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Inquietudes nacionales

Mientras el gobierno nacional acerca su posición con Colombia en el caso del TLC, crece la oposición social a dicho acuerdo ¿Cómo descifrar esta nueva contradicción nacional?


No veo cambios en las posiciones adoptadas desde hace mucho tiempo por algunas organizaciones sociales que mantienen una postura ideológica en contra del TLC. Ahora aprovechan la situación política para volver a recordar su absoluto desacuerdo con este proceso, pero lo hacen como siempre sin exponer argumentos objetivos que permitan comprender las razones de esta postura extrema. Sin embargo, nada dijeron cuando se negoció y firmó un acuerdo de iguales características con MERCOSUR, cuyos cronogramas de desgravación están en plena ejecución y concluyen en 15 años; o cuando se llegó a un entendimiento similar con Chile y peor cuando se acordó con Colombia, Perú y Venezuela


En todos los casos, me refiero al MERCOSUR, Chile y el Grupo Andino los riesgos de una competencia ya se jugaron, están tomados y representan un elevado porcentaje del comercio exterior. Incluso los impactos, positivos y contrarios, podrían ser superiores a los que ahora estamos discutiendo con nuestro socio comercial más importante.


Conocemos o entendemos con meridiana claridad que la exclusión única del Ecuador del TLC, mientras Colombia y Perú lo aceptan sería un suicidio económico con graves repercusiones sociales. Muchos sectores perderían su posibilidad de subsistir y despedirían trabajadores pues no se obtendría ninguna ventaja, pero se sumarían todos los daños o costos ya que los vecinos estarían en condiciones de competir superiores a las nuestras, y además por sus fronteras nos ingresarían los productos americanos liberados de todo tributo.


En el TLC tenemos la posibilidad de raspar algo de ese enorme mercado comercial. En la mayoría de los productos agrícolas tenemos posibilidad de vender si mejoramos nuestra técnica y subimos la productividad. Méjico aumentó sus exportaciones agrícolas en el 150%, en 10 años, y ahora entrega el 50% de los pepinos que se consumen en EEUU, o 9 de cada 10 limones o mangos son mejicanos, o 1 de cada 2 berenjenas. En fin, la lista de oportunidades es impresionante, y no la deberíamos perder.


Aquellos que defienden el estatus actual no quieren perder sus privilegios y someterse a un sistema que exige mucho trabajo, pero ofrece réditos. Es un reto que por supuesto requiere una valoración final, pero lo que ahora vemos es la actitud que tenemos frente a un cambio.


Por información de prensa se conoce que se ha vuelto a postergar la novena ronda de adjudicación de pozos petroleros. ¿Quién audita estos procedimientos? ¿Qué seguridad jurídica y transparencia observan los mismos?


Esta ronda sacó a licitación los campos 4-5-39 y 40 del Golfo de Guayaquil. Se presentó sólo una oferta para los campos 4 y 5 y se declaró desierta la de los otros dos. Según la Ley de hidrocarburos sólo se licita campos de petróleo, y si hay gas hay que volver a negociar, pues según las normas puede ser o declarado de propiedad del Estado o sin conviene entregárselo a la ofertante.


Por esta razón, la compañía aceptó las observaciones del Procurador y del Comando Conjunto y se cambió el objeto del contrato para exploración y explotación de hidrocarburos.


Con posterioridad a la negociación, el Presidente Palacio fijó la política del 50-50, sin precisar la forma de establecerlo y eso llevó a plantear unilateralmente la rectificación de los términos del proyecto de convenio, hecho que impidió la firma del Contrato el 9 de Octubre.


Este cambio de las reglas de juego, que es una muestra de la inseguridad jurídica es el problema de fondo de esta ronda, que no tuvo más participes por la inestabilidad política y la complejidad tectónica de los campos.


Estos procesos de negociación no tienen auditorias específicas y luego se los revisa para ver si cumplen con la ley, nada más.


¿Existe de parte del gobierno o de los legisladores alguna iniciativa para modificar el injusto régimen obligatorio del Seguro Social luego del bloqueo que se produjo hace algunos años en Tribunal Constitucional? ¿Existe conciencia nacional de que el régimen actual es el absurdo financiero más grande del país?


No. En Febrero de este año, el Tribunal Constitucional constituido luego del defenestramiento de la Corte Suprema, publicó en el Registro Oficial la resolución tomada algún tiempo atrás y que había quedado en el limbo, relativa a la supresión de los artículos que sustentaban el sistema mixto de pensiones, publicación que según se supo era parte de un acuerdo con el Gobierno que debía presentar simultáneamente un proyecto de ley de emergencia al Congreso Nacional para restituir los principios vulnerados.


Lamentablemente eso no ocurrió y el sistema quedó resquebrajado, a lo que se sumó la devolución de los Fondos de Reserva, en cuyas discusiones también se comprometieron ciertos dirigentes políticos a tramitar las reformas que se requieran para recuperar un sistema que ofrezca alguna seguridad en el cumplimiento de su objetivo. Pero esto tampoco ha ocurrido. Sólo sabemos del oneroso contrato colectivo que ahora se ha firmado y que es otra muestra de la descomposición de la institución.


La realidad del IESS, se resume en este párrafo que copio de la Carta del Mes de Lexis de julio pasado: “Si alguien nos propone un negocio de tipo colectivo, en el que debemos aportar una cierta cantidad mensual por un período de 30 años, y que cumplida la fecha podremos disfrutar de vacaciones vitalicias (cuyo costo es varias veces superior a la suma que hemos aportado), tenemos todo el derecho a que se nos explique cual es la fórmula mágica que lo hace posible, o sospechar que se trata de una estafa al estilo de “la pirámide”, en pleno auge en este momento.”


¿De qué manera la realidad y el pánico de la gripe aviaria puede afectar ese importante sector de la producción y comercio en el Ecuador?


De las alarmantes informaciones iniciales a los datos que hoy se conocen, el problema no tiene las connotaciones que crearon, en el mundo y el Ecuador, la percepción de una amenaza fulminante para todos los seres humanos. Por esa sobredimensión fenomenal se produjo un cambio en la conducta de los consumidores que no demandan productos avícolas por el temor al contagio, el mismo que según las autoridades no tiene posibilidad de ocurrir si se los ingiere cocidos. Ahora todos reconocen la escasa posibilidad de contagio humano y buscan aplacar los temores creados, que son parecidos a los que se produjeron en su momento con el mal de las vacas locas.


Este cambio puede desestabilizar a algunas empresas dedicadas a estas actividades con sus secuelas en producción y empleo. El país ha desarrollado este sector, los empresarios se han especializado y tienen elevados niveles de productividad, son en muchos casos empresas ejemplo que se las ha considerado como críticas dentro de la negociación del TLC, y por todo eso el daño hay que evitarlo.


El sector avícola emplea a 500.000 trabajadores, representa el 23% del PIB agrícola, tiene ventas por 800 millones de dólares al año y posee 144 millones de aves. Está directamente vinculado con la producción de maíz y soya y su afectación produciría efectos en la cadena de producción.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Octubre 28 del 2005

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