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El retorno al mercado

A los seis años y pocos meses de la última moratoria unilateral del Ecuador con algunos de sus acreedores internacionales, que acabó con la escasa credibilidad de la política monetaria y dio paso al nacimiento de la dolarización, el país retornó a los mercados externos colocando 650 millones de dólares en bonos a 10 años plazo, cuyo costo financiero va a ser del 10.75 por ciento anual. Lo hizo, utilizando la base jurídica aprobada en el gobierno anterior y en medio de una situación política compleja, que influyó pari passu con el deterioro económico-fiscal en el costo establecido por el mercado.


La operación mirada exclusivamente desde una óptica financiera no tiene observaciones o comentarios particulares. Se enmarca en las percepciones que el país ha creado respecto de su seriedad, de su viabilidad. Aquí se ve que el concepto de “riesgo país”, que algunos lo han cuestionado y hasta han dicho que no existe, es una realidad vivita y coleando. Si no ¿cómo explican que el costo nominal sea muy cercano al de los bonos 2012? Ahora sería interesante escuchar los argumentos de quienes sostenían que con los cambios en el FEIREP y la modificación de las normas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al país no le pasaba nada. Decían que era posible volver a endeudarse- cosa que en el 2006 va a ser considerable- y renegociar la deuda en términos más favorables, cuando lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario: los acreedores ahora cobran más y el Ecuador vuelve a perder.


Se podría decir que la lección dura de digerir es que el país volvió a desaprovechar la oportunidad que le ofrecieron los mercados internacionales con buen precio del petróleo, bajas tasas de interés para obtener créditos en mejores términos. ¡Los errores se pagan. Tenemos crédito, pero caro!


Nos decían que Venezuela nos prestaría 300 o hasta 500 millones de dólares al 6 por ciento, cuando en esta transacción vemos que ha comprado apenas 25 millones y al 10.75 por ciento de rendimiento. ¡Dónde está la solidaridad! En ninguna parte, porque nunca la hubo. Ese país decide en función de sus intereses y no de los nuestros, y así siempre ha sido y seguirá siendo. Es su derecho.


El destino de estos recursos merece una consideración particular en razón de que no se los usará para reestructurar la deuda actual de largo plazo y reducir su costo, con lo cual todos estaríamos de acuerdo. Quién se va a oponer a una racionalización de la carga financiera. ¡Nadie! Pero, según las autoridades servirán para refinanciar los CETES que se vencen los primeros meses del próximo año y que se emitieron para cubrir necesidades de caja transitorias y vinculadas con gasto corriente, que se suponía eran atendidas en meses de alta recaudación. Así se entendió siempre estas transacciones y por eso incluso no constaban en las estadísticas oficiales como parte del endeudamiento público.


Pero le verdad es, en palabras sencillas que la deuda de largo plazo se crea porque en los presupuestos del 2005 y 2006 se tiene un hueco tan grande, a pesar de que se duplicó en tres años el cálculo del precio del petróleo, que es imposible cumplir con esas obligaciones de cortísimo plazo, como se lo hacía antes.


Este es un ejemplo práctico de los costos que se producen como respuesta al mantenimiento de un fisco desbalanceado a pesar de que tiene ingresos petroleros brutos y tributarios extraordinarios como nunca antes, lo que lleva a mantener una postura expansiva de endeudamiento que es contraria a lo que el país requiere.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 15 del 2005

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