Se confirma la historia
En la Constitución de Montecristi se incorporó como uno de sus preámbulos la celebración a la naturaleza, la Pacha Mama, “de la que somos parte y es vital para nuestra existencia”. Para ello se establecieron disposiciones constitucionales, entre las cuales nos interesa citar las siguientes: El Art. 14: “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental…”
A esto se añade lo dispuesto por el Art.15 que dice:”El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.” Para finalmente en el Art. 71 ordenarse que “el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.”
Es difícil encontrar a un interlocutor que esté en desacuerdo con la mayoría de estos postulados, más allá de la imprecisión gramatical con la cual se los ha redactado. Es parte de la política moderna cuidar el medio ambiente. Hacerlo de manera responsable y no sólo como una expresión de intencionalidades carentes de hechos políticos que lleven a la práctica estos enunciados.
El Ecuador debe estar en los primeros lugares entre los países que generan obligaciones públicas y en uno de los últimos en cumplirlas. Ha sido campeón en construir derechos de la más diversa naturaleza, pero a la par ha sido un moroso consuetudinario en atenderlas.
En el caso de la defensa de los equilibrios ambientales y la equidad las contradicciones políticas son evidentes. Mientras por un lado se gestiona la construcción de un fondo internacional de compensación para la no afectación del Parque Yasuní con la explotación de los campos petroleros conocidos como ITT, por otro se da rienda suelta al despilfarro de todo tipo de energía con políticas de precios que son abominables con la conservación de un ambiente sano, la preservación de un patrimonio intergeneracional y la equidad.
El derroche de combustibles, que además de su cuantía favorece a los estratos que más tienen, demuestra cómo el gobierno profundiza las desigualdades sociales con esta forma de utilizar los recursos públicos tan regresiva que no tiene justificación alguna frente a las responsabilidades y obligaciones determinadas por la constitución manabita. Claro, cumplir estas normas tiene por supuesto un costo político, y eso si prevalece frente al bien común. Además, este dispendio da el mensaje de quemeimportismo del patrimonio de las generaciones futuras. Se confirma la historia.
DESTACADO
El Ecuador está entre los primeros que generan obligaciones públicas y de los últimos en cumplirlas
Colaboración
Editorial Diario EL COMERCIO
Septiembre 17 del 2009