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Inquietudes nacionales

¿Por qué es -o debería ser- una buena noticia para el país que la mayoría de tenedores de bonos 2012 y 2030 haya aceptado la propuesta gubernamental?


Por cuanto consiguió un porcentaje de acreedores importante que según el gobierno aceptó canjear estos papeles por dinero en efectivo con un descuento del 65%. Eso significa una reducción de la deuda pública externa y un efecto positivo en el valor patrimonial público. Minimiza, aunque no excluye la posibilidad de enfrentar juicios internacionales.


Este efecto positivo inmediato tiene un costo muy alto pues la contraparte es el cierre de los mercados internacionales de capitales para el Estado, que no podrá obtener recursos cuando enfrente apremios y deba financiar sus necesidades fiscales o de balanza de pagos futuras. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque el país, que por definición carece de ahorro interno suficiente y necesita de los créditos externos, se apartó de las normas internacionales establecidas en el 2004 para obtener una reestructuración justa de sus obligaciones, dentro de ciertos principios que aseguren el mantenimiento de flujos futuros estables de capitales mundiales al Ecuador.


Estos principios reconocen la existencia de situaciones económicas y sociales críticas de los países emergentes que justifican la necesidad de establecer reducciones importantes al servicio de la deuda sobre la base de: 1) Trato justo y no discriminatorio entre los acreedores; 2) Diálogos abiertos y transparentes. 3) Entrega de información que permita reconocer la existencia de problemas relevantes del deudor. 4) Respeto incondicional de los contratos; y, 5) Actuación de buena fe y apoyo voluntario de los acreedores.


En la recompra se hizo caso omiso de estas normas y el planteamiento radicó en una posición unilateral de ilegitimidad e ilegalidad -ahora reconocida de valor parcial- de la deuda escogida para esta transacción. Los acreedores estuvieron sometidos a un dilema forzado: aceptar la propuesta o litigar para recuperar su inversión.


Para las actividades privadas -léase producción y empleo- este hecho también tiene costo pues ocasiona una reducción de las líneas de financiamiento, plazos restringidos y el encarecimiento en su utilización, que a la larga se convierten en obstáculos del desarrollo y de la solución de los problemas sociales que la recompra aduce atender.


¿Por qué es un buen negocio -en caso que lo fuera- ser tenedor de esos bonos?


Es un negocio de alto riesgo ya que está vinculado con papeles catalogados como basura en el mercado secundario, es decir en aquel que realiza operaciones con documentos que ya fueron negociados con anterioridad y que por alguna razón los tenedores del momento quieren deshacerse de ellos. Es por naturaleza un mercado de especuladores que aprovechan las variaciones de precios ocasionadas por declaraciones públicas imprudentes o provocadas, que luego se rectifican y permiten obtener pingues ganancias. Aquí florecen grupos -tipo piraña- que buscan precisamente usufructos altos litigando con los estados acreedores que incumplen sus obligaciones.


Lo que también se ve es que los inversionistas originales, la mayoría de los cuales son institucionales y por lo tanto muy serios en el manejo de sus negocios, que adquirieron estos bonos a la par, o con cotizaciones incluso que tenían un precio superior a ella, tienen pérdidas cuantiosas que les lleva al cierre de operaciones ante cualquier nueva opción que emita el país.


¿Cómo evalúa la respuesta que ha dado la ciudadanía a la declaración patrimonial?


Es prematuro dar una respuesta pues las objeciones conceptuales y los temores al uso de esta información con propósitos políticos llevó a la presentación de recursos legales para declarar la inconstitucionalidad de la declaración.


La expectativa creada ha detenido un sinnúmero de proyectos de inversión especialmente de carácter personal. El sector de la construcción lo siente con bastante claridad. En una democracia tan juvenil y propensa a violaciones, a nombre de la cual se justifica cualquier decisión, es difícil sostener la tesis de que iguales procedimientos se siguen en otros países en los cuales las instituciones públicas son solventes, serias, respetadas y confiables. El SRI tiene mecanismos de control tributario modernos que no requieren de esta declaración, pero insiste en ella y asume una responsabilidad incluso sobre la seguridad de las personas.


¿Es verdad que la banca sacó USD450 millones durante la crisis? Si es verdad, ¿es una falta ética con el país?


Las preguntas que surgen de esta inquietud son: ¿De dónde sacó la banca esos 450 millones para mandarlos al exterior? ¿En dónde los tenía antes? ¿Acaso eran parte del encaje bancario? ¿Vendió activos físicos o liquidó inversiones nacionales? ¿Quién compro esos activos? ¿A lo mejor lo tenían en bóvedas? ¿Pero para qué guardaban un monto tan grande?


La cifra es tan alta que para ejecutar una acción de esta naturaleza el país habría sentido un remezón o casi un terremoto monetario. Y eso no ocurrió. Además no tiene sentido. Es mas, de los datos que publican las entidades de supervisión y control del sistema no se aprecia un cambio en las políticas de liquidez que protegen los derechos de los depositantes. Incluso se ve que hay bancos que han traído recursos para cubrir los retiros de depósitos.


Sin embargo es importante precisar que el sistema financiero es el único sector, incluyendo en este análisis al sector público que cuenta con el respaldo de un fondo de contingencia real, operativo, líquido y seguro que ha permitido enfrentar con éxito la reducción de los depósitos que ocurre desde inicios de diciembre pasado y que responde al déficit no cubierto que tiene la balanza de pagos. Este fondo líquido está conformado por inversiones tanto en el país como en el exterior.


El sólo pensar que no hubiera existido esta liquidez genera escalofrío, pues el país ya habría tenido una crisis bancaria. Por fortuna, las precauciones tomadas por las entidades privadas desde el inicio de la dolarización con la implantación de esta política, que se sostiene a pesar de los ataques que recibe, transmiten una sensación de tranquilidad a la mayoría de los depositantes.


DESTACADO


Sólo pensar que la banca no hubiera mantenido la liquidez genera escalofrío pues se habría producido una crisis.




Colaboración

Diario El Comercio

5 Junio del 2009

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