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Inquietudes nacionales

¿Qué impacto pueden tener los resultados del proceso electoral de Perú en la culminación del Tratado de Libre Comercio?


El Presidente Toledo viajó esta semana a Washington a firmar el tratado para concluir la etapa de negociación y sellar el compromiso entre los poderes ejecutivos de los dos países. Con esto, cierra el paso a cualquier revisión por parte del nuevo gobierno, salvo que la postura de éste sea la abortar el proceso y dejarlo totalmente insubsistente, con las consecuencias políticas y económicas que una radicalización de esta naturaleza produciría, que me parece poco probable de ser puesta en vigor si el nuevo presidente es cualquiera de los dos que se disputan el paso a la segunda vuelta. Por supuesto, la interrogante no tiene esa visión para el caso de Humala, quien si podría, desde su perspectiva de alta beligerancia provocar un enfrentamiento político con los EEUU.


Ahora bien, en la perspectiva de una continuación normal de los trámites para la ratificación, lo primero que es necesario despejar es la incógnita que surge de la decisión de última hora, la víspera de las elecciones, del gobierno saliente de llamar a una consulta popular antes de someter el convenio a la consideración y aprobación global por parte del Congreso peruano, decisión que ahora parece en revisión.


Aquí surge la pregunta obvia: ¿Habrá mayoría a favor del TLC? Tanto Toledo como Flores o García apoyan esta tesis en tanto que Humala es muy posible que use todo el poder para influir en la opinión de los peruanos y conseguir un veto plebiscitario.


Con esto al frente, es lógico pensar que mientras no se aclare el panorama político peruano, el congreso norteamericano no lo considerará ni lo pondrá en la agenda de discusión. Por lo tanto, se ve difícil, aunque no imposible que esto pueda hacerse antes de las elecciones norteamericanas que están convocadas para noviembre.


¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar para evitar futuros errores del INEC en el cálculo de la inflación?


No puede existir institución alguna en la organización política del estado ecuatoriano que no se someta a las normas básicas de supervisión, control y evaluación de su gestión. La rendición de cuentas y la apertura de sus archivos para fines de revisión de los trabajos realizados, es una acción que no puede dejar de hacerse. En el caso que nos ocupa, es conocida la reticencia permanente del INEC a entregar sus bases de datos y de someterlas al escrutinio técnico. Siempre ha existido alguna excusa para obviar los requerimientos informativos, y cuando se han planteado inquietudes sobre ciertos resultados, el “enconchamiento” ha sido la respuesta.


El descubrimiento de estos “errores” no fue producto del trabajo investigativo de los técnicos de esta institución, sino el producto de la reflexión de varios analistas privados que no encontraban explicación racional al comportamiento de los precios de algunos productos. Sólo su insistencia llevó a la revisión del indicador y al reconocimiento de su alteración. El ministerio de Economía y el Banco Central deben ser los auditores permanentes de los resultados calculados por las distintas instituciones que se visualizan en diversos datos económicos y sociales nacionales, pues sus informes descansan en la veracidad de las cifras estudiadas. De ellos se derivan decisiones de toda la comunidad y la percepción externa de cómo marcha nuestra sociedad.


El daño ocasionado por estos malos cálculos es inmedible pues afecta a todas las actividades que tomaron decisiones sobre bases equivocadas.


¿Realmente las reformas a la Ley de Hidrocarburos impactarán en la firma del TLC?


Creo que la respuesta se la puede desglosar en varias partes. Para empezar es indiscutible el derecho del Estado ecuatoriano de participar, por equidad en las utilidades extraordinarias y no previstas que arrojan los contratos de participación debido al aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales. Esto lo reconocen, aunque un poco tarde las mismas empresas petroleras. De tal manera que en la sustancia del, si podemos llamarlo “diferendo” hay acuerdo.


Desde este punto de vista, el tema no debe ser motivo de discusión o influencia dentro de las negociaciones del TLC, aunque si podría formar parte de la agenda en caso que se requiera únicamente una explicación o aclaración sustentada.


Mirado el tema desde el ángulo legal, es decir de la forma cómo se busca conseguir el objetivo buscado, la situación cambia. El proyecto de ley aprobado por el Congreso y el veto presidencial tienen reparos sobre su constitucionalidad. El Estado, en la búsqueda de la equidad a la que tiene derecho como ya lo dije, rompe la juridicidad pues busca alterar las normas contractuales con una interpretación unilateral, en lugar de hacerlo mediante una ley, pero construida sobre una base conceptualmente mejor estructurada, o mejor aún con una negociación intermedia activa y fuerte.


Desde esta perspectiva, la presencia del tema en los debates del TLC tiene una explicación. Los delegados norteamericanos al defender sus intereses buscan esclarecer el tratamiento que reciben las empresas que han invertido en el Ecuador. Igual procedimiento siguen los negociadores ecuatorianos cuando ven en peligro sus derechos. Recordemos que hace pocas semanas se mencionó que el país incluiría el tema de la Base de Manta en estas conversaciones para darle mayor vigor a nuestras posturas. Entonces, pregunto: ¿por qué nos altera que los EEUU haga lo que le corresponde y que es similar a lo que nosotros planteamos? Creo que nos falta objetividad y coherencia.


En tercer lugar, en el tratamiento de los temas petroleros se ve mucha inconsistencia conceptual. Por un lado se usa la equidad para buscar resultados, pero cuando una compañía usa esa premisa para resolver diferendos, se recurre como argumento central a la legalidad. ¿En que quedamos? Con actitudes de esta naturaleza, es previsible que reboten en las negociaciones bilaterales.


¿Cómo influye la realidad económica y social en el aumento de la delincuencia en Guayaquil?


La mejor forma de reprimir la delincuencia es mediante políticas económicas y sociales que combatan la pobreza y la marginalidad. Eso se consigue con perseverancia y estabilidad. La represión policial es importante pero no puede ser el soporte básico para su control, pues el caldo de cultivo son las limitaciones educativas y económicas de los estratos bajos.


La institucionalidad pública, dentro de la cual el respeto a ley es un tema vital, forman parte de los mecanismos de solución, pero ello no camina con la creación de más instituciones públicas, sino con el buen funcionamiento de las actuales.




DESTACADOS


El país tiene derecho a participar por equidad en las utilidades extraordinarias de los contratos de participación


El MEF y el BCE deben ser los auditores de los indicadores económicos calculados por las distintas instituciones.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Abril 13 del 2006


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