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Inquietudes nacionales

¿Cuál es su opinión sobre la ampliación del Atpdea?


La decisión no está tomada todavía. Se cuenta con el apoyo de la bancada demócrata que controla la mayoría y se espera una postura republicana parecida. Esto es lo que da lugar a creer que el tema está resuelto, pero falta la formalización del congreso poniendo el tema a votación en el transcurso del próximo trimestre.


La posición demócrata involucra a todos los países andinos, con excepción de Venezuela, lo que puede significar que esa bancada no está dispuesta a respaldar los tratados de TLC negociados y concluidos con Colombia y Perú. Si esto es así, el Ecuador tendría dos años para desarrollar negociaciones con EEUU dentro de un espectro comercial y de relaciones económicas y políticas más amplio, que permita aprovechar este lapso de apertura limitada.


Para la fecha de conclusión de esta extensión, también estará por finalizar el convenio de uso de la Base de Manta para la lucha contra el tráfico de drogas, lo cual podría convertirse en un ingrediente de la negociación global bilateral.


Desde el ángulo económico, las ventajas de esta extensión son conocidas. Las exportaciones ecuatorianas a EEUU representan el 50% del comercio exterior. En el 2005 el monto total superó los 5.000 millones de dólares, de los cuales 3.700 fueron petróleo y 1.300 millones otros bienes. Estos últimos corresponden a más de 400 productos diferentes, en su mayoría agropecuarios, con una ocupación directa e indirecta superior a las 500.000 personas.


EEUU es nuestro principal socio comercial, que con esta posición demuestra sensibilidad política, un compromiso con Ecuador y evita la existencia de una crisis de empleo y productiva singular.


¿Qué pasaría con la economía ecuatoriana si la inflación de los EEUU sigue siendo un factor que obligue a medidas monetarias restrictivas?


El FED, cuya última decisión de mantener las actuales tasas de interés por sexta vez consecutiva, ha dejado una estela de comentarios e interpretaciones sobre el curso futuro de la política monetaria, producto de sus apreciaciones sobre las amenazas que siguen visualizándose en la evolución de los indicadores económicos. Entre estas sobresale el temor a un rebrote inflacionario y con ello la necesidad de propiciar un enfriamiento de la actividad económica. De hecho, algunos especialistas entre los cuales sobresale Greenspan opinan que EEUU podría entrar en una etapa de contracción económica que para los propósitos de la pregunta significaría una reducción de la demanda de los productos que exportamos, un caída de sus precios, un encarecimiento de las líneas de financiamiento en un ambiente con restricciones naturales de los mercados.


Una recesión de esta economía que mantiene su hegemonía mundial, tendría efectos de diversa dimensión en la gran mayoría de continentes y países. Casi todos contractivos, desestabilizantes, con daños en empleo e inversión. Ecuador no escaparía a ello y su defensa sería más eficiente mientras más diversificada sea su producción exportable y tenga más mercados en los cuales compite con sus productos.


¿A quién le corresponde las decisiones prelimares sobre de la explotación de los campos ITT? ¿Al Consejo de Administración de Petroecuador o al Ministerio de Energía?


En una sociedad racionalmente organizada al Ministerio de Energía. Pero en el caso nacional, la legislación permite bajo ciertos supuestos evadir esta instancia, y eso entiendo es lo que pretende hacer Petroecuador. Se quiere utilizar el concepto del Contrato de Servicios Específicos con empresas estatales para evadir una licitación y dejar en manos del Consejo de Administración de la empresa estatal toda la contratación.


Este tipo de contratos se los usa para ofrecer servicios complementarios como torres de perforación o servicios de alimentación, pero no para la exploración y explotación de campos petroleros, aunque en verdad se lo utilizó para el caso de Enap.


Si se sigue el camino de la licitación, le corresponde al CEL llevar adelante el proceso, y en él están los ministros de energía, economía, defensa y el Contralor del Estado. El Presidente Ejecutivo de Petroecuador es el secretario sin voto.


Finalmente, Petroecuador no debe ni puede ser un contratante con otras empresas a nombre del estado ecuatoriano. Esa función debe ser rescatada a plenitud por el Ministerio de Energía.


¿El cambio de reglamento para el trabajo por horas producirá el efecto positivo de una mayor distribución del empleo?


Difícilmente. El nuevo reglamento reduce el porcentaje de trabajadores por horas del 75% del rol de pagos de una empresa al 20%. No establece un período de ajuste en las empresas que se exceden del nuevo límite con lo cual les coloca en la disyuntiva inmediata de incorporarlos a la nómina o de despedirlos sin pagar indemnizaciones, pues este tipo de contratación así lo estipula. Y, me parece que la segunda opción será utilizada para luego contratar una parte de los despedidos bajo el sistema de tiempo fijo y a prueba.


El código de trabajo protege al trabajador pero no da alicientes para crear empleo. En este caso, la contratación por horas era o es una opción de trabajo para quienes no lo tienen, pero que ahora se la limita, con lo cual aquellos que vivían bajo un sistema de multiempleo pierden o ven reducidas sus oportunidades.


La incorporación del fondo de reserva al cálculo del salario por hora es una decisión justa, equitativa.


El caso de la paralización del bloque 18 de Petrobrás es grave. ¿Cómo elaborar una política económica y social que evite estas paralizaciones que afecta al país y a todos los actores que participan en la explotación?


Cumpliendo lo que manda la Constitución en sus Art. 23, 35, 249 que establecen los derechos de las personas, la atención debida y oportuna de las quejas y problemas de empresas y personas, las prohibiciones a las paralización de actividades estratégicas y las garantías que ofrece el Estado a las actividades que tienen interés público.


En el gobierno de Palacio se estableció la impunidad de actos y hechos realizados por grupos que destruyeron propiedades públicas, privadas y paralizaron las actividades petroleras. Lo que hoy ocurre, con la inacción gubernamental es una extensión de lo anterior.


Si no hay un Estado, que garantice a todos los que viven en su territorio que sus derechos van a ser respetados, no hay política económica, o social que pueda ejecutarse, pues no existe la organización fundamental que la cobije, respete y defienda. Se impone la ley bruta, de la fuerza y no la de la razón y el derecho.


En este caso son más de tres semanas de suspensión de producción petrolera de un campo que extraía 35.000 barriles diarios.


DESTACADOS


La licitación del ITT debe llevar adelante el CEL donde están los ministros de energía, economía, defensa y Contralor.



En la suspensión de actividades de Petrobrás se impone la ley bruta, de la fuerza y no la de la razón y el derecho.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 29 del 2007

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