Vivienda en peligro
Hasta hace poco tiempo la banca nacional no prestaba para la adquisición de vivienda, y si lo hacía su presencia era limitada tanto por los montos entregados como por el número de instituciones. Sin embargo, en los tiempos recientes las políticas crediticias cambiaron notablemente. Hoy, la cartera construida con este propósito ya representa el 10% de todo el crédito, y es de largo la principal opción de financiamiento que existe en el mercado nacional. Hasta agosto pasado se habían concedido 550 millones de dólares y el ritmo de crecimiento del último año ha sido vertiginoso, pues llegó al 43%. Sólo en los 12 meses pasados se dieron más de 160 millones adicionales, lo que significa un aumento neto de 13 millones por mes.
La construcción se nutre de dinamismo con este mecanismo de financiamiento al consumidor de sus productos, a pesar de lo cual en el segundo trimestre de este año, tan alterado por los eventos políticos, presenta una contracción de su PIB del 1.9% en comparación con el 2004. El dinamismo que lo vimos en años anteriores se lo ha perdido y su recesión sería mayor si por algún motivo la banca restringe sus disponibilidades al sector.
Y esto puede ocurrir por dos motivos: la aprobación del proyecto de Ley de Rehabilitación como está propuesto y la continuación de la vigencia de la normativa aprobada por el Municipio de Quito sobre las políticas relativas al control de las construcciones del Distrito Metropolitano. Sobre el primero, las razones han sido ampliamente comentadas, pero sobre el segundo tema no hay conciencia de la inconveniencia y distorsión creada a raíz de la eliminación de la responsabilidad municipal de aprobar los planos de construcción, para dar paso a un sistema que se sustenta en el “registro” para otorgar la licencia de construcción. De ahora en adelante, la responsabilidad de cumplir con las normas quiteñas es del constructor y del propietario del terreno, y no del Municipio, que revisará en la obra- es decir cuando ya se construye- si todo está correcto y cumple con la ley. Y si encuentra algo fuera de la normativa, además de la multa puede pedir el derrocamiento de la parte cuestionada.
En otras palabras, la seguridad que existía de que todo estaba en orden se la perdió, pues el Municipio deslinda su responsabilidad y crea una incertidumbre que alterará la conducta del sistema financiero pues se pone en riesgo la viabilidad de los proyectos, y se cae en un sistema en el cual las “presiones indebidas”, para usar un término suave, tomarán más cuerpo de las que existían cuando el Municipio asumía sus responsabilidades a plenitud.
Alguien puede contra argumentar señalando que esto también ocurre ahora cuando se encuentra una obra reñida con los planos aprobados. Así es, y eso es una prueba irrefutable de quien así actúa lo hace de mala fe, sabiendo que está fuera de normativa. Pero, en el caso que comentamos puede ocurrir sólo por diferencia de criterio en un proyecto que se lo construye de acuerdo a los planos “registrados”, que recién en ese momento son objetados.
Con este sistema, la declaratoria de habitabilidad es un albur que pone en riesgo al comprador, a quien lo financia y por supuesto al promotor. De esta forma se ha creado inseguridad jurídica para todos los intervinientes que llevará a cambiar las políticas de financiamiento sólo a los proyectos terminados, con declaratorias concedidas y no a aquellos en construcción como ocurre hoy. En fin, es un óbice que dañará empleo e inversión que tanto lo necesitamos.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Noviembre 1 del 2005