Inflación y protección
Dentro del programa económico presentado por el gobierno a inicios de esta semana se destacan algunos hechos que merecen ser comentados con particular interés. El primero es la aceptación explícita de que la aplicación de este plan provocará un rebrote inflacionario que puede llevarla al 3.7% del 1.5% anual actual. Esto significa que ahora la inflación, en un sistema cambiario tan rígido como es la dolarización ya no importa mucho. Se puede tolerar que suba, más que se duplique, se ubique muy por encima de la norteamericana, sin que ocurra algo malo a los ecuatorianos, sus economías y sus empresas.
El anuncio pone en entredicho la compatibilidad de la conducta de los precios con el esquema de dolarización, pues la aceptación de este rebrote luego de tantos años de dura lucha por tenerla en un plano internacional parecido, incrementará los costos de producción locales con una tendencia que dañará, en algún grado y con el tiempo, la competitividad de la producción nacional y pondrá en riesgo fuentes de trabajo por la pérdida de viabilidad de algunas empresas nacionales.
Con esta perspectiva, el ingreso real de los trabajadores también sufrirá desmedro y con ello se reincorporará a la vida nacional el peor impuesto regresivo que en los últimos treinta años colaboró en la destrucción, si alguna vez la hubo, de la precaria equidad social.
Este reconocimiento confirma la tendencia del gobierno a desbalancear la política fiscal, utilizando todos los recursos disponibles, incluso las pequeñas alcancías creadas para combatir o por lo menos atemperar los ciclos depresivos, en diversos proyectos cuyos justificativos exclusivos son las declaratorias de emergencia, y no su estructuración conceptual o su dedicación a combatir las raíces de las injusticias sociales.
El segundo tema es el retorno a la búsqueda de decisiones que generen protecciones o defensas a ciertas actividades productivas frente a la competencia internacional. Regresan ciertos vientos de proteccionismo que fue uno de los elementos de la política de sustitución de importaciones de los años setenta, cuyo destino final fue un callejón sin salida que explotó en los ochenta.
Esta inclinación de política económica perjudica a los trece millones de consumidores nacionales pues les imponen precios superiores a los que podrían acceder si tendrían frente a si otras opciones de compra. Genera o consolida oligopolios, a los cuales dice combatir en otros campos y a los que les entrega los excedentes extraídos de todos los ecuatorianos.
Está por verse la viabilidad de esta propuesta ya que el país tiene compromisos de apertura firmados con la OMC y el Grupo Andino. Sin embargo, el hecho de su planteamiento demuestra la disposición a colocar al Estado en su calidad de administrador de ciertas actividades productivas, consentir ineficiencias y no de regulador de mercados para generar competencia, eficiencia y productividad.
La suma de protección con inflación y un Estado que gasta todo lo que tiene e incluso anuncia más endeudamiento, forman una trilogía que destruye riqueza, genera incertidumbre, no atrae inversión ni genera empleo sano y bien remunerado.
DESTACADO
Inflación con protección y un Estado que gasta todo no es un programa apto para dolarización.
Colaboración
EDITORIAL DIARIO EL COMERCIO
Abril 5 del 2007