Dilatoria irresponsable

Al hacer el cálculo de lo que podía haber recibido el estado ecuatoriano como consecuencia del aumento del precio del petróleo sólo en los dos últimos años, si en las cláusulas contractuales que negoció con las petroleras se hubiera contemplado la participación igualitaria de las utilidades extraordinarias que se producían cuando el precio base que sirvió para fijar el equilibrio de las concesiones contratadas era rebasado por el de mercado, llegamos a una cifra que oscila entre los 700 y los 1000 millones de dólares.

Así de enorme es el impacto que no ha sabido reclamar el país, pues recién a los cuatro años de haberse iniciado el conocido incremento de precios que superó los promedios en los que fluctuó los quince años anteriores, reacciona el estado ecuatoriano proponiendo por la vía legal- con un proyecto de ley de emergencia económica, que por su concepción no estoy seguro de su consistencia legal y constitucional- una modificación en los contratos que mantiene con diversas compañías petroleras.

Es una realidad indiscutible que las nuevas condiciones del mercado internacional de hidrocarburos han ocasionado un profundo desequilibrio económico en la gran mayoría de estos convenios bilaterales, situación que exige su revisión sobre la base de los principios que gobiernan las relaciones contractuales, es decir aplicando los criterios de justicia y equidad, como lo han hecho ya otros países.

En nuestro caso, es evidente que las compañías petroleras están obteniendo ganancias extraordinarias que se visualizan en sus balances, sin que se haya conseguido renegociar los contratos por inacción pública y rémora privada. Todos los contratos, llámense de participación, de servicios para la exploración y explotación, de servicios específicos y los denominados de campos marginales han generado una economía extraordinariamente favorable para las compañías, en desmedro de la participación que debería existir con su contratante, el estado ecuatoriano. Eso es indiscutible y es el tema de fondo que tiene que dilucidarse. Lo que no estoy seguro es si la vía propuesta por el gobierno es la más indicada, pues da la impresión que lesiona los principios que rigen las relaciones contractuales, pero de lo que si estoy convencido es que las condiciones deben cambiar y para ello las compañías tienen la obligación de aceptar la renegociación de las cláusulas que han generado esta descompensación, pero debe hacérselo con actitud cooperativa y de manera rápida.

Cada caso debe ser renegociado, en especial los llamados de participación pues el precio que determinó la viabilidad de los contratos tienen como referencia 15 o 17 dólares por barril, y esa realidad hace tiempos que no existe para mala fortuna del Estado y beneficio del contratante.

Las dilatorias una vez más han corroído el patrimonio público. Petroecuador y el ministerio de Energía otra vez son responsables de este daño. Por eso nunca entendí para que se necesitaban los técnicos franceses en esta tarea, que no sea para diluir la decisión, cuando lo que hay que hacer es cambiar una cláusula e incorporar el texto que me parece ya existe en el contrato de Encana y punto final.

DESTACADO

Por justicia y equidad las compañías petroleras tienen la obligación de renegociar los contratos.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 9 del 2006