especial para circunstancias imprevistas.
Lamentablemente estas y otras de control fiscal dispuestas desde los años ochenta fueron eliminadas con la expedición del Código de las Finanzas Públicas, en el cual se incluyó una sola relación: los gastos permanentes serán cubiertos por los ingresos permanentes, salvo casos en los cuales el ejecutivo considere que deban utilizarse recursos extraordinarios.
La ecuación opera de forma directa: si los gastos son excesivos hay que aumentar los impuestos para cubrirlos. O, utilizar el endeudamiento mediante la reclasificación de partidas dentro del concepto de “inversión pública”. La ley no ofrece ni cuida el principio de escasez ni el de prioridad. Por eso ahora incluso el presupuesto puede aumentar hasta un 15% sin que nadie medie o autorice.
Si el Gobierno pone en práctica el plan B para extraer petróleo en la Zona del Yasuní ITT, cuántos recursos puede obtener?
Las estimaciones conocidas indican que las reservas probables serían del orden de los 920 millones de barriles de petróleo pesado de 14 grados API. Los datos publicados señalan que la producción diaria podría alcanzar un poco más de 100.000 barriles, con lo cual usando los datos del mercado petrolero actual, el monto de recursos que se podrían obtener de su explotación petrolera serían de 65.000 millones de dólares.
En términos anuales el país dispondría de 2.600 millones de dólares de ingresos totales, de los cuales se deben descontar los costos de producción y transporte, que una parte también se quedarían en el país y las utilidades de las compañías petroleras.
La propuesta ecológica del gobierno para no explotar estos campos es obtener por lo menos 3.600 millones de dólares, o lo que es lo mismo recibir cuatro dólares por barril.
El TLC del Perú con Canadá entro en vigencia en 2009. El próximo Agosto lo tendrá Colombia. ¿Existe un costo de oportunidad para el Ecuador?
Canadá importa 400.000 millones de dólares cada año. De esos 250.000 provienen de EEUU y 75.000 de otros países distintos de la Comunidad Europea o de miembros de la OCDE.
Las necesidades de productos agrícolas y pesqueros, en los cuales competimos palmo a palmo con Colombia y Perú, son muy altas. Importa 30.000 millones de dólares en estos productos, además de 11.000 millones en textiles y 46.000 en otros productos de consumo. Es, por lo tanto un mercado muy importante y poco conocido por los medios de comunicación.
La existencia de los TLC con nuestros vecinos nos excluye de la posibilidad de competir en ese mercado. Los diferenciales de arancel crean una barrera difícil de superar. Colombia puede exportar más de mil millones anuales a Canadá. Y le comprará trigo, soya, cebada en condiciones preferentes.
¿El país podría contar con fuentes de financiamiento para su deuda menos costosas y comprometedoras que las de China?
Por supuesto. Solo piensen en las tasas que pagan ahora Perú y Colombia en los mercados internacionales. Giran alrededor del 2%. El problema es que estamos enajenados por la declaratoria unilateral de la deuda como ilegal e ilegítima.
El Banco Mundial y el BID también tienen fondos baratos y de largo plazo. Obviamente hay que tener buenas relaciones con ellos para poder acceder.
¿Cuál es el modelo que aplica el Ecuador: socialista, capitalismo de estado, libre empresa?
No creo que sea un modelo puro y perfectamente identificable. Tiene mucho de populismo de estado mezclado con un creciente intervencionismo público. Existe poco respeto al orden jurídico. No mantiene una política regulatoria ni demuestra cercanía o por lo menos simpatía por la libre empresa y la economía de mercado. La busca cuando la necesita o tiene problemas.
Las raíces ideológicas, si las tiene o se las puede calificar como tales, se enmarcan en la conveniencia política circunstancial del gobierno antes que en los conceptos. De esta forma, bajo el prisma político, condiciona y mide todas sus decisiones.
¿Por qué el Ecuador tiene una inversión extranjera directa muy pequeña si se compara con Perú y Colombia?
Por las decisiones que toma. En su mayoría cuestionan el tratamiento al capital extranjero. El país se ha vuelto poco amigable con ella. Los ejemplos sobran. Veamos el caso de los contratos petroleros. El gobierno se tomó cuatro años para renegociarlos y lo hizo de una forma poco condescendiente con los términos que estaban establecidos. Por eso algunas empresas, incluso públicas como Petrobras salieron del país.
Segundo, en la nueva constitución incluyeron un artículo mediante el cual se prohíbe la existencia de tratados o convenios mediante los cuales el país se somete a un arbitraje internacional. El caso del CIADI y la denuncia realizada por el país a su membresía, marca la línea de política sobre la inversión.
De ahí que la notificación de conclusión de los tratados bilaterales de protección a la inversión sea parte de esta concepción y forma de relacionarse con el capital externo.
Pensar en un mecanismo legal nacional que sustituya esta normativa, como consta en el Código de la Producción, es simplemente desconocer la forma como actúa el capital internacional, cuyas alternativas de inversión son numerosas, más seguras y rentables.
DESTACADO
El modelo económico en aplicación tiene mucho de populismo de estado mezclado con un creciente intervencionismo público.
Colaboración
Diario El Comercio
30 de Junio del 2011