Inquietudes nacionales
La Comisión de lo Económico del Congreso se alista a entregar el informe para el segundo debate de la creación del fondo petrolero Feiseh. El objetivo es destinar los recursos del bloque 15 para financiar proyectos petroleros e hidroeléctricos. ¿Es necesario crear ese fondo cuando le quedan pocos meses al Gobierno?
La oportunidad política puede ser cuestionada precisamente por el corto lapso de funcionamiento que le resta al actual gobierno, pero no el fondo del tema involucrado, pues tiene que ver con la consistencia que debe guardar la política económica para asegurar la presencia de un ambiente de estabilidad que fomente decisiones de inversión y creación de empleo.
El Congreso Nacional tiene en sus manos la oportunidad de resolver el tema planteado por el gobierno incorporando en la legislación fiscal un mecanismo -se propone un fideicomiso- que permita controlar el nivel del gasto público excluyendo del sistema presupuestario ordinario todos los ingresos extraordinarios que reciba el Estado, sean estos provenientes de la explotación de los campos revertidos y que los explotaba la Oxy, como aquellos que se deriven de la ejecución de la ley 42 que determina la renegociación de la participación estatal en los contratos petroleros, así como los excedentes que se produzcan en los ingresos presupuestarios como consecuencia del aumento del precio del crudo. Incluso se podría adicionar los incrementos de ingresos tributarios derivados del cobro de impuestos que se produzcan frente a lo presupuestado, para con ello asegurar una política de gasto corriente controlada y consistente con el mantenimiento de la estabilidad demandada por el sistema de dolarización imperante.
Este fondo o fideicomiso sólo debería servir para financiar proyectos de inversión específicos, que sean rentables para el Estado, que rindan cuentas y que sus beneficios sean de propiedad de este mecanismo. En ese sentido la propuesta planteada por el gobierno debería ser ampliada por el Congreso incluyendo todos estos nuevos conceptos con lo cual se asegura el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley de Control y Transparencia Fiscal y se aplica el principio básico de que los ingresos extraordinarios se los ahorra o utiliza sólo para inversión pública, dentro de una programación macroeconómica.
El proyecto determina dos áreas de inversión: la hidroeléctrica y la petrolera, a más de crear un fondo de financiamiento del micro crédito, tema este que no tiene ninguna razón de sustentación pues existen suficientes recursos nacionales y extranjeros a disposición, y el sistema privado y cooperativo lo atienden con mucha dinámica. Sobre los otros dos, me parece que hacen falta disposiciones que aseguren un buen escogitamiento de proyectos y las disposiciones que obliguen a la rendición oportuna de cuentas, así como al reconocimiento de los beneficios a favor del fideicomiso. En este sentido es indispensable poner candados legales para que todos estos recursos sólo puedan disponerse a partir del 2007.
Como está presentado el proyecto hay muchas disposiciones que permitirían disponer en este año de esos recursos y eso debería ser corregido para que no ocurra. Por ejemplo el uso de 145 millones de dólares de impuesto a la renta estimado de los ex campos de la Oxy, como ingreso anticipado.
La ratificación del Tribunal Constitucional a las reformas a la Ley de Hidrocarburos ha causado un nuevo malestar a las compañías petroleras extranjeras. ¿Es posible que el país afronte nuevas demandas internacionales de arbitraje, como lo han insinuado tres empresas extranjeras?
Si hemos manifestado en innumerables veces que es necesario respetar la organización política y su institucionalidad, la decisión del Tribunal es final y cierra este capítulo internamente. Todos tenemos la obligación de acatarla, aunque no estemos de acuerdo.
Ahora, si esta resolución jurídica no es del agrado de las compañías petroleras y creen tener derecho a iniciar una demanda de arbitraje internacional, están en su derecho de hacerlo. Ya veremos si ello tiene cabida jurídica y si el Ciede las acepta. Esta opción forma parte de la realidad jurídica nacional por el hecho de que el Ecuador ha suscrito los tratados y convenios pertinentes, que permiten en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, someter sus decisiones a este tipo de arbitraje obligatorio.
El Ministerio de Economía trabaja en la elaboración de la Pro forma del 2007. ¿Cuánto afectará la decisión del Gobierno de incrementar en más de 500 millones de dólares el Presupuesto del 2006 en la elaboración del Presupuesto del próximo año?
El Presupuesto original del Gobierno Central del 2006 era de 8 564 millones de dólares. En los siete primeros meses se han sumado nuevos gastos como aumento de salarios, pagos adicionales a gobiernos locales, renegociación de bonos, intereses y compra de bienes y servicios por 856 millones con lo cual el codificado estaba a fines de julio en 9 240 millones. Con el incremento de 575 millones en agosto, de los cuales sólo 310 van al presupuesto, tenemos un nuevo presupuesto codificado de 9 550 millones!!.
El impacto de todas estas decisiones podría llevar a plantear una pro forma del 2007 del orden de los 10 200 millones, muy por encima de la que debería ser si se respetara las disposiciones de la Ley de Transparencia y Control Fiscal, que de aplicarse no permite una pro forma superior a 9 150 millones.
Como se aprecia de las cifras citadas, todos estos arreglos transitorios del presupuesto del 2006 pueden ocasionar un aumento excesivo y desequilibrante del gasto público de un valor que supera los 1 000 millones en el 2007, lo que significaría que el gasto del gobierno central podría incrementarse casi en el 20% anual.
¿Cuál es la solución? Si se quiere tener consistencia con el mantenimiento de la estabilidad económica, se debe respetar la cifra original del presupuesto del 2006 para proyectar la pro forma del 2007, que es lo lógico y prudente, además de consistente, aplicando el factor de crecimiento nominal del PIB del 6.8%. (Real+deflactor).
Una vez que se ha ratificado la participación de 11 binomios a la Presidencia de la República, ¿puede haber alguna incidencia en la economía del país en lo que resta del año, particularmente en lo que tiene que ver con la inversión privada?
Es una etapa esperada y conocida por la sociedad. Las decisiones de inversión comunes, como restitución de equipos obsoletos, se seguirán tomando, mientras que las relativas a proyectos nuevos o de cierta envergadura están supeditadas al resultado electoral.
DESTACADOS
El Feiseh debe recoger todos los ingresos extraordinarios que reciba el Estado y usarlos sólo en inversión rentable.
Los arreglos del presupuesto del 2006 pueden ocasionar un aumento desequilibrante del gasto de mil millones en el 2007
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Septiembre 1 del 2006