Inquietudes nacionales
A muchas personas les parece equitativo y socialmente justo el anuncio del Presidente Correa sobre la imposición de más impuestos a los sectores con mayores ingresos. ¿Usted qué opina?
Ese principio existe desde hace mucho tiempo. No es una invención de este gobierno. Ya se lo aplicaba en el sistema tributario desde tiempo atrás. La teoría económica lo tiene como un precepto desde hace muchos años. El problema es saber calibrar la progresividad de tal forma que sea socialmente justa y no una muralla que atente contra la dinámica de una sociedad que requiere crear empleos para resolver los problemas de inequidad. El segundo problema es saber cobrarlo, y el tercero usar ese dinero con gran criterio social. Y en los tres frentes las limitaciones del trabajo fiscal son evidentes y conocidas.
La propuesta que está bajo análisis del gobierno, establece impuestos sobre rentas que ya pagaron su tributo. Son “albarda sobre albarda” que desvirtúan el principio de generar una obligación con el Estado sobre un hecho que produjo riqueza. No hay que olvidar que los impuestos directos, entre los cuales el emblemático es el de la renta, sólo se aplican sobre rentas creadas. Por eso las empresas pagan el 25% sobre las utilidades a distribuirse y los accionistas ya no tienen que hacerlo porque ese dinero ya pagó su obligación nacional. Este es un principio universal de tributación.
Aquí se busca con algún grado de anarquía y duplicidad volver a cobrar sobre la misma base para tener simplemente más ingresos de los contribuyentes que siempre pagan y con ello satisfacer el apetito fiscal. El efecto será contrario a lo que se busca pues tasas excesivas desestimulan la capitalización de empresas y crean incentivos hacia el endeudamiento para liberar los capitales y disponer de ellos en proyectos que tengan menor carga tributaria. Además establecer castigos a capitales que han ingresado al país porque provienen de paraísos fiscales es cerrar una puerta al desarrollo nacional. Lo que interesa es que esos capitales generen empleo y paguen impuestos sin importar de donde vengan, bajo la condición de asegurarnos que son recursos lícitos.
Ver esto al revés sólo trae pérdida de oportunidades y mayores opciones de pobreza. Igual ocurre con el impuesto a la salida de capitales que en la práctica se convierte en una contención al ingreso de divisas para dedicarlas a proyectos que generen empleo.
La reforma parece progresiva pero sus resultados serán socialmente regresivos. Producción, inversión y precios serán afectados. Castra el progreso.
¿Cuánta razón tiene el Primer Mandatario cuando justifica las medidas arancelarias contra Colombia?
Creo que muy poca. Si se analiza el comportamiento del tipo de cambio del peso colombiano a lo largo de los últimos años se encuentra con algunas características que merecen puntualizarse: Colombia tiene en ejecución una política económica con control central de la inflación que le ha llevado a revaluar su moneda, lo contrario de devaluar, desprotegiendo su producción frente a la competencia internacional, a la par que pone en aprietos a los sectores exportadores que reciben un cambio monetario cada día mas apretado y comprometedor con los objetivos de eficiencia y productividad. Es un modelo muy duro que reta a la creatividad y fomenta la disciplina.
El esquema cambiario de Colombia es idéntico al de Chile. La conducta de los dos pesos es casi calcada. Lo han revaluado desde hace varios años y durante los últimos meses del año anterior tuvieron que cambiar de estrategia por la crisis internacional, pero nuevamente están en su carril de disciplina. Ahora los tipos de cambio vuelven a alinearse y no generan ventaja aparente o irreal a favor del comercio de sus productos.
Entonces, como entender que el Ecuador eliminó todos los recargos arancelarios con Chile, mientras creó esta salvaguardia con el país del norte. ¿Dónde está la lógica?
¿Cómo podría afectar a los importadores y exportadores ecuatorianos un posible conflicto con Panamá por la declaración del Presidente Correa contra los paraísos fiscales?
El Ecuador compra aproximadamente 500 millones de dólares anuales a Panamá y exporta, dependiendo del año, hasta 900 millones. La balanza es favorable con una presencia muy importante de ventas de petróleo.
Desde ese punto de vista, salvo que se impongan restricciones directas a este comercio, no veo una posible afectación derivada de la política nacional hacia los denominados paraísos fiscales.
Si Panamá aplica la ley de la Retorsión, los efectos dependen de la dureza de la retaliación: puede empezar por prohibir a empresas ecuatorianas que tengan contratos con el Estado Panameño, puede ampliarlo a contratos privados, o finalmente puede imponer recargos a las tasas por uso del Canal de Panamá. En este último evento, el impacto al comercio exterior nacional sería relevante. Más del 60% de las importaciones pasan por el canal y se calcula que el 25% de las exportaciones también lo hacen.
¿Qué consecuencias podría tener en la economía nacional un potencial crecimiento de la gripe AH1N1?
Depende de la gravedad de la epidemia y de las limitaciones que deban imponerse a las actividades nacionales.
¿Hay inconsistencias en la actitud del Gobierno frente al caso de los contratos de Fabricio Correa?
Son evidentes las dificultades que tiene el gobierno para explicar primero, justificar en segundo lugar y encontrar finalmente la solución a un tema que raya con la ética y la moral.
La gran mayoría de la población tiene claro el problema. Reconoce que el gobierno actuó mal e indebidamente y que no sabe como salir, sin costo político y económico, de este rollo.
Sólo le queda llegar a una terminación de común acuerdo de los contratos, liquidando los valores entregados con las obras realizadas, pero ese camino no es fácil recorrerlo por cuanto significa reconocer que las cosas no estuvieron bien hechas. Anular los contratos o darlos por terminados de manera unilateral tiene secuelas legales complejas que destapan reclamaciones de daños y perjuicios.
DESTACADO
La reforma tributaria tendrá efectos socialmente regresivos. Producción, inversión y precios serán afectados
Colaboración
Diario El Comercio
31 Julio del 2009