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Inquietudes nacionales

¿Cuál es el peligro de que el Ecuador se vuelva una sociedad de alto consumo? ¿Esto no recicla las actividades mercantiles y las expande?


En la medida de su capacidad económica, en especial del ingreso que perciben todos los ecuatorianos y de la forma como se lo distribuye, la sociedad ecuatoriana tiene ya definida una estructura de consumo.


En las cuentas nacionales, los gastos en la compra de bienes y servicios supera el 74% del PIB y el remanente se destina al financiamiento de la inversión. Esta conducta no tiene cambios notables en los últimos años y se la ve con mucha claridad en la multiplicación de los centros comerciales, almacenes de diverso tipo, de restaurantes especializados para los distintos estratos sociales, en fin en todo tipo de comercio.


Ahora hay supermercados de la misma cadena para gente de ingresos medios y altos y otros para clases populares. Hay farmacias también de una misma organización para los dos estratos. Se ven restaurantes populares y también de lujo. Existen vehículos caros y de otros precios más módicos. Y así podemos enumerar la multiplicación comercial de un país que se urbaniza con cierta intensidad y que de acuerdo a los indicadores de pobreza tiene alguna mejoría, aunque todavía persisten lacras de magnitud inaceptables.


Esta proliferación comercial es la fachada a través de la cual se promueve la producción nacional y la importación de bienes diversos. Ahora bien, la expansión mercantil tiene un límite marcado por la capacidad de consumo de los ecuatorianos, y como ella no tiene una posibilidad de expansión que fomente nuevas e importantes fuentes de empleo a través de una multiplicación de la inversión privada, el camino de desarrollo y bienestar depende de nuestra capacidad de introducir nuestros productos en los mercados internacionales y de sustituir algunos de los que importamos con producción competitiva.


A los ecuatorianos nos interesa que el mundo consuma bastante para que podamos tener opciones de desarrollo reales y sostenidas. El conocido “consumismo”, que trae consecuencias individuales perniciosas si no se lo controla, en su conducta agregada es el potencializador de las oportunidades de producción y empleo.


¿Cuáles son las mayores dificultades del manejo presupuestario para el año 2006, si se conoce que no habrá variación sustancial de los precios internacionales del petróleo?


Esperemos que la declinación del precio del petróleo que se ha visto los dos últimos meses no siga ese curso y se estabilice al nivel actual, ya que ahora deja un reducido margen de maniobra para el manejo de las finanzas públicas, pues la utilización del precio como comodín del presupuesto le ha descubierto las defensas al Estado para épocas de depresión económica.


Bajo esa premisa, los problemas presupuestarios del 2006 siguen el curso de destrucción del Estado y su papel dentro de la sociedad, al haberse además profundizado la prioridad de la estructura pública en favor de los organismos seccionales. Cada año el Estado tiene menos recursos para sus obligaciones y transfiere más fondos de manera gratuita, sin responsabilidades a municipios y consejos provinciales.


El Congreso Nacional y particularmente la Comisión de Presupuesto agravaron el desbalance del presupuesto del 2006 y tienen una grave responsabilidad en lo hecho. Además de confundir lo que es un ingreso de capital con un ingreso corriente, contradiciendo lo aprobado apenas un año antes para precautelar el buen uso de los fondos petroleros, aumentó sin financiamiento 400 millones de dólares en diversos gastos públicos y con ello elevó el déficit- de arranque- a 820 millones de dólares, a lo que deben sumarse 160 millones del déficit tarifario eléctrico que no fue contemplado en el presupuesto, otros 400 millones por el aumento del subsidio a los combustibles y 100 millones por últimos compromisos adquiridos por el Presidente al margen de este instrumento.


Si sumamos todos estos conceptos, el déficit real al momento es de 1,480 millones de dólares, lo que quiere decir en buen romance que el Gobierno tiene que aumentar en ese monto la deuda pública, y lo tiene que hacer para atender gastos corrientes.


Pero, el panorama no queda en ese nivel, pues ahora debemos mirar la suma que el Estado tiene que pagar de las deudas contratadas antes y que vencen en el 2006, y ese valor es 1,680 millones, lo que nos lleva a la absurda cifra de 3,160 millones de necesidad total de nuevos créditos que deben contratarse a lo largo del nuevo año para que siga funcionando el estado ecuatoriano.


El desquiciamiento de las cuentas públicas esta a la vista y es producto de la política instalada por este gobierno de acabar con la ley de responsabilidad fiscal, que en el presupuesto del año entrante se la incumple en todos los campos. Todas las llamadas reglas macro fiscales están fuera de los rangos permitidos. El gasto corriente crece en más del 10% y no puede hacerlo sino al 5%. Las inversiones con tope aumentan en el 38% y el límite es el 7%. El déficit petrolero está descuadrado. En ese sentido el presupuesto además de sus ilegalidades es un detonador de problemas futuros.


¿Qué repercusiones en nuestra economía tendrá por el acuerdo del Perú en una negociación bilateral del TLC con los Estados Unidos?


Es un acicate. Nos pone en una situación de reflexión final en lo que podríamos llamar esta “última milla” de negociación. Colombia y Ecuador en el plazo perentorio conocido para la realización de la última ronda, y al saber que su socio concluyó el proceso, disponen de algunos nuevos elementos que les permiten ajustar sus estrategias finales. A fines de Enero o mediados de Febrero se tendría la definición de los dos países pendientes y en ese lapso no habría ningún impacto producto del descalce en el tiempo de los cierres.


Ahora bien, si sólo Perú llega al acuerdo y los otros no, es evidente que por nuestros convenios comerciales de apertura que mantenemos entre los tres andinos, las secuelas se verían en la introducción libre de productos americanos por esta frontera sin tener de nuestra parte la posibilidad de obtener los beneficios de poder colocar nuestros productos en el mercado americano.


Por donde se mire, el TLC es una oportunidad balanceada que debe buscársela hasta el final.


¿De qué manera los organismos de control del Estado las veedurías de la sociedad civil podrán controlar que el gasto fiscal no se dispare en el próximo año electoral?


El presupuesto del 2006 ya es altamente expansivo. Tiene un incremento de casi el 17% frente al presupuesto original del 2005, mientras el resto de la economía no tiene un crecimiento que supere al 6%, incluyendo el impacto del rebote inflacionario de los últimos meses, que es un nuevo tema de preocupación nacional. De tal manera que la posibilidad de controlar el gasto a un nivel compatible con un país estable y predecible, va a ser muy difícil.


Las normas de rendición de cuentas son muy frágiles y la capacidad de supervisión ciudadana esta concentrada en pocas organizaciones privadas.


Normalmente los organismos de control, con excepción del Banco Central del Ecuador no emiten opinión sobre el nivel del gasto sino sólo sobre el soporte contable o justificación documental del mismo. Dentro de las veedurías, el Observatorio de Política Fiscal -OPF- es posiblemente el único ente que analiza, debate, opina consistentemente sobre los daños que ocasiona la mala política de finanzas públicas. Se necesita sumar fuerzas ciudadanas para apoyar la existencia de un escrutinio público que defienda los principios de una política fiscal equilibrada.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 9 del 2005

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