Inquietudes nacionales
El Gobierno decidió aumentar el salario básico. Como siempre ocurre los empresarios y los trabajadores se muestran disconformes. ¿Puede sustentar la economía nacional este incremento, es igual el caso para todos los rubros de la producción?
El problema radica en la forma como se establece esta decisión. No hay referencias objetivas para la discusión. Simplemente se abre un regateo en el cual las partes no analizan la evolución de la productividad, el impacto en el empleo, los efectos en la competitividad, las derivaciones en la inflación y las consecuencias del consumidor.
Se busca un incremento para los trabajadores formales, que disponen de un empleo, pero se omite estudiar el daño que ocasiona en la economía informal al desestimular el uso de la mano de obra en empresas establecidas bajo las leyes en vigencia.
Una de las causas de la estructura tan mala del mercado laboral radica precisamente en esta manera anti técnica de fijar los salarios. Ahora, las secuelas incluso son más profundas pues se uniformó el salario mínimo sin considerar los distintos niveles de productividad por rama de actividad y por tipo de organización empresarial. No es lo mismo un artesano a un gran industrial, o a un agricultor o una familia que necesita trabajadora doméstica.
Muchas empresas seguirán pagando los valores mínimos establecidos, pero con certeza dejarán de contratar nuevos o lo harán de forma muy marginal. El continuo encarecimiento de la mano de obra al compararla con su rendimiento conspira con el gran objetivo nacional de crear oportunidades de trabajo estable para los desocupados. El uso de tecnología sustitutiva de la mano de obra se incentiva de manera natural con estas decisiones.
El gobierno, los sindicatos, los dirigentes de gremios deberían revisar la estructura del mercado laboral a lo largo de toda esta etapa de fijación de salarios para comprobar que el desempleo, el subempleo, siguen presentes e incluso se han agravado.
Los primeros resultados del censo dicen que cambiaron las relaciones de crecimiento, zonas productivas y características económicas. ¿Los cambios en Quito y Guayaquil qué significan y a qué se deben?
La única información disponible, o por lo menos a la cual he tenido acceso se refiere al número de establecimientos-digamos en otros términos de empresas o unidades económicas- existentes en el país. No se sabe el tamaño de ellos, su capacidad económica, el valor de la producción generada, la mano de obra ocupada, para poder extraer conclusiones razonables sobre los cambios que han ocurrido en la estructura, geográfica y económica, del país.
Hay 542.000 establecimientos-empresas, tiendas, unidades de comercio o producción-, de las cuales el 54% están ubicados en las provincias de Guayas y Pichincha. Azuay tiene el 7% y las demás provincias porcentajes menores. Quito es la ciudad con más establecimientos: 92.000. Le sigue por supuesto Guayaquil con 90.000 y Cuenca con 29.000.
El comercio aglutina igualmente la gran mayoría con el 55% y otros servicios el 13%, pero el Censo no ofrece información sobre establecimientos de algunas actividades como por ejemplo la agrícola. La industria manufacturera representa el 8%, indicador compatible con su aporte al PIB nacional. Mientras Galápagos, por otro lado, tiene la mayor densidad de establecimientos por cada 10.000 habitantes: 590.
Para equilibrar la balanza comercial el gobierno anuncia incrementos en aranceles de los autos. ¿Es la medida correcta, cómo puede afectar al sector automotor?
Es la clásica receta cuando no se quiere abordar las causas reales. El problema de fondo de la balanza comercial radica en la agresiva política de gasto fiscal, que desborda toda relación, inyecta dinero en el bolsillo de muchas personas y genera una demanda de todo tipo de bienes. Sólo basta mirar los conglomerados humanos de toda clase social en los centros comerciales, que adquieren lo que necesitan y no necesitan. Gastan a manos llenas.
Si el gobierno tendría una visión mucho más equilibrada de su papel en la sociedad, distribuiría de forma más equitativa y racional los recursos, guardara los excesos, la balanza de pagos no tendría problema. Pero si insiste en su línea de gasto, es obvio que deberá imponer restricciones arbitrarias a las importaciones. El aumento del arancel a los vehículos tendrá un efecto marginal y no corregirá el desbalance. Genera de hecho una protección adicional a las empresas nacionales que actúa en contra del consumidor. Ya vendrán nuevas restricciones, típicas, en las cuales primará la visión de prioridades de algún funcionario y no el derecho del consumidor a escoger lo que desee.
Indiscutiblemente el país también tiene un grave problema con el crecimiento del parque automotor que no es sostenible en un mediano plazo, pero su corrección pasa por la toma de un sinnúmero de decisiones que desestimulen el uso tan generalizado de un vehículo para transportar a una persona, por el uso de transportes públicos seguros y apropiados.
Cada año el Estado, por ineficiencia no cumple con el presupuesto en su totalidad. ¿De qué márgenes estamos hablando y cuánto puede incidir en los requerimientos de nueva deuda este dato?
Estimaciones últimas sobre la ejecución del Presupuesto del Gobierno del año que terminó ayer, determinan que los gastos corrientes superaron el valor inicial. Las razones están en los aumentos de sueldos hechos por encima de los porcentajes inicialmente previstos, así como el pago de obligaciones que no fueron contempladas. En número redondos se calcula que los gastos corrientes serán de 10.200 millones de dólares frente a los 9.800 programados.
Lo contrario sucede con las inversiones públicas. La ejecución no pasará de los 5.400 millones ante los 7.000 establecidos en el presupuesto original. Dos razones explican lo dicho: lenta ejecución de ciertas obras y carencia de financiamiento. Por ello, el déficit original de 3.000 millones termina en 1.400 millones de dólares.
Para este año 2011, el presupuesto inicia con un déficit de 3.700 millones y una necesidad de financiamiento de 5.300 millones de dólares. El resultado final de la ejecución presupuestaria dependerá básicamente del cumplimiento del plan de inversiones públicas (7.350 millones de dólares). De cualquier manera, este déficit es muy grande y representa el 6% del PIB, y además existe a pesar de las extraordinarias condiciones de precio del petróleo en el mercado internacional.
DESTACADO
Si el gobierno tendría una visión equilibrada de su papel en la sociedad, guardara los excesos, la balanza de pagos no tendría problema.
Colaboración
Diario El Comercio
29 de Diciembre del 2010