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Inquietudes nacionales

¿Cuáles son los puntos sensibles en el proyecto de Código de la Producción?


El tema central radica en la creación de subsidios, directos e indirectos, para impulsar la producción. Así se resume el corazón del proyecto. Por ello, desde un comienzo es indispensable afirmar que los subsidios son válidos y deben servir sólo para atender a los pobres. Es inaceptable establecer beneficios, protecciones, incentivos tributarios a grupos económicos, empresas, grandes o pequeñas, bajo un lema de promoción de la producción, porque en la realidad son subsidios, o si se quiere decir con más claridad todavía, sacrificios que realiza toda la sociedad para sostenerlas.


Todo trato tributario que favorezca a una actividad es un renunciamiento de los derechos que tiene el Estado a favor de aquellos que lo reciben. De esta manera se da preferencias a un grupo de empresas y personas que tienen recursos, a costa de recargar la mano tributaria a todos los demás, quienes a la larga deben cubrir la brecha que este privilegio ocasiona.


En el caso de la imposición de aranceles más altos para protegerles de la competencia internacional y artificialmente volverlas competitivas a las actividades escogidas, el subsidio aparece en la contribución directa (sacrificio) que hace el consumidor al pagar precios más altos de los que podría tener si el Estado respetara los principios de competencia y eficiencia.


Por eso, la política de protección, que fue tan difundida en América Latina hace algunas décadas, no consiguió poner a la región en una posición internacional competitiva. No resolvió los problemas de inequidad y colapsó por cuanto había incubado inversiones ineficientes que para mantenerse requerían del apoyo directo y permanente del Estado. A esto se le conoce como la vieja teoría de la “industria infante” que nunca maduró. Y hoy en nuestro país vuelve a renacer.


El desmantelamiento de esta estrategia fue doloroso. Tomó algunos años. Llevó a algunos países a posiciones extremas, pero finalmente para la gran mayoría de países de la región se halló un modelo equilibrado en el cual conviven las reglas de mercado competitivas y la presencia de un Estado regulador que ofrece estabilidad y certeza.


Las actividades privadas, con las salvedades excepcionales que se dan en cada país, no necesitan de la protección del Estado. Si son sanas y se manejan con responsabilidad, crecen vigorosamente en un ambiente abierto y de competencia. La responsabilidad básica del Estado es asegurar la existencia de una sociedad que goce de estabilidad, en lo político y económico, predecible, seguro en lo jurídico. Nada más.


Estos planes de protección y promoción son caros e ineficientes. El SRI ya dice que costará cada año 380 millones, lo cual significa un aumento en el 10% de los subsidios actuales. Se pueden imaginar los planes sociales que cabrían con ese dinero. Y no hablo de los de asistencia que tanto gustan a los políticos, sino de aquellos cuya configuración permiten resolver las verdaderas causas de la pobreza. Ofrecer buena educación y disponer de un buen sistema público de salud. Con ese monto todos los niños pobres tendrían una computadora personal.


Ampliar el proteccionismo, que ya lo hizo este gobierno en sus primeros meses de gestión en su afán de abaratar el ingreso de máquinas (bienes de capital) a la par que encareció ciertos productos terminados, es una línea de política que favorece a los estratos ricos. Les da a ciertas industrias más armas para producir sin ser eficientes y por esa vía auspicia la existencia de sobrecostos que los paga el consumidor, es decir todos.


Obligar a que las actividades privadas sean eficientes es socialmente más justo. Es más, fortalece la seguridad en las empresas que se consolidan mientras compiten. Los trabajadores reciben mejores salarios y la pobreza se reduce.


Esto, en resumen se ve en muchos países de la región. Sólo den una mirada a Chile, tan de moda por sus mineros, y verán como han avanzado aplicando estos principios. Uruguay es otro ejemplo socialista responsable. Brasil, Perú, Colombia son otros ejemplos.


Por todo lo anterior, las actividades privadas, sus dirigentes deberían pedir que este Código no se lo tramite y a cambio el gobierno ofrezca certidumbre en su política económica. Pare ya de tanta reforma tributaria. Respete la inversión privada. Respete los contratos. Gaste menos y mejor. Deje de usar los salarios como arma política. Y con ello el verdadero plan de promoción de la producción estaría siempre en pie.


El salario digno tal como lo conciben será un bumerang del propio empleo. Las empresas pequeñas, aquellas que tienen mucha mano de obra tendrán dificultad en mantenerse. Dejarán de crecer. Buscarán tecnificarse y botar trabajadores. ¿Eso quiere el gobierno?


Se podría contra argumentar que el proyecto busca explotar ciertos nichos productivos al impulsarlos con estos incentivos. Algo es posible que se consiga aunque la dimensión con seguridad será reducida frente al sacrificio colectivo y la esperanza forjada.


Ello podría ocurrir bajo un paraguas de decisiones burocráticas opacas, con gran discrecionalidad, que siempre ha incubado corrupción, por lo cual la inclinación a invertir, como lo demuestra la teoría económica, será muy baja y la propensión a crecer y mejorar el empleo, marginal.


Puede el Ecuador demandar a Colombia frente a la OMC por malas prácticas de competencia al haber introducido subsidios a las exportaciones de flores que pusieron en desventaja a las ecuatorianas.


El Acuerdo sobre Salvaguardias establece normas para la aplicación de estas medidas (subsidios), entendiéndose a las previstas en el Art. 19 del GATT de 1994, que requiere un procedimiento de notificaciones y consultas previas a la aplicación de la decisión por parte del país miembro. En uno de los anexos al Acuerdo de creación de la OMC, al cual se adhirió Ecuador en 1996 y Colombia en 1995,consta la “Lista Indicativa de las medidas que han de notificarse”, entre las cuales están las subvenciones a las exportaciones.


Colombia debió cumplir este procedimiento. Si no lo ha hecho, Ecuador podría demandarla. Colombia lo hizo con Venezuela cuando restringió las importaciones. Ecuador también ha procedido igual en el caso de las exportaciones de banano a la UE.


Hay la opción de hacerlo ante el Tribunal Andino de Justicia bajo la normativa de la CAN. En definitiva, existe la posibilidad pero se necesita estudiar en detalle el tema para tomar una decisión responsable y segura.





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Colaboración

Diario El Comercio

28 de Octubre del 2010

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© 2020 por Alex C.