Inquietudes nacionales
¿Qué se puede entender, en la actual situación mundial, desarrollar una política de nacionalismo económico en los países Sudamericanos?
Todos los países aplican políticas nacionalistas pero las ejecutan en un marco de competencia y apertura que avanza en el mundo actual con ciertas dificultades en su generalización. Por eso, todavía superviven decisiones de política económica que impiden la existencia de un sistema de comercio internacional limpio y simétrico, entre las cuales sobresalen los enormes subsidios agrícolas, las protecciones arancelarias de actividades ineficientes pero vinculadas con ex colonias, aquellas derivadas de productos de alta tecnología o ciertos servicios.
El antiguo concepto de nacionalismo aplicado fundamentalmente por dictaduras, que implica reservar para el Estado el manejo exclusivo de múltiples áreas y actividades calificadas de claves sin la participación de capitales privados, se limita ahora a casos específicos, muy particulares de cada país. Por ejemplo, en Chile se mantiene la explotación del cobre en manos públicas, pero sometido a un riguroso escrutinio nacional que le exige cuentas y resultados tangibles.
La ultranza nacional no resolvió los problemas básicos de las sociedades y fue abandonada por una visión ecléctica. Hoy, la gran mayoría de países que ofrecen resultados en la solución de los problemas de la pobreza, el empleo, la equidad en términos amplios son aquellos que tienen políticas económicas estables, abiertas, competitivas, con las cuales crecen y pueden distribuir riqueza. Los países cerrados o sin atractivos a la inversión carecen de energía-capitales- para crecer y dar oportunidades a sus habitantes.
¿Es conveniente que la Administración Eléctrica de Guayaquil regrese al Estado luego del fracaso de la concesión administrativa de la Categ? ¿Qué tiempo lleva este caos institucional en la urbe mas poblada del país?
La concesión del servicio eléctrico de Guayaquil sigue siendo del Estado. En el año 2000 se dio por terminada la operación de EMELEC. La Categ es una corporación de derecho privado que se la creó para administrar temporalmente el servicio eléctrico hasta definir la concesión, cuyo concurso público realizado en el año 2002 fracasó. Y eso ocurrió por cuanto existen tres grandes problemas: el primero vinculado con la propiedad de los activos que se disputan el Estado según el informe jurídico Parducci; Fodevasa como beneficiario del anterior propietario; el señor Lluco como tercer reclamante y finalmente la AGD.
El segundo es relativo al pasivo laboral que puede estar alrededor de los 120 millones de dólares y, el tercero que se relaciona con la liquidación de deudas pendientes entre EMELEC y el estado ecuatoriano. El Cenace demandó a esa empresa por 700 millones de dólares y ganó el juicio, pero por otra parte el señor Lluco tiene planteado una reclamación ante el Ciadi por 1.800 millones en contra del Estado.
Obviamente, con diferendos de esta naturaleza es imposible concesionar este servicio a una empresa privada y por ello en julio pasado el gobierno reformó los estatutos de la Categ e incorporó a las cámaras de Guayaquil, a la ESPOL, al Colegio de Ingenieros Eléctricos como miembros de la corporación y, firmó un acuerdo de administración por cinco años, en el cual se establecen responsabilidades y obligaciones para manejar eficientemente la empresa y ofrecer un servicio de calidad, pero se dejó afuera, sin solución los tres temas antes citados.
Entre las obligaciones consta la de contratar un operador privado mediante un concurso y, esa decisión es la que actualmente está en revisión por parte del nuevo gobierno.
¿Sobre que bases de compensaciones –ingresos y egresos- se puede fundamentar una rebaja del IVA del 12 al 10 por ciento?
Dado el monto involucrado es muy difícil encontrar una fórmula que mejore los efectos distributivos de la política tributaria. En las dos decisiones anunciadas de reducir el IVA y posponer el cobro hasta en 60 días, se tiene un primer efecto de aproximadamente 470 millones de dólares anuales por la reducción y, otro de caja que impacta en el 2007 que podría llegar a una cifra similar, pues las empresas y personas tratarán de aprovechar esta línea de financiamiento gratuito al máximo posible. En este caso, tendríamos un problema de desfinanciamiento que podría llegar a 940 millones de dólares pero sólo en este año, pues en los posteriores persistiría el de la rebaja.
Hay que recordar que una parte de lo recaudado por el IVA está preasignado, siendo las Universidades las que podrían tener el mayor impacto con aproximadamente 80 millones por los dos conceptos.
Si miramos el ICE que se aplica a la cerveza, licores, vehículos, cigarrillos, gaseosas, teléfonos celulares, como medio de compensación, se tiene que la recaudación actual es 475 millones, de la cual al fisco le quedan 240 millones pues la diferencia va a agua potable y ligas barriales, con lo cual se tendría que triplicarlo por lo menos y con destino exclusivo para el presupuesto para compensar el impacto. Entiendo que el gobierno piensa poner uno al patrimonio cuyo monto desconozco, que tendría efectos no deseados por su aplicación, como el de impactar en empresas independientemente de que ganen o pierdan, o en desestimular la capitalización tan necesaria para la consolidación de las actividades productivas.
La reducción propuesta del IVA no tiene ningún efecto en las clases pobres pues todos los productos de la canasta familiar, en especial los alimentos en estado natural están exentos de el.
¿Cómo se puede administrar el Presupuesto Estatal del 2007 cuando se mantiene el régimen de subsidios y se aumentan otros como el del Bono de Desarrollo Humano?
Si se siguen manteniendo los subsidios y no se los racionaliza dirigiéndolos sólo a los que necesitan, el presupuesto del 2007 tendrá problemas de financiamiento. Ya llegan a más de 2.500 millones, es decir al 25% del presupuesto y están desbordando la política fiscal, a la par que quitan recursos a los sectores sociales. En Educación y Salud el presupuesto gasta 2.450 millones de dólares, algo menos de los subsidios y más del 90% de ese dinero sólo sirve para cubrir salarios. Esta distorsión en algún momento se volverá inmanejable y ahí los efectos serán muy malos. Esa no es la vía de enfrentar las inequidades.
Se entiende la necesidad de mejorar las coberturas sociales como aquella de ampliar el bono de la pobreza, pero hay que tener cuidado de no crear una política mendicante en lugar de implantar aquella que provee de oportunidades a las personas pobres para salir de ella.
DESTACADOS
La ultranza nacional no resolvió los problemas básicos de las sociedades y fue abandonada por una visión ecléctica.
La reducción del IVA no tiene ningún efecto en las clases pobres pues los productos de la canasta familiar exentos.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Enero 19 del 2007