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Inquietudes nacionales

¿Qué problemas económicos traería a Honduras un posible bloqueo mundial en caso de que persistiera la actual situación?


Depende del tiempo que dure la medida y la eficacia con la cual se la pueda aplicar. Los bloqueos hacen daño a las dos partes, es decir tanto al país castigado como aquellos que tienen relaciones comerciales e inversiones comprometidas. Por eso su aplicación normalmente no es total. Además se desarrollan mecanismos alternos de operaciones encubiertas en los cuales los comerciantes buscan premios de lado y lado.


El bloqueo más que un castigo a un gobierno es un daño a un pueblo. En ese sentido es una medida contraria a los derechos humanos y su aplicación ha sido condenada por los organismos mundiales, alguno de los cuales hoy, la OEA, apoya lo que hasta hace poco era motivo de crítica acerba.


En el plano económico afecta aquella parte de la producción que no puede ser exportada o no encuentra un mecanismo de desfogue ilegal, y limita el abastecimiento de mercados de productos importados. Condiciona la producción industrial y la agrícola que requiere de materias primas o insumos importados. Florece la especulación.


Con la enorme presión internacional muchos creían que la condena y las sanciones iban a ocasionar un retorno inmediato del gobierno derrocado. No contaron con el repudio interno creado en contra del presidente depuesto y el apoyo al proceso electoral en marcha. La exclusión de una negociación abierta que incluya al nuevo gobierno cerró las puertas a una solución inmediata.


La economía en ese contexto pesa menos pues las nuevas autoridades de Honduras, contando con respaldo interno, han obligado a un cambio de estrategia por parte de los gobiernos que lideran una solución negociada al problema político. Razón antes que fuerza parece ser el camino.


¿Cómo puede incidir en el manejo económico del país la consolidación de una mayoría legislativa favorable al Gobierno?


El gobierno tiene definida su agenda económica. Busca implantar un sistema de amplia intervención del Estado en todo el espectro de actividades tanto económicas como de naturaleza distinta. Los conceptos de mercado, competencia, eficiencia no son afines o cercanos al esquema básico de política económica. En su reemplazo se imponen los controles de precios, la fijación de márgenes, la determinación de que productos o servicios ofrecer, la protección de actividades ineficientes a costa del sacrificio de los consumidores.


En su visión global el esquema es distributivo y no promotor. Busca cambiar la participación de las personas y las actividades en la generación de la riqueza nacional sin aliciente al crecimiento mediante la iniciativa privada sino a través del incremento de la acción estatal.


En ese plano la generación de empleo se vuelve compleja de ejecutar y el nivel de bienestar entra en un nivel conflictivo para los estratos pobres, a los cuales se los suple con subsidios generosos.


El Estado busca concentrar las decisiones y el uso de los recursos. Otorga poco espacio a la descentralización y trata de imponer más cargas tributarias a las unidades de producción, contradictorias en una etapa recesiva, con propuestas que llegan a un nivel esquilmante.


Bajo esas condicionantes, el nuevo bloque político poco podrá influir en un cambio de dirección económica. Sólo cuando la crisis se haga presente, o de signos de poner en peligro al sistema se podrá visualizar alguna modificación en la línea de gobierno.


¿Qué balance puede hacer sobre la actitud de los clientes de la banca respecto a la gratuidad de los servicios?


Normal. Las transacciones ejecutan sin alteraciones dentro de un ambiente de evaluación sobre las condiciones en que se pueden seguir ofreciendo esos servicios.


¿Por qué fracasó la intención gubernamental de que la banca privada pague la mensualización de los fondos de reserva?


Yo no lo veo de esa forma. La banca puede hacer muchas cosas para las cuales está preparada, pero no otras en las cuales no tiene la responsabilidad directa.


El pago de la alícuota del fondo de reserva es por su naturaleza una obligación directa e ineludible de las empresas contratantes de los trabajadores. No se diferencia del pago de los salarios quincenales o de los roles mensuales.


A nadie se le ocurrió, hasta estos días, pensar que para asegurar el pago de los salarios se tenga que recurrir a un intermediario estatal a fin de que verifique el cumplimiento de la obligación. ¡Sería un horror procesal!


De igual manera, pensar en hacerlo siguiendo un procedimiento en el cual el IESS hace de puente para transferir el dinero a las cuentas personales de los trabajadores en la banca, y con ello concluir el trámite para recibir esta alícuota del FR, no tiene sentido. ¡Sólo escribir el proceso ya cansa!


¿Qué pasa si una empresa se atrasa en este pago al IESS? El trabajador no recibe su parte a tiempo y ahí empieza el juego por averiguar quien se retuvo este valor. ¿Cuál es el culpable? En cambio, la empresa no tiene margen de maniobra al hacerlo directamente pues el trabajador le reclamaría dicho incumplimiento. Incluso puede plantear el reclamo ante el organismo público de control pertinente. Así actúa cuando no le paga la quincena o no se cumple cualquier otra obligación.


Sin embargo, si se insistiera en esta línea de pago tan enredada y costosa, significa para los bancos tener más clientes, pues sólo el 35% de los afiliados tienen cuenta. Pero para el IESS implica una responsabilidad que con seguridad no puede hacerlo ya que su sistema informático es limitado.


¿El caso Isaías puede tomar otro rumbo con las demandas presentadas en Florida por el ex gerente de la AGD y la familia Isaías?


No se si otro rumbo pero es posible que abra la puerta a ciertas acciones jurídicas que pongan más elementos de inseguridad legal a las ya existentes en la venta de las compañías incautadas.


El tema jurídico internacional es delicado, complejo y especializado como para ofrecer una respuesta concreta. Recuerden el caso del Banco Continental que aún no tiene sentencia. Me imagino que los directivos de la AGD midieron los riesgos involucrados.



DESTACADO


El gobierno tiene una agenda económica de amplia intervención directa del Estado en todas las actividades nacionales.



Colaboración

Diario El Comercio

16 Julio del 2009

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