No más salvatajes

Ese es el argumento central de algunos asambleístas para sostener que el sistema financiero es un “servicio público delegable”, como si con ello se podría conseguir la garantía absoluta para que este tipo de hechos no se vuelvan a producir nunca más. Y es que la idea que sostiene esta definición se sustenta en la capacidad, me imagino que teórica o ideológica porque en la realidad no existe evidencia alguna en el mundo, que tendría el Estado para controlar de manera directa el funcionamiento perfecto de las instituciones que conforman el sistema financiero. El otro fundamento que también se cobija en esta definición es el descubrimiento de que el sistema financiero trabaja con dinero de los depositantes, como si eso fuera algo nuevo y exclusivo del país.

Reflexiones conceptuales

Si estos razonamientos tuvieran soporte en la realidad, nadie debería oponerse a esa definición porque el objetivo es no sólo loable sino que el Ecuador sería el país que encontró la fórmula que eliminaría del mundo uno de los problemas económicos más complejos de atención y solución: las crisis financieras. Lo cierto es que las crisis que se presentan de tiempo en tiempo dentro de una economía, y en los últimos años con mayor frecuencia no pueden ser evitadas sino sólo con buenas políticas económicas, que se sustenten en el cuidado de los principales equilibrios: fiscal, externo, monetario y de precios, para que las actividades de producción y consumo de los ciudadanos se las realicen de forma sana bajo condiciones que aseguren una conducta capaz de pagar los créditos que se contratan todos los días del año. Sólo en ese ambiente es posible minimizar los riesgos de crisis futuras, no de eliminarlas porque siempre hay un nivel de desconocimiento e incertidumbre presente en toda sociedad.

Debilidades probadas

Las políticas económicas están llamadas a amortiguar los ciclos que la actividad económica genera para que el crecimiento y el bienestar sean sostenibles a largo plazo. Caso contrario, cuando las políticas económicas impulsan los ciclos, expanden sus efectos de burbuja o recesión, generan daños e interrumpen los procesos de largo plazo.

Lo que ocurre en estos tiempos en los mercados financieros internacionales nos sirve para entender la complejidad de los dilemas que se presentan cuando las cosas no se atienden de forma oportuna y debida. A finales del 2006 se empezaron a ver los síntomas de la crisis inmobiliaria de los EEUU, pero no fue hasta agosto del 2007 en que ella explotó y puso en jaque la confianza y credibilidad de los bancos más grandes del mundo. En Inglaterra el nerviosismo llegó a una situación tan compleja que puso al banco Northern Rock en suspensión de pago, lo que encerró al Banco de Inglaterra en la disyuntiva histórica de tener que por primera vez garantizar a todos los depositantes de todo el sistema que opera en el país, para evitar un colapso que hubiera sido inmanejable y ocasionado pérdidas in cuantificables a los depositantes del sistema. El FED de los EEUU tuvo que hacer algo similar algunas semanas después para dar liquidez a los bancos con líneas de redescuento especiales para comprarles sus activos, llegando al punto de tener que realizar una operación de apuntalamiento de uno de los bancos de inversión más grandes, Bear Stearns, al que le inyectó 30.000 millones de dólares como mecanismo para facilitar una fusión con otro banco solvente.

Indiscutiblemente que parte de la responsabilidad por lo ocurrido lo llevan las instituciones contraloras del sistema financiero, así como se pueden encontrar malas prácticas administrativas de las propias instituciones privadas y los incentivos inadecuados provocados por malas decisiones de política económica, como aquellos derivados de falsas e inconvenientes bajas tasas de interés que promovieron operaciones hipotecarias desprovistas de buenos respaldos y con riesgos superiores a los normales, cosa que también podría empezar a ocurrir en el Ecuador con la reducción de los márgenes de respaldo de algunas operaciones hipotecarias.

Incentivos perversos

Si todo esto se pudiera evitar con una presencia directa del Estado el problema estaría resuelto, aunque los antecedentes del manejo del BNF o del BEV o de la CFN demuestran todo lo contrario; pero con la definición de “servicio público delegable” se está promoviendo un sistema que trabaje exactamente en la dirección opuesta, pues al tratarse de una actividad propia del Estado, que la delega al sector privado y que por consiguiente la puede revocar cuando lo crea conveniente, también el administrador privado tendrá el incentivo a devolver la delegación al Estado cuando considere que ya no es un buen negocio y le entregue los restos de la institución para que se haga cargo de los problemas y reembolse a los depositantes.

¿Porque ocurre esto? Simplemente porque con un sistema que sólo tiene una delegación del Estado, las responsabilidades no están perfecta e inequívocamente establecidas como debería ser para que las crisis no ocurran o sean por lo menos producto de hechos circunstanciales fuera de control y no de acciones deliberadas.

Condiciones fundamentales

De ahí que al hablar del sistema financiero es indispensable fortalecer la regulación y control, dentro de un marco de competencia responsable que obligue a tomar decisiones compatibles con los riegos y en defensa del cuidado de los recursos de los depositantes, y no dentro de un marco diluido que de lugar a actos cuestionables de alto costo social futuro. Por eso es indispensable centralizar las decisiones en los cuerpos directivos de las instituciones financieras, auditarlos con rigurosidad, pero no intervenir en las administraciones y peor en la asignación del crédito, pues eso fue lo que en parte llevó a la crisis del 99.

Reflexión final

Antes que creer que por ser un “servicio público delegable” se van a minimizar los riesgos de una crisis bancaria, es más importante centrarnos en lo saludable y prudente de las políticas económicas que el país adopte en el futuro, pues si seguimos con políticas pro cíclicas, es cuestión de tiempo para tener que afrontar nuevos períodos difíciles. Sino cree eso, pregúntese porque Chile si tuvo una severa crisis bancaria a principios de los ochenta-al igual que nosotros-cuando los precios del cobre y petróleo cayeron, y ya no en el 99-cuando nosotros reincidimos- en una nueva época de bajos precios de esos productos.

En esta columna nunca he tratado temas vinculados con mi actividad particular por razones evidentes, pero en esta oportunidad lo he hecho por la trascendencia nacional que puede tener una decisión equivocada.

DESTACADOS

Los riesgos de una crisis bancaria son menores con políticas económicas anticíclicas, saludables y prudentes.

La definición de “servicio público delegable” incentiva políticas que devuelven el encargo al Estado para el salvataje.

Colaboración Especial

Editorial Diario EL COMERCIO

Junio 11 del 2008