Inquietudes nacionales

¿Es verdad que el índice de riesgo país está integrado por variables subjetivas como percepciones políticas y pronósticos sobre la evolución del país como sostiene el actual Gobierno cuando critica esta valoración.

El indicador de riesgo país no es más que la diferencia entre el rendimiento o tasa de interés que pagan los títulos de deuda emitidos por el tesoro de los Estados Unidos de América, que son un títulos de bajísimo (cero) riesgo, y el rendimiento de los títulos de deuda emitidos por el país que se analiza, en nuestro caso el Ecuador. Se mide en puntos porcentuales; por ejemplo el rendimiento de un bono del tesoro de los Estados Unidos es de alrededor de 5% y el de un bono emitido por el Ecuador ha subido hasta niveles superiores al 15% durante las últimas semanas, resultando entonces un indicador de riesgo país de 10% o más de 1000 puntos porcentuales; ¡uno de los más altos del mundo, si no es el más alto del momento!

El indicador recoge entonces el valor y la probabilidad de recibir puntualmente los pagos comprometidos en la deuda que el mercado de capitales mundial estima en cada momento del tiempo. En otras palabras para ponerlo en términos simples, recoge una información objetiva, cuantificable, verificable que se evidencia en la capacidad de pago y, una percepción derivada de las actitudes y posturas públicas que es la disposición de pagar la deuda que tiene el país. Es este segundo elemento el que ha deteriorado tan fuertemente el riesgo país puesto que las autoridades económicas han hecho innumerables anuncios, algunos muy agresivos que señalan una baja disposición o intención de honrar la deuda.

Lamentablemente, esto tiene efectos reales negativos de la más diversa naturaleza y complejidad ya que afectan de manera directa e indirecta a todas las actividades que mantienen alguna vinculación con el exterior. En efecto, se reducen y encarecen las líneas de financiamiento para el sector productivo del país ya que tanto las instituciones bancarias internacionales como sus reguladores oficiales establecen reservas o provisiones mayores a estas operaciones, que de pronto aparecen como de “alto riesgo” o peligro de no pago. Se contamina el crédito de proveedores internacionales al ver que sus clientes están vinculados con un país que tiene problemas por lo cual condicionan sus operaciones a la obtención de mayores garantías, reducen los plazos, ponen sobrecostos o simplemente piden pago anticipado, todo lo cual acarrea aumento de costos y desestimula la producción. Finalmente, el efecto más grave es la declinación de nuevas inversiones, es decir la pérdida de potenciales nuevos empleos para los ecuatorianos y la contracción de la economía.

Esto último ocurre precisamente porque los inversionistas antes de comprometer una decisión se fijan en las condiciones que ofrece un país, y si las noticias son malas, buscan otras opciones. El riesgo país es un termómetro que es mirado con frecuencia por los mercados y sus variaciones, algunas especulativas se evidencian en poco tiempo al confirmarse o desecharse una información o percepción. Por ejemplo, los cambios provocados por todas estas declaraciones oficiales tendrán su prueba el 15 de febrero y ahí habrá ganadores y perdedores. ¿Quiénes serán?

¿Será posible que dentro de la CAN se pueda establecer una estrategia común que favorezca al mismo tiempo la ratificación de los TLC para Colombia y Perú y las ATPDEA permanentes para Ecuador y Bolivia?

Colombia y especialmente Perú trabajan activamente para concretar la firma de los convenios de libre comercio que tienen acordado con los Estados Unidos. No obstante, el reciente cambio de equilibrio político en el Congreso de este país hace que esté por verse si se finalmente logran firmarse estos acuerdos. De la misma manera, está por verse si Ecuador y Bolivia logran extender las preferencias arancelarias que fueron prorrogadas hace poco. Al momento, es difícil prever el resultado de estos procesos. De cualquier manera, si el escenario final es el señalado en la pregunta será extremadamente difícil para la CAN no sólo armonizar la estructura comercial y los aranceles de todos sus miembros, sino que se debilitará más su viabilidad como un proceso de integración amplio, armónico, que busque acoplar las políticas de largo plazo de los países. El mercado común andino sería una utopía en esas condiciones.

¿Al comenzar un nuevo régimen se podrá modificar, limitar o eliminar las preasignaciones presupuestarias que tanto daño causan a la planificación de la economía?

Las preasignaciones de ingresos fiscales se establecieron mediante leyes que fueron aprobadas con diferentes propósitos a través del tiempo. De modo que la única manera de eliminarlas o cambiarlas es también a través de una ley, que siendo de materia económica tendría que ser propuesta por el Ejecutivo y tratada por el Congreso Nacional.

No entiendo por que el presidente Correa anuncia que no habrá mas endeudamiento y gestiona dos prestamos, primero el anunciado a la CAF por 200 millones para gasto corriente para el Banco del Estado y ahora uno de mil millones de dólares con Venezuela. ¿Para qué necesitamos esos mil millones si tenemos en reservas especiales cerca de 1300 millones?

Las reservas o fondos acumulados que tiene actualmente el país fueron creados con el propósito de proteger a la economía y al normal desenvolvimiento de las finanzas públicas ante eventos catastróficos o para financiar inversiones específicas que constan detalladas en la normativa de dichos fondos. Y está bien que así sea; son ahorros para “tiempos de vacas flacas”. Mientras que el financiamiento que el nuevo gobierno necesita surge por dos razones esenciales; primero para reemplazar los vencimientos normales de la deuda pública, que ante anuncios hostiles contra organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, difícilmente serán renovados por los mismos prestamistas y segundo para cubrir el déficit creado por las decisiones de gasto anunciadas y la reducción del IVA en dos puntos porcentuales, que no tendría fundamentos económicos de promoción de crecimiento y apoyo a la inversión pública, además de su prohibición legal. Por estas razones el gobierno tendrá que encontrar financiamiento sano, y es de esperar que las condiciones de dichas operaciones sean convenientes para el país. Sería lamentable que se reemplace deuda barata y de plazos largos por operaciones que sean onerosas para el país. El caso del crédito del FMI que no tiene condiciones de política económica, pues no tenemos un Stand By, es un ejemplo

DESTACADOS

Alto riesgo país tiene efectos negativos en todas las actividades con vínculo externo, con la inversión y el empleo.

El endeudamiento del gobierno sólo debe servir para financiar inversión pública y en condiciones convenientes.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Febrero 1 del 2007