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Inquietudes nacionales

¿Qué seguridad jurídica tendrá el sistema financiero nacional privado cuando todos los organismos de control o relacionados son controlados políticamente?


Las mismas que tienen todas las demás actividades nacionales en este ambiente de irrespeto a los principios jurídicos que gobiernan una sociedad. Ni más ni menos.


La historia moderna de los países parecidos al Ecuador demuestra que la pérdida de autonomía política, administrativa y operativa de los organismos de control, conduce a una desestabilización general de la democracia y por supuesto de la economía, pues se pierden los contrapesos de opinión y gestión que son indispensables para la ejecución de una política abierta al diálogo y de una económica equilibrada, objetiva y creadora de valor social. La democracia significa, entre otras cosas, respeto a los derechos políticos, individuales, sociales, civiles, económicos, equilibrio de poderes y respeto a la labor de las instituciones encargadas de los controles políticos y económicos.


Los bancos centrales que pierden su personalidad y se someten al gobierno ven esfumarse muchas virtudes y fortalezas. En especial aquellas que se refieren al control del endeudamiento público y del manejo presupuestario, a la evaluación de las políticas económicas y sus resultados, a la fijación de mecanismos de política monetaria y financiera, e incluso a la elaboración certera de los indicadores macroeconómicos.

La politización de las decisiones económicas contribuye a deteriorar más el ambiente creado por la inseguridad jurídica, pues genera hechos vinculados con la conveniencia del momento y no con la del país.


Por eso cuando se hace la pregunta: ¿En un ambiente de incertidumbre jurídica será posible construir un país que ofrezca oportunidades de empleo y bienestar?, la respuesta se encuentra con bastante facilidad y no hay mucho esfuerzo en deducirla. Y sino veamos en carne propia la cosecha del 2007. El país crecerá entre el 1.5% y el 2% cuando a inicios del año se estimaba el 4.3%. La explicación nos conduce a encontrar como causas relevantes al retraimiento de la inversión privada y el mal manejo del sector petrolero. Y ello ocurrió a pesar de que las condiciones internacionales fueron o son extraordinariamente favorables. Que ofrecen oportunidades. Es decir, el país ha trabajado, como pocas veces ha tenido en su historia republicana, con el apoyo externo generalizado a casi todo tipo de actividad económica.



Obviamente con un crecimiento tan bajo, que le pone en los límites de la recesión, el desempleo vuelve a demostrar los daños sociales que se producen cuando la política violenta las bases que configuran una sociedad democrática.


¿Cómo se puede entender una administración militar para Petroecuador?


Si los argumentos que se han expuesto para justificar la decisión fueran lógicos, las empresas privadas dedicadas a la misma actividad no podrían realizar su trabajo ni ofrecer resultados salvo que fueran manejadas por empresas de seguridad y mandos militarizados, y eso no tiene ningún sentido ni refleja la realidad del mundo.


Para manejar bien a una empresa se requieren cumplir algunos requisitos fundamentales, entre los cuales se destacan: disponer de una buena organización, tener políticas internas que obliguen a mantener altos estandartes de eficiencia, contar con sistemas de control estrictos y contener una plantilla de ejecutivos y empleados serios, profesionales.


En Petroecuador esto no existe. Es una empresa colapsada que paga, vaya ironía, más de diez millones de dólares a las mismas FFAA para que le den seguridad, como lo hacen también las privadas, pero que no tiene capacidad para controlar su operación. Por eso es necesario volver a preguntar: ¿En donde quedó la tan reiterada reestructuración de la que hablaron?


Si en un momento determinado alguna empresa, pública o privada, ve amenazada su actividad con medidas de hecho ocasionadas por grupos violentos, el Estado tiene la obligación de prestarle todo su contingente para que ello se resuelva, pero no debe cambiar su papel de guardián del orden público –tarea de la fuerza pública- por gestor de una empresa productiva. Es una desnaturalización que crea conflictos conceptuales sobre el papel que cada entidad tiene en la sociedad. Las FFAA tienen sus obligaciones bien definidas y no deben ser distraídas en tareas extrañas. Ya antes cuando les encargaron de las aduanas se criticó con razón esta decisión, y la situación actual no es diferente.


¿Hasta qué punto, criterios como los del senador republicano Chuck Grassley, pueden predominar en el caso de la Atpdea para el Ecuador?


Esta es la visión de un político conservador que representa a una parte importante del pueblo norteamericano y que tendrá incidencia, espero que no sea definitiva o decisoria, en la forma como el congreso de ese país resuelva nuevamente sobre la posible ampliación de esta ventaja comercial para los países andinos.


La aprobación del TLC con Perú y la insistencia del gobierno porque el congreso trate los correspondientes a Colombia y Panamá puede trae, si ello se concreta, dificultades muy severas a la extensión del ATPDEA.


El gobierno ecuatoriano tiene relaciones con la firma Foley Hoag para que realice las tareas de apoyo político a fin de conseguir esta ampliación.


¿Se puede considerar que ya existen indicios suficientes para estimar que el Gobierno ya decidió la explotación del ITT?


No en este momento, pero por las declaraciones hechas últimamente y el tratamiento dado a Petrobrás con la autorización para que explote el bloque 31, se aprecia una inclinación favorable en esta dirección. Las razones son evidentes.


De otro lado es muy difícil encontrar donantes internacionales que estén dispuestos a entregar al Ecuador 350 millones de dólares anuales como compensación por la no explotación de este campo.


Por qué el SRI no esta devolviendo el correspondiente al IVA que por ley debe devolver a los exportadores?


Esta entidad siempre ha sido reacia o por lo menos ha demostrado una actitud muy severa en la devolución de impuestos pagados en exceso o que tienen derecho de ser reembolsados. De ahí que el aumento de las retenciones del impuesto a la renta del 1% al 2% decretado hace poco tiempo, está ocasionando problemas a empresas que no tienen una utilidad neta equivalente al 8% de las ventas y que ven en esta actitud del SRI un obstáculo adicional para el mantenimiento de sus actividades cotidianas.


La no devolución del IVA a las exportaciones les reduce su capacidad competitiva. Ningún país exporta impuestos.


DESTACADOS:


La pérdida de autonomía de los organismos de control, conduce a una desestabilización de democracia y de economía.


Las FFAA tienen sus obligaciones bien definidas y no deben ser distraídas en tareas extrañas. Recordemos caso Aduanas.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 7 del 2007

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